• Presentación del dictamen de las comisiones unidas de Bienestar; de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las artículos 4o y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.

Ante un momento de profundo significado histórico y social para nuestro país.

Como presidenta de la Comisión de Bienestar, me honra presentar ante ustedes este dictamen el cual representa un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales, históricamente marginados, y que hoy, más que nunca, reciben la protección del Estado mexicano.

Reformar los artículos cuarto y vigésimo séptimo de la Constitución no es sólo un acto legislativo, es en esencia un acto de justicia social, de fraternidad, pero sobre todo, de amor incondicional al pueblo de México.

Desde la administración anterior, la solidaridad con las personas que enfrentan que condiciones de discapacidad se convirtió en el principio rector de la política de bienestar, reconociéndoles su derecho a vivir con dignidad.

Lo mismo con las personas adultas mayores, nuestras abuelitas y abuelitos que han dado lo mejor de sí en beneficio de la sociedad y que hoy merecen vivir en condiciones de tranquilidad y bienestar, siempre con la certeza de una pensión que no dependa de voluntades políticas, partidos o ideologías, sino de su derecho inalienable como mexicanas y mexicanos.

Asimismo, desde 2018 el Estado mexicano se ha empeñado en rescatar del olvido a las y los campesinos, agricultores, pescadores, cuya labor es esencial para el desarrollo y la seguridad alimentaria del país.

Es a ellas y a ellos a quienes más beneficiarán las presentes reformas. ¿Qué es lo que propone el dictamen y por qué es tan importante? En primer lugar, busca establecer que toda persona tenga derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, que fue motivo de la discusión de la sesión anterior de puntos constitucionales, estudios legislativos y la comisión de vivienda.

Un término reconocido a escala internacional que implica garantizar elementos como la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica de las familias sobre su patrimonio, la disponibilidad de sus servicios básicos, la asequibilidad en el costo de la vivienda, la habitabilidad a través de espacios suficientes, la accesibilidad para personas con discapacidad, la ubicación que permita el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, de escuelas, guarderías y otros servicios, así como la adecuación cultural, es decir, que su ubicación respete y tome en cuenta la expresión de identidad cultural de todos los pueblos, comunidades que habitan en nuestro país.

En segundo lugar el dictamen busca determinar que la federación y las entidades federativas, y hago énfasis, garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores a los 65 años. En este sentido desde 2019 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador creó el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. A partir de entonces y hasta junio de 2024, se han beneficiado a un millón seiscientas noventa y cuatro mil trescientas setenta y cinco personas con discapacidad permanente, recibiendo actualmente un apoyo de mil quinientos cincuenta pesos mensuales.

Cabe señalar que esto ha sido posible gracias a la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que han suscrito el convenio para la universalización de la pensión que permite financiar conjuntamente estos apoyos para la población con discapacidad desde los 30 hasta los 64 años.

Lamentablemente, y tengo que decirlo, todavía existen algunos casos de algunos estados que se han negado a sumarse a este noble esfuerzo y que han dejado a miles de familias, a miles de personas que viven con alguna discapacidad en total abandono y no sólo a ellas sino también a las personas cuidadoras que se hacen cargo de las mismas. A todas y todos ellos les decimos que con esta reforma no habrá más regateos ni caprichos que impidan llevar este apoyo a todas y todos aquellos quienes viven con alguna discapacidad.

Además, el dictamen determina que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años, permitiendo así el acceso a estos servicios cuyos costos en muchas ocasiones llegan a ser inalcanzables para las posibilidades económicas de estas personas y o de quienes cuidan de ellas.

A un lado anterior el dictamen mandata la reducción de edad de los 68 a los 65 años para tener acceso a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y precisa que a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años les corresponde una pensión no contributiva por discapacidad y que a todas las personas mayores de esa edad les corresponderá la pensión no contributiva de adultos mayores.

De esta manera será posible proteger completamente a las personas más vulnerables desde su niñez hasta la edad adulta mayor, quienes por su situación enfrentan mayores dificultades económicas y de salud en todas las etapas de su vida.

El dictamen también ordena al Estado destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad para garantizar todos estos derechos.

Para lograr lo anterior se prevé que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Por último el dictamen reforma el artículo 27º constitucional para que el Estado garantice la entrega de un jornal seguro, justo, permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables y especies que requieren ser procesadas, un apoyo anual directo con fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo, harinero o panificable.

Todo esto con la finalidad de fortalecer las economías rurales, mejorar las condiciones de vida de las y los jornaleros y sus familias y robustecer la seguridad alimentaria del país.

Compañeras y compañeros, el dictamen que estaremos analizando constituye un avance importante para construir un México fraterno, justo y digno para todas y todos, para que nadie deba preocuparse por tener un techo adecuado, para que ninguna persona con discapacidad se enfrente sola a los retos de la vida cotidiana, para que las personas adultas mayores dejen de vivir en la incertidumbre y para que las y los campesinos, agricultores y pescadores quienes nutren nuestras tierras y aguas reciban el reconocimiento que les corresponde, justo por su labor.

Con este dictamen le damos un mensaje claro a cada mexicana y mexicano que nos escucha, que la dignidad no es negociable, que cada familia merece un hogar adecuado a sus necesidades, donde sus sueños puedan crecer y prosperar, que las personas con discapacidad merecen el apoyo y la protección de su país para que puedan vivir plenamente sin enfrentar barreras que no deberían existir, que las personas mayores quienes tanto han dado a este país puedan descansar y disfrutar con tranquilidad de los frutos de su trabajo y que el esfuerzo de cada trabajadora y trabajador de en el campo, del mar, no quedará en el olvido, que tendrán un jornal justo, estable para que de esa manera puedan vivir con dignidad, la dignidad que su trabajo merece.

Al cerrar esta reunión, que no sólo quede en nosotras y nosotros la satisfacción de haber aprobado esta reforma constitucional, sino también el compromiso renovado de construir un México que realmente cuide a su gente.