Grupo Parlamentario MORENA, LXV Legislatura

Impulsa Alejandro Armenta contrarrestar el dispendio de gastos en gobiernos locales

  • Morena presenta reformas a la Ley de Disciplina Financiera para establecer topes en asesorías y gastos de contratación en las administraciones municipales.

El senador Alejandro Armenta adelantó que los entes públicos podrán destinar 0.15% el monto de los financiamientos para cubrir los gastos y los costos relacionados con dicha contratación.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que preside la senadora Ana Lilia Rivera presentaron una minuta para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios.

El senador de Morena Alejandro Armenta especificó que en dicha minuta se contempla que los entes públicos podrán destinar hasta un 0.15% el monto de los financiamientos para cubrir los gastos y los costos relacionados con la contratación de servicios y, de esa manera impedir que los recursos sean destinados excesivamente para pagar asesoría legal y financiera a costos altos.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República informó que se garantizará que se contrate deuda y obligaciones al menor costo financiero y otorgará una mayor certeza a las entidades federativas y a los municipios, “en mi calidad de ex presidente municipal les comparto que, sin duda, la gran mayoría de los ayuntamientos se encuentran ahogados por deudas pues no se está cumpliendo con los principios constitucionales del destino de la deuda; no se está destinando el 100% de los financiamientos a inversión productiva, se está destinando una parte importante a los gastos por asesoría sean financieras contables o legales” manifestó el senador Armenta.

Citó que de los 2 mil 471 municipios que hay en todo el país, sólo 826 tienen deuda inscrita en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, “esto apenas representa poco más del 33%; por lo cual no es una decisión arbitraria se trata de ponderar la inversión para proyectos productivos y para atender temas prioritarios como la salud y la seguridad, pues lo importante es que la deuda se justifique por proyecto públicos y productivos a favor de la población”.

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