En mi calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, junto con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad que preside la Senadora Patricia Mercado, presentamos en el pleno del Senado mexicano, 4 iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La legislación que proponemos expedir tiene como objeto reglamentar el último párrafo del artículo 4º constitucional, donde se reconoce el derecho fundamental de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En México, las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que para las personas. Por un lado, el parque vehicular es cada vez mayor; y por el otro, una gran parte de la población vive en zonas remotas provocando que su gasto en transporte aumente; este gasto representa a nivel nacional alrededor del 19% del gasto total de los hogares.

De acuerdo con estadística oficial, en México existen alrededor de un millón y medio de personas con alguna discapacidad a consecuencia de un siniestro vehicular. Las lesiones por siniestros viales son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años, y los traumatismos derivados por siniestros de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre personas jóvenes de 17 a 24 años. Aproximadamente el 50% de los siniestros viales ocurre por consumo de alcohol, 30% por exceso de velocidad y 20% por el uso de distractores, como teléfonos celulares.

Partiendo de lo anterior, el proyecto elaborado por las comisiones dictaminadoras retoma y unifica los principales elementos de las iniciativas, con el propósito de establecer una legislación general que siente las bases y principios para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano. Todo ello, para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías con prioridad de movilidad, que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente.

Para ello, algunos de los puntos esenciales de la nueva ley son los siguientes:
• Establecer que las personas sean el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia;
• Establecer el enfoque de Sistemas seguros, para garantizar que las medidas que deriven de la Ley tengan como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención;
• Fijar los criterios bajo los cuales deberá llevarse a cabo la planeación urbana en conjunto con la planeación de la movilidad y la seguridad vial;
• Imponer la obligación de realizar auditorías que sirvan como una herramienta utilizada en Salud Pública para identificar los elementos relacionados con puntos inseguros en la infraestructura vial, asociados con la ocurrencia o severidad de las lesiones resultantes de accidentes de tránsito;
• Asimismo, se establece la obligación de las autoridades responsables de la atención médica prehospitalaria del registro de información y atención efectiva y oportuna de las personas lesionadas en siniestros viales.

De este modo, el Estado no solo estará dando cumplimiento a su obligación general de garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la disposición constitucional que se pretende reglamentar, sino que estará abonando al cumplimiento de sus compromisos internacionales derivados de diversos instrumentos de los que es parte, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se refrendó el compromiso para lograr una reducción del 50% en las muertes y lesiones por siniestros viales, así como a las directrices derivadas de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Mejora de la seguridad vial mundial” que proclama el objetivo de estabilizar y posteriormente reducir las cifras de víctimas mortales en siniestros de tránsito en todo el mundo, para el decenio 2021-2030.

No cabe duda de que la aprobación de esta importante propuesta es una oportunidad histórica para que nuestro país avance en la implementación de acciones tendientes a garantizar un entorno social, dónde la movilidad y el libre desplazamiento se puedan ejercer en condiciones de seguridad y responsabilidad, propiciando una sociedad con mayor bienestar y potencial de desarrollo, con especial atención en la inclusión de los grupos más vulnerables.

Finalmente, no omito expresar mi reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil comprometidas por la movilidad y la seguridad vial, sin cuya labor de sensibilización y respaldo técnico, no habría sido posible lograr un proyecto tan sólido y consensuado como el que hoy se presenta.