Tras votar modificaciones al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, el senador por Veracruz, Manuel Huerta, planteó en el seno de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos: “¿Qué prefieren, un culpable en la calle o un inocente en la cárcel?”.

En su argumentación, señaló que la oposición tiene que ver, en una parte, en lo que representa la población de 234,514 personas privadas de la libertad: “75,414 son del fuero común y 11,115 del fuero federal. Es decir, 86,529 personas no sentenciadas se encuentran bajo proceso penal y en prisión preventiva; esto es lo que ustedes habían aprobado”.

Hoy, en cambio, se busca corregir esta situación a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y reformas constitucionales. Por ello, el senador Huerta anunció que, en el marco del debate legislativo, presentará un posicionamiento y reservas al dictamen sobre prisión preventiva oficiosa cuando este se someta al Pleno del Senado.

Durante la discusión en Comisiones, destacó que la prisión preventiva oficiosa debe aplicarse en forma amplia para combatir delitos relacionados con precursores y sustancias químicas esenciales para la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados; delitos contra la salud; contrabando; y actividades vinculadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos y extorsión.

Asimismo, subrayó la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aboga por un modelo de seguridad ciudadana centrado en la protección de los derechos humanos, buscando superar paradigmas punitivistas.

En contraste, indicó que la seguridad ciudadana se ve “amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados”.

Este es el escenario en el que, como parte de las reformas para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, se plantea esta reforma como una herramienta más: “Tenemos que avanzar no solo en la impartición y procuración de justicia desde el Poder Legislativo”, finalizó Manuel Huerta.