• Propone su titular nueva ética en el servicio público. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá un rol fundamental para erradicar la corrupción de la vida pública nacional, combatir la impunidad y recuperar los recursos que le corresponden a la sociedad. Así lo afirmó la titular de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en una reunión con senadores de la República.

 La funcionaria expuso su plan de trabajo ante las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que presiden los senadores Cristóbal Arias Solís y Clemente Castañeda Hoeflich, respectivamente.

 Al encuentro asistió el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, quien expresó que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del nuevo Gobierno de México.

 En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que “fueron muchos años de simulación” en el combate a este problema, con “reformas incompletas que excluían a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas”.

 Por eso, dijo, en el relanzamiento de la SFP “proponemos instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público”, con un nuevo equilibrio de poderes y organizacional en la Administración Pública Federal, a fin de auspiciar la honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia.

 Nuestra visión, acotó, es castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, generar ahorros que se traduzcan en bienestar de la población y lograr el restablecimiento de la confianza ciudadana en el gobierno.

 Sandoval Ballesteros detalló que en 2018 se recibieron y atendieron 73 mil 709 quejas y denuncias sobre responsabilidades de servidores públicos. De ellas, 52 mil se encuentran en investigación y 21 mil concluidas. De esta última cifra, 14 mil 500 están archivadas, seis mil se turnaron nada más al área de responsabilidades para el proceso administrativo sancionador.

 La Secretaría de la Función Pública agregó que fueron denunciados 99 mil servidores públicos de diversos niveles de responsabilidad.

 En este año, la dependencia conoció más de 11 mil 864 expedientes que involucran a 13 mil funcionarios, “es decir que muy probablemente los servidores públicos tienen responsabilidades dobles y en algunos casos triples”.

 Cinco mil 597 expedientes fueron resueltos (47.8 por ciento del total), y seis mil 200 están en un proceso de atención, continuó.

 Irma Eréndira Sandoval advirtió que de los cinco mil 597 expedientes citados, se determinó imponer una sanción -pecuniaria, administrativa o directa- sólo en 900 casos. Cuatro mil 696 fueron cerraron, archivaron o se determinaron sin sanción.

 El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que para el gobierno entrante el combate a la corrupción debe dejar de ser un discurso de campaña y convertirse en una verdadera política de Estado cuyo principal objetivo sea acabar con la impunidad.

 Subrayó que la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República no deben ser instancias al servicio del Presidente en turno.  “No pueden ser utilizadas para simular investigaciones o para que siga imperando un clima de inseguridad, simulación o impunidad”.

 Agregó que de acuerdo con el estudio Calidad de Impacto Gubernamental 2017, el costo de la corrupción superó los siete mil millones de pesos en trámites y contactos con las autoridades, es decir, dos mil 673 pesos por persona afectada, sin contar adquisiciones o contrataciones de obras públicas.

 Para Imelda Castro Castro, senadora de Morena, es necesario recuperar los órganos de control en todos los niveles, porque no han funcionado. Se han usado “para el chantaje y la criminalización de servidores públicos”.

 Consideró indispensable fortalecer la contraloría sobre los programas sociales -a fin de verificar la entrega adecuada de apoyos- así como impulsar las auditorías de desempeño para que la fiscalización sea certera y eficiente.

 Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz expresó que “lo que pudrió a este país es la corrupción”. Los gobiernos han tenido la intención de combatirla, pero el tema es cómo se logra.

 Dijo que es necesario definir si son auditables o no las participaciones a los estados, porque pareciera que, como ya son dineros que se le pasaron a los gobiernos estatales, ellos los pueden utilizar en lo que quieran y como quieran.

 A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel consideró fundamental que el tema de la honestidad, la ética pública y la moral no sean instrumento de persecución política, de revanchas o saturación en la opinión pública porque “nos vamos a atrapar en un discurso muy pantanoso”.

 Es importante, dijo, no “satanizar” a otras fuerzas políticas y no “distribuir lodo”, pues lo único que se estaría haciendo es oscurecer la perspectiva y el horizonte. En caso que detecten irregularidades se debe aplicar todo el rigor de la ley.

 De Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda preguntó si se harán acciones contra casos de corrupción del pasado que indignaron y lastimaron a la sociedad: la estafa maestra, el caso Odebrecht, la Casa Blanca o los contratos del aeropuerto de Texcoco, por mencionar algunos, dijo.

Irma Eréndira Sandoval señaló que el tema central en la nueva administración es que no habrá una política persecutoria, ni denostadora, pero en los casos emblemáticos de corrupción se va a emplear la política del derecho administrativo sancionador. Es decir, se van a aplicar las sanciones correspondientes, una vez que se hayan cumplimentado las investigaciones en curso.

 Detalló que actualmente tienen abiertos cuatro expedientes vinculados al asunto Odebrecht en diferentes juzgados, en materia administrativa de la Ciudad de México. Están en análisis y revisión desde la nueva Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría a su cargo.

 Reiteró que las diligencias están en curso y son de conformidad con la instrucción del Presidente de aplicar con toda claridad el derecho administrativo sancionador con la responsabilidad que merece el procedimiento.  

 La senadora del PT, Alejandra León Gastélum hizo un llamado a la funcionaria sobre los mecanismos que serán utilizados para que se elija a los mejores perfiles que cubrirán las áreas gubernamentales, pues lo que se busca es evitar repetir el “amiguismo o compadrazgo” para ocupar los puestos en la Administración Pública Federal.