o Sólo podrán ser realizadas en horarios razonables.
A nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, la senadora Imelda Castro presentó una iniciativa para establecer multa de 2 mil a 125 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice acoso telefónico con fines publicitarios, mercadológicos y de venta en detrimento del derecho humano a la privacidad.
Señaló que el hostigamiento telefónico sigue creciendo, y que la legislación vigente deja en los usuarios la responsabilidad de solicitar su interrupción.
Propuso modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros sancionar a quien envíe publicidad de sus productos o servicios a personas que no hayan otorgado su consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco para que se les envíe dicha publicidad.
La iniciativa presentada en la sesión de este día prohíbe el envío de publicidad mediante utilización de llamadas telefónicas, servicios de mensajería o multimedia realizadas por sí o a través de terceros.
La propuesta enviada a las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos, Segunda señala que el acoso y hostigamiento permanente que actualmente sufren diariamente miles de usuarios y consumidores va en detrimento de sus derechos humanos.
Establece, además, que la prohibición que solicite el usuario para recibir llamadas con fines mercadotécnicos o publicitarios podrán ser revocadas en cualquier momento conforme a la legislación en materia de protección de datos personales.
Incorpora también un concepto novedoso: plantea que las empresas que realicen estas llamadas y mensajes deberán ser plenamente identificables, y que sólo podrán hacerlos en horarios razonables, conforme las disposiciones aplicables.
Los datos de consumidores que otorguen consentimiento para recibir publicidad estarán en un registro operado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La senadora Imelda Castro precisó que proveedores y empresas serán responsables del manejo de la información de los consumidores cuando dicha publicidad sea comunicada por ellos o a través de terceros.
Con esta iniciativa, dijo, refrendamos nuestro compromiso de impulsar en la agenda legislativa la consolidación del marco jurídico de los derechos humanos en México. Pugnamos por ponerlos como centro fundamental de atención en los problemas y abusos cotidianos y reales que enfrenta la sociedad.
