• Reconoce Ricardo Monreal que hay mucho qué hacer ante los retos del sistema penitenciario con la maternidad y maternidad en prisión. 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que la Ley de Amnistía que se analiza en la Cámara de Diputados busca beneficiar a la comunidad de mujeres que por falta de recursos económicos, por una condición de mala asesoría o representación jurídica, o por extrema pobreza, están purgando condenas. 

En la presentación del Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión, realizado por la organización Reinserta, el legislador resaltó que la mayor parte de mujeres procesadas, son por delitos contra la salud en sus distintas modalidades: siembra, cultivo, transporte de enervantes o de droga. “Cerca de tres mil mujeres tienen esa condición de estar procesadas o condenadas por estos delitos que lamentablemente se han presentado”, dijo. 

Señaló que cerca de 800 niños están en prisión porque sus madres son procesadas o condenadas, además de los que entran y salen de los centros penitenciarios. Monreal Ávila reconoció que se tiene mucho por hacer ante los retos del sistema penitenciario en materia de maternidad y paternidad en prisión. 

Dijo que no se puede dejar solos a los padres ni a las madres en este proceso de resocialización, pues requieren de nuestro respaldo y nuestro apoyo. “Es muy novedoso, de verdad se los digo, lo que están haciendo.”

Saskia  Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de la organización Reinserta, dijo que es necesario impulsar la creación de una Ley General de Maternidad Compartida, y una Ley que prevea mecanismos y políticas públicas para el ejercicio de la paternidad en prisión.

Resaltó que los estados encuestados fueron Baja California Sur, Sinaloa, Estado y Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Quinta Roo y Tabasco. En ellos, se encontraron mil 28 madres y mil 795 padres en prisión. 

En el Diagnóstico se observa que 78 por ciento de las mujeres que trabajan en el centro de reinserción, utilizan el dinero que ganan para cubrir sus necesidades, mientras que 52 por ciento para la manutención de sus menores. En tanto, 87 por ciento de los hombres desarrolla una actividad laboral y oficio; cuatro de cada 10 manifestaron que son el principal sustento económico de sus familias al exterior.

El promedio de sentencia de las mujeres encuestadas fue de 21.07 años y de 17.2 años para hombres. 29 por ciento de las mujeres tuvo un embarazo en el centro de reinserción; 83 por ciento tienen entre uno y tres hijos menores de edad y 53 por ciento recibió atención prenatal dentro del centro. 

En el caso de los hombres, 98 por ciento no tiene hijos viviendo en un centro con su madre, 24 por ciento perdió la patria potestad por estar en la cárcel, y 52 por ciento son visitados por sus hijas e hijos. 

Entre las recomendaciones que presentó Saskia Niño de Rivera, también se encuentra: garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de las y los niños que viven con sus madres en prisión; generar protocolos de seguridad para los menores en centros penitenciarios, entre otros.

Sin embargo, resaltó que para garantizar su efectividad, las políticas públicas en reinserción social deben ser concretas, medibles y, a partir del principio de corresponsabilidad institucional, garantizar su prevalencia. 

Durante su participación en la mesa “Retos legislativos en el marco de los derechos de la niñez”,

Josefina Vázquez Mota recordó que presentó una propuesta junto con Verónica Martínez para reformar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de otorgar medidas de protección especial para este grupo de alta vulnerabilidad y garantizar los derechos de los menores, en materia de acompañamiento psicológico, así como en atención pediátrica, alimentación y espacios adecuados para su recreación y actividades. 

Las senadoras Patricia Mercado, Kenia López, Nuvia Mayorga, resaltaron que la propuesta presentada por las senadoras Josefina Vázquez y Verónica Martínez, da respuesta a una parte de lo que presenta el diagnóstico. 

Dicha reforma plantea que mujeres permanezcan en reclusión en sus domicilios y, de entrar en prisión, que sus bebés entren con ellas, a fin de proteger el vínculo y garantizar, al mismo tiempo, las mejores condiciones en el centro.

La senadora Nestora Salgado García, precisó que presentó una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las autoridades penitenciarias garanticen que los menores que vivan con sus madres, realicen sus actividades educativas, culturales, deportivas y familiares al exterior de los centros, y plantea sustituir la pena privativa de la libertad, cuando la mujer esté embarazada o tenga hijos menores de 12 años.

En tanto, el senador Miguel Ángel Mancera, recordó que presentó una iniciativa de reforma en materia de prisión domiciliaria para las jefas de familia, y ahora, confirmó que hay un nicho de posibilidad importante ante este Diagnóstico. Al menos dos mil mujeres estarían sujetas a esta nueva modalidad. 

Por su parte, Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, recalcó que durante muchas décadas se ha sido omisos con la comunidad menos visibilizada y más estigmatizada. 

Señaló que quienes obtienen su libertad y tratan de reinsertarse a la sociedad son discriminados por el hecho de haber estado en un centro de reclusión. Los menores que han permanecido con sus madres en estos centros, también la padecen.   

Reconoció que la propuesta de Ley de Amnistía tiene una visión doble, beneficiar a quien no tiene la posibilidad económica de pagar una fianza y obtener su libertad, y para quienes son de origen indígena que no hablan español y que fueron procesados sin contar un intérprete durante su proceso, entre otros que hayan cometido delitos sin violencia y que sean primo delincuentes, lo que va de la mano de los menores que están en estos lugares y que son los más inocentes.