El senador Elí César Cervantes Rojas, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, exhortó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a detener las obras de la avenida Himno Nacional, en el barrio de San Juan de Guadalupe –Municipio de San Luis Potosí–, hasta que se haga valer la Constitución Política del Estado, que prevé la realización de un plebiscito cuando se tenga previsto ejecutar algún acto de gobierno.

El artículo 39 de la Constitución Política del estado de San Luis Potosí establece que los ciudadanos del Estado podrán solicitar un plebiscito respecto de los actos que el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos vayan a ejecutar; estos plebiscitos proceden cuando se trata de actos de interés para la vida común, por lo que el gobernador tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir esta constitución, puntualizó.

En el mismo orden de idea, el artículo 80 de esta Constitución establece que es atribución del gobernador someter a la consulta de los ciudadanos del estado, a través del referéndum y plebiscito, los actos que determine y, la obra en cuestión, no tiene el respaldo de las y los ciudadanos afectados.

El también integrante del Grupo Parlamentario de Morena, recordó que recientemente se aprobó la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, la cual establece las atribuciones, y responsabilidades de tales Juntas, que son organismos de representación ciudadana que tienen la finalidad de fomentar y defender la participación ciudadana, promover la vinculación de las autoridades con la ciudadanía y presentar las propuestas relativas a aspectos que impacten la vida de los ciudadanos, tal y como se está afectando con la modificación de una avenida que quitará carriles, ciclovías y que afectará el medio ambiente por el retiro de árboles sanos.

El legislador potosino destacó que, esta ley, fijó como plazo para la conformación de estas Juntas el 28 de febrero de 2022; “ya tienen que estar conformadas para ayudar en los canales de diálogo”.

Cervantes Rojas reiteró la necesidad de que el gobierno local consulte de manera inmediata a los ciudadanos que se verán afectados por estas obras. “No es admisible que las acciones de gobierno se realicen de espaldas a las comunidades, menos aún cuando las normas establecen los mecanismos de consulta y acompañamiento por parte de la sociedad”.

En ese sentido, respaldó la exigencia de los habitantes del barrio de San Juan de Guadalupe para detener las obras en cuestión, hasta que se realice la consulta respectiva y se garantice la participación del pueblo en la toma de estas decisiones.

Por otro lado, el representante del pueblo resaltó que, recientemente, el Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual debe ser replicada por las 32 entidades federativas para dar certeza en la protección durante la movilidad y el respeto de la jerarquía que pone en los primeros niveles a los ciclistas, mientras que el gobierno de San Luis Potosí busca eliminar la ciclopista, que es un derecho a la movilidad de los potosinos.

“Sin embargo, San Luis Potosí se encuentra entre los 17 estados que no cuenta con una ley de movilidad, así como las entidades que deben revisar sus ordenamientos para dar un piso parejo para establecer los mecanismos para la seguridad vial”.

La preferencia que contempla la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se jerarquiza de la siguiente manera: peatones, ciclistas, personas usuarias de vehículos no motorizados, personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, personas que ofrecen bienes y mercancías y personas usuarias de vehículos motorizados particulares.

Por ello, concluyó, “es urgente que el gobernador atienda la constitución y los ordenamientos que protegen los derechos de los ciudadanos y buscan un mejor ambiente urbano en las ciudades”.