“Los integrantes del Comité del Poder Judicial están en franca rebeldía y en desacato al no cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que les ordenó reanudar sus actividades en el proceso de elección de personas juzgadoras. Por ello, deben ser sancionados por no observar la Constitución”, consideró el senador Manuel Huerta.
Para el integrante de la Comisión de Justicia del Senado, dicho Comité, además de su posición contumaz, está perjudicando los derechos de las personas —mujeres y hombres— que, atendiendo a la convocatoria pública, confiaron en el Comité del Poder Judicial. “Esta instancia está demostrando que los defraudará al no proponer nombres de candidatos a la elección de personas juzgadoras para el próximo 1 de junio”.
“Ya nada sorprende de la acción de los integrantes de ese poder, quienes reiteradamente asumen posiciones y acciones políticas —con aparente sustento jurídico— y se escudan en cualquier subterfugio para incumplir mandatos legales”, comentó Huerta.
En ese contexto, agregó: “Ayer oíamos declaraciones del ministro Laynez Potisek, quien, sin el menor rubor, recomendó a sus colegas en la etapa previa de registro que se inscribieran en los tres comités; es decir, él ya avizoraba que el Comité de Evaluación del poder al que pertenece no sería confiable. Y ojalá le hayan hecho caso, pues todo parece indicar que ese Comité no presentará candidatos con el perfil idóneo —como lo exige la convocatoria—, cuyo listado debería darse a conocer el 4 de febrero. Por lo que respecta a los Comités de Evaluación del Legislativo y el Ejecutivo, se publicará el listado correspondiente”, declaró Huerta.
El Comité de Evaluación simplemente “debió acatar la sentencia del Tribunal Electoral Federal, pero, como sus integrantes se jactan de ser abogados chicaneros, alegaron que ‘hay que preguntarle a la Corte para saber si cumplen o no con su obligación’. Cuando lo que deben hacer, y lo saben muy bien, es atender el mandato constitucional que dispone que se llevarán a cabo elecciones populares para elegir a la mitad de las personas juzgadoras en 2025”.
“No somos ingenuos —continuó—, pues se comprende el ánimo tramposo de acudir a la Corte, con Norma Piña, quien está más que dispuesta a cualquier ‘consulta’ para una nueva intentona de obstaculizar el proceso electoral judicial en curso. La postura de la presidenta de la Corte es congruente con la maniobra que intentó aplicar en la votación del Pleno de la Corte, cuando se analizó la posibilidad de echar abajo la reforma al Poder Judicial, lo cual se frustró por el voto en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, en beneficio de la República”, finalizó Manuel Huerta.
