• “Únicamente se le atribuyen facultades que complementan las capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia”, asegura Alfonso Durazo.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron una reunión a distancia con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, para dialogar sobre su trabajo al frente de la secretaría.

Durante la reunión, el secretario esclareció el contenido del acuerdo de las Fuerzas Armadas, publicado el pasado 11 de mayo, y la participación del Gabinete de Seguridad, en la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.

El senador Ricardo Monreal Ávila reconoció la labor del secretario en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y su trabajo al frente de la SSPC. Además, afirmó que el Senado estará pendiente de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Recordó que el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, faculta al Ejecutivo a utilizar las Fuerzas Armadas, sin embargo, por vez primera en la historia reciente del país existen condicionantes para el uso de esa facultad.

El legislador reiteró que la participación del ejército en materias de seguridad pública debe ser extraordinaria, fiscalizada, subordinada, regulada y complementaria, como la ley lo establece.

Dijo que, durante la campaña de la actual Administración Federal, se expuso que la estrategia de seguridad versaba sobre el uso de la inteligencia, fundamentalmente, y no sólo en el uso de la fuerza, por lo que cuestionó al secretario si se han alejado de esta estrategia del uso de inteligencia para combatir al crimen organizado.

Informó que las encuesta indican que el 62 por ciento de la población confía en la institución de la Guardia Nacional y aseguró tener una opinión personal favorable sobre la misma. “Creo que falta todavía darles mayores recursos para que puedan ser más eficaces en la función de la cual forman parte”, apuntó.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, aseguró que la seguridad ciudadana sigue siendo prioridad. Entendemos que el tamaño del reto es enorme, estamos en este mismo tema desde hace más de 15 años y la seguridad pública no parece mejorar sustantivamente, expresó.

Dijo que en el Senado de la República “tenemos muchas dudas” sobre los últimos acontecimientos, “a pesar de que hemos recibido en tiempo y forma todos sus informes oficiales”.

Recordó que en la actual administración y en el Congreso se diseñó una estrategia renovada para atender uno de los mayores problemas, tal vez el más grave que aqueja a millones de mexicanos en los últimos años, “por lo que este tipo de diálogos resulta de mayor interés para todos nosotros”.

La seguridad ciudadana sigue siendo nuestra prioridad y me gustaría conocer, con todo detalle, la actuación de la Guardia Nacional y de todo el equipo de seguridad al que estamos sujetos todos los mexicanos, enfatizó.

En su participación, Alfonso Durazo Montaño, señaló que el acuerdo presidencial complementa el artículo 5° de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, la cual fue aprobada en unanimidad por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas locales.

Debido a esto, apunto, el acuerdo no es nuevo ni exclusivo del Ejecutivo, sino un instrumento jurídico adicional que aterriza una disposición constitucional para darle mayor funcionalidad al marco jurídico que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Aseguró que el decreto no implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues en el diagnóstico de la estrategia se contempla la necesidad de la reformulación del papel del ejército en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en la reforma para crear la Guardia Nacional.

Subrayó que el acuerdo no brinda facultades a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, sino que limita sus atribuciones en materia de seguridad pública establecidas en la reforma antes mencionada, específicamente en tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Detalló que el acuerdo respeta el acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no incluir facultades de investigación de delitos. Además, puntualizó, deja al margen facultades delicadas que son exclusivas de la Guardia Nacional, como operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas, recepción de denuncia, atención a víctimas, etc.

“Únicamente se le atribuyen facultades que complementan las capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia”, aseveró.

Reveló que, en julio del 2019, la Guardia Nacional contaba con el apoyo de 15 mil 375 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 615 de la Secretaría de Marina (Semar); para mayo de este año sólo cuentan con mil 920 de la Sedena y 225 de la Semar.

El funcionario destacó que esto se logró gracias a que la Guardia Nacional ha avanzado puntualmente en su programa de reclutamiento. “Frente a cada reclutamiento viene un relevo proporcional de elementos del ejército y de la marina que realizaban tareas de seguridad pública”, explicó.

Debido a esto, consideró una contradicción hablar de militarización cuando el número de elementos de las Fuerzas Armadas va a la baja y las atribuciones que tienen éstas como coadyuvante también están acotadas.

Por otro lado, Durazo Montaño explicó que en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Marina, aplican el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan Civil.

Indicó que el número de elementos que apoyan las tareas de la emergencia sanitaria, por parte de la Sedena, son 27 mil 364; 12 mil 508 de la Secretaría de Marina; 10 mil 470 de la Guardia Nacional, y 637 pertenecientes al Servicio de Protección Federal.

Sus tareas, precisó, están enfocadas principalmente al resguardo de almacenes, hospitales, transporte de insumos prioritarios para la atención de los enfermos y la distribución de alimentos en las zonas más afectadas del país.

También estuvieron en el encuentro, los coordinadores parlamentarios Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT; Manuel Velasco, del PVEM, Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Sasil De León Villard, de Encuentro Social, así como legisladores de diversas bancadas.