• Destacan Programa para el Desarrollo de Centroamérica que impulsa el gobierno mexicano.
• Fundamental, impulsar el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la dignidad humana de cada persona de los migrantes: Ana Lilia Rivera. 

Integrantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe realizaron en el Senado mexicano la primer mesa de diálogo “Migración, Seguridad alimentaria y Desarrollo Rural”, donde destacaron la importancia de generar una estrategia que mejore las condiciones de vida en Centroamérica y atender las causas que ocasionan la migración en esta región. 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, dijo que es fundamental diseñar una estrategia que les permita a los países del Triángulo Norte y a México impulsar el desarrollo rural, la soberanía alimentaria de las naciones y la dignidad humana de cada persona que atraviese por ellos. 

De lo que se trata es que “salgamos con un proyecto que sea sano, con intenciones buenas para todos los gobiernos, porque en Centroamérica y México estamos preocupados por la migración”, manifestó. 

Destacó que cada año transitan medio millón de centroamericanos por México, buscando llegar a Estados Unidos, en claras condiciones de vulnerabilidad y sin garantía de sus derechos humanos, son víctimas de violencia trasnacional y exclusión. 

Aseguró que el Estado mexicano no tenía precedentes de un fenómeno así, tampoco de la coerción de Estados Unidos, con una actuación tan indolente y violatoria de los derechos humanos. 

Refirió que según estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2015, cerca de 300 mil centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a Estados Unidos. Del total, detuvieron casi a 200 mil personas y se deportaron casi a 140 mil. 

Sin embargo, indicó que según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), desde hace varios años se estima en cerca de medio millón de personas originarias del Triángulo Norte, sin documentos migratorios, las que pasan por México. 

Por otro lado, subrayó la crisis de niños y adolescentes migrantes no acompañados en la frontera México-Estados Unidos, donde tampoco se permitió a infantes y menores centroamericanos su derecho al asilo.

La legisladora de Morena aseguró que la desarticulación en los sistemas de producción de los países en desarrollo, como México y los países del Triángulo Norte, generó que grandes sectores de su población, ante la falta de empleo y de oportunidades de desarrollo socioeconómico en sus lugares de origen, migraran a países desarrollados y se insertaran en los procesos de internacionalización laboral.

Subrayó que los migrantes sin documentos fungen como mano de obra barata, jurídicamente vulnerable y altamente explotable. Al abaratar los costos de producción generan gran riqueza y aumentan los márgenes de ganancia de los empresarios y corporaciones trasnacionales. 

En tanto, la diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, dijo que sólo a través de las políticas multidimensionales de largo plazo para el desarrollo rural, será posible palear los efectos de la migración en la región. 

“Se deben incorporar en las agendas con perspectiva de género, protección a la niñez e interculturalidad, así como el combate al cambio climático” argumentó.

Señaló que México, como un país de tránsito, destino y retorno de personas migrantes, debe ponerlos en el centro del respeto a los derechos humanos. “Es una prioridad gubernamental y obliga a una estrecha coordinación entre dependencias del gobierno, los poderes, sociedad civil y las instituciones de la academia”, indicó. 

Atender las causas de la migración es una responsabilidad crucial. Las estrategias para que la gente deje de migrar como una necesidad debe contar con la participación local y encaminarse a garantizar sus derechos humanos, puntualizó.

En su oportunidad, Alejandra Icela Martínez, directora general del Proyecto de Integración y Desarrollo para Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, destacó que las iniciativas que el gobierno de México impulsa para Centroamérica tienen un fuerte sentido social. 

Buscan, explicó, beneficiar a dos núcleos de población en situación de vulnerabilidad: jóvenes y personas de zonas rurales. Pretenden generar oportunidades de desarrollo y fomentar la cohesión comunitaria, fortalecer el capital social de la población y el arraigo, para reducir las condiciones que provocan a migración forzada. 

Refirió que el Programa Sembrando Vida, en esta primera fase, beneficiará en El Salvador y Honduras a 20 mil y 13 mil personas, respectivamente, mediante un apoyo económico de 250 dólares y también en especie a través de la dotación de insumos agrícolas, los cuales serán aportados en una proporción 50-50.

Asimismo, indicó que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se impulsará en Honduras, con el objetivo de brindar oportunidades de capacitación laboral a siete mil jóvenes, de entre 18 y 29 años, para aumentar la empleabilidad, el desarrollo de capacidades y habilidades, así como la inclusión en el mercado laboral.

Precisó que se les apoyará con transferencias directas de 180 dólares mensuales por un periodo de ocho meses, entre otras medidas.

Alejandra Icela Martínez aclaró que la inversión que México realiza, provienen de recursos del Fondo de Infraestructura para los Países de Mesoamérica y el Caribe, que asciende a 60 millones de dólares. Consideró que para lograr que los resultados trasciendan y tengan sostenibilidad de estas iniciativas es necesaria su institucionalización en leyes y políticas públicas con presupuesto propio de cada país.

A su vez, Alfredo Mayén, oficial de Programa ONU-FAO para Mesoamérica, explicó que el objetivo esta mesa de diálogo es establecer una hoja de ruta y acciones coordinadas que contribuyan, desde el ámbito parlamentario, a resolver los problemas que aquejan a la región.

En la reunión participaron los diputados Mario Marroquín, de El salvador; Jairo Flores, de Guatemala; y Teresa Calix, de Honduras, miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe.