“Este año ha sido un cierre de legislatura muy productivo en el Senado de la República, cuyos resultados se orientan a impactar decididamente el bienestar de todas y todos los mexicanos”, destacó hoy la senadora Imelda Castro Castro al emitir un mensaje con motivo de su Tercer Informe Legislativo.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República dijo que la Cuarta Transformación es un movimiento que lucha, por la vía pacífica, institucional y legal, por el cambio verdadero del país, y enfatizó: “Pero para cambiar a México, necesitamos cambiar el marco jurídico prohijado por el régimen de privilegios prevaleciente por décadas”.

Hizo hincapié en que para edificar el nuevo régimen democrático, basado en la separación del poder político del poder económico, en la austeridad republicana como principio de la acción pública y una política social orientada a la construcción en México de un estado de bienestar, se han creado desde la Cámara de Senadores nuevas leyes, reformado la Constitución y diversos ordenamientos secundarios.

“Legislamos para abatir los privilegios que las élites políticas impusieron en el país, convirtiendo al gobierno en fuente de enriquecimiento y de beneficios ilegítimos para funcionarios y gobernantes de todos los niveles”, reiteró.

La senadora por Sinaloa indicó que se arriba a los primeros tres años de un sexenio considerado el de mayor legitimidad en las urnas y que ha significado la concreción de la esperanza de cambio con justicia para millones de mexicanos.

La LXIV legislatura del Senado de la República ha sido durante estos tres años parte de dicha gesta por la transformación de México.

“Por convicción democrática y en cumplimiento del mandamiento legal que nos obliga a rendir cuentas de nuestro desempeño, he puesto a consideración de la Mesa Directiva, por escrito, mi Tercer Informe de Labores Legislativas 2020-2021, y he decidió informar a los ciudadanos sinaloenses, a través de las redes sociales, sobre el significado del trabajo realizado en la Cámara de Senadores en el periodo, en razón de que la pandemia por COVID-19 nos impone formas de comunicación virtuales que no pongan en riesgo la salud de las personas”, explico la legisladora.

Aportes a la 4T desde el Senado

Entre otras, ya no habrá más partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se pone punto final al ejercicio de este gasto que, por muchos años, fue propio de la corrupción de un sistema político opaco.

Se acabó el fuero al presidente de la República, pues ahora puede ser juzgado, como cualquier ciudadano, por cualquier delito.

Se amplió el catálogo de delitos graves, por lo que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, la violencia sexual contra menores, feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a casa habitación, de hidrocarburos, desapariciones forzadas y delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se protegieron los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, por lo que se establece la imprescriptibilidad en el ejercicio de la acción penal y la imposición de sanciones.

Se aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, para corregir abusos en la procuración de justicia, hacerla eficiente y que atienda los reclamos de la población en la materia.

Con la Ley Olimpia se reconoce la violencia digital y mediática como modalidades de violencia con el fin de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de dichos tipos de violencia.

Se actualizó la legislación que garantiza el derecho de acceso a un trabajo digno, bien remunerado y con prestaciones justas. Se reconoce la figura del teletrabajo, por lo que se establecen las obligaciones de las partes en una relación laboral, y se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital de sus labores para gozar del descanso.

Se fijaron reglas para la subcontratación laboral, para combatir las prácticas abusivas o simuladas de outsourcing, reconocer antigüedad, otorgar estabilidad laboral y brindar acceso a la seguridad social, además de obligar a cumplir con sus obligaciones fiscales a quienes la practican.

Se reformaron las leyes del Infonavit e ISSSTE para que el trabajador derechohabiente cuente con una vivienda digna, que acceda al crédito como mejor le convenga, e incluso al refinanciamiento.

Se impulsó que la ley reconozca al nivel superior como un bien público que contribuye al bienestar y desarrollo integral de las personas y se crea un fondo federal que la garantice, así como su gratuidad y el derecho estudiantil al acceso y permanencia a esta educación.

La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas hizo que se extinguieran más de 100 fideicomisos, integran esos recursos al presupuesto de las dependencias de la Administración Pública Federal, para que ellas lleven a cabo su ejercicio en beneficio de la población.

Con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica se rescata y fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, garantizando confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, en la idea de que el usuario pague precios bajos y se frene el saqueo en esta empresa.

Una gran reforma es la que se hizo a la Ley General de Bienes Naciones, por lo que ahora las playas de México son de acceso libre, mismo que no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado.

Un tema que ha permitido hacer historia en materia de democracia participativa fue la consulta popular. “Esto ocurrió por primera vez en México, gracias a reformas constitucionales, que por cierto, también nos llevarán al ejercicio de consulta para la revocación de mandato”, recordó Castro Castro.

Dejó en claro que estas y muchas otras reformas legislativas que se impulsaron desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, son parte esencial de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe decir que durante este tercer año de la LXIV Legislatura, la senadora sinaloense se desempeñó como vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, vicepresidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el segundo receso, y se le distinguió al nombrarla presidenta de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia, perteneciente al Foro Parlamentario de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.