• Se debe analizar la normativa en materia de financiamiento público para proyectos productivos: Nancy Sánchez Arredondo

La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, consideró como una prioridad revisar el marco legal en materia de bienestar social en el sector pesquero, ribereño y artesanal, a fin de incidir con reformas para disminuir las carencias y niveles de marginación en este sector.

Durante el seminario “El marco jurídico de la pesca en México a debate: áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, la legisladora agregó que también se deben revisar, entre otros aspectos relevantes, los marcos normativos en materia de financiamiento público para proyectos productivos.

Las políticas públicas, aseguró, deben en todo momento ser acciones de gobierno que se retroalimenten de la sociedad a quien van dirigidas; por ello, abundó que “cuando una política de gobierno no escucha a los actores y a los sectores que participan, se quebranta el principio ético donde el gobierno deben ejercer su actuar obedeciendo a quien gobierna”.

La senadora de Morena consideró urgente hacer una revisión “muy responsable”, con el sector pesquero, ribereño y artesanal, del marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social para valorar las posibles adecuaciones y reformas que favorezcan las condiciones de protección y seguridad social de este sector.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, refirió la legisladora, la pesca ribereña genera más de 300 mil empleos directos y alrededor de dos millones de indirectos, y aporta 23 por ciento de la producción pesquera nacional, “de ahí la importancia que este sector sea atendido con políticas transversales por las autoridades federales”.

Rafael Ruiz Moreno, tesorero de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, advirtió que la pesca en el país ha tenido un grave desorden, una falta de ordenamientos, pese a que cuenta con una Ley, pero con un reglamento que no ha sido terminado.

“La ley ha estado manca en el sentido que no tiene el brazo que hace que la Ley se cumpla, que es el estado de Derecho”, expresó.

En su participación, Mario Alberto Dávalos, director de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, quien criticó que en el sector hay un retraso de 15 años, pugnó por mayores presupuestos para el desarrollo de las cadenas productivas de la industria, así como la participación de instancias gubernamentales para encontrar soluciones a los problemas que ha generado la actividad ilegal en el sector.

En tanto, Nadia Olivares, directora de Pesquerías Resilientes consideró necesario interactuar entre las instancias del gobierno federal, con cada una de las pesquerías o de los sistemas ecosistemas pesqueros, con la finalidad de ayudar a discutir y analizar de manera activa los temas referentes a la industria del mar.

En ese mismo sentido, Juan Manuel Calderón, director de Políticas Públicas de Environmental Defense Fund de México, hizo un llamado para establecer un sistema de manejo de pesquerías para establecer estrategias para cada región, en el que participe el gobierno y los actores del sector pesquero.

Francisco Javier Fernández Rivera Melo, especialista en proyectos de conservación y pesca sustentable consideró importante que, dentro de la Ley General de Pesca y acuacultura sustentable, deben participar todos los actores y sectores que conforman esta industria, así como desarrollar programas de fortalecimiento al sector.