Como todas y todos sabemos, la pandemia del Covid-19 dio un golpe multidimensional al orden mundial, para el que ningún gobierno estaba preparado. En este embate, la desigualdad estructural que vive la mayor parte de nuestra región ha sido el elemento más trágicamente destacado, pues pese a que la amenaza viral no hace distinciones entre personas, es innegable que el acceso a los bienes y servicios básicos, que son necesarios para su prevención, así como para hacer frente a sus efectos, aún están lejos de poder considerarse universales.
Sin embargo, es importante destacar que, ante esta crisis mundial, nuestro país adoptó y encaminó políticas públicas optimistas en este último año ante la emergencia sanitaría. Ejemplo de ello, mencioné durante la reunión de “Diálogos Parlamentarios Virtuales: Seguridad alimentaria y nutrición en tiempos de Covid-19” como coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Capítulo México, que en primer lugar, como resultado de una dinámica de colaboración multidisciplinaria e interinstitucional llevado a cabo por meses, el 10 de junio del 2020 se presentó ante el PARLATINO un proyecto de legislación modelo para la región, sobre sistemas comunitarios para la gestión del agua y el saneamiento, que fue finalmente aprobado el pasado 12 de febrero del año en curso, haciendo que la región ya cuente con un nuevo referente para la adopción de medidas idóneas y eficaces en la materia.
Asimismo, en el ámbito nacional, el 14 de febrero del año pasado fue presentado un proyecto de Ley General del Derecho al Agua, al que desde entonces la FAO ha dado acompañamiento, brindando apoyo técnico en los trabajos preparatorios para su dictaminación, en alianza con organismos especializados como FAO México y la relatoría especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento.
Por otro lado, un tema que la pandemia debe hacernos replantear, es la necesidad de un cambio de modelos productivos, pues las crisis alimentarias de hoy se deben preponderantemente a políticas que conciben a la agricultura como un sector más de la economía capitalista, lo que desmantela las estructuras de producción interna de alimentos, generando dependencia alimentaria en los países en vías de desarrollo. Partiendo de dicha preocupación, el 13 de abril del 2020, se logró la expedición de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, como un esfuerzo para reivindicar el papel de la agricultura local y de las formas tradicionales de producción en relación con la semilla más importante para la alimentación a nivel mundial.
Finalmente, en esta misma línea, el 8 de diciembre del año pasado, el Frente Parlamentario concretó una iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada que, actualmente se encuentra en etapa de dictaminación, llevando un proceso de parlamento abierto junto con FAO México, UNICEF y diversas organizaciones civiles, con miras a lograr su aprobación en el próximo periodo legislativo.
Como podemos ver, pese a las adversidades, afortunadamente el capítulo mexicano del Frente Parlamentario Contra el Hambre ha logrado importantes avances y contribuciones, sin embargo, la experiencia nos enseña que siempre habrá resistencias que se opongan a un verdadero cambio en beneficio de la colectividad, resistencias que son capaces de frenar y desvirtuar procesos legislativos, así como de impedir la aplicación de las leyes aprobadas.
Por ello, la unidad, la coordinación y el apoyo recíproco en la causa, son condiciones indispensables para lograr nuestros objetivos de soberanía alimentaria y hambre cero, especialmente en la situación actual de nuestra región, en el que el camino hacia la normalidad post-pandemia, está aún repleto de retos y dificultades que pueden desviar la atención de los gobiernos de prioridades tan elementales.
