• Ante la irregularidad y abusos en algunos centros de rehabilitación, es necesario revisar y actualizar la normatividad vigente con enfoque de derechos humanos.

La senadora  Sasil de León Villard planteó en un punto de acuerdo, que presentó en la Comisión Permanente, exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que informe al Congreso de la Unión sobre el proceso de actualización de la Norma NOM-028-SSA2-2009, que aborda la prevención, tratamiento y el control de las adicciones. 

El combate a esta problemática, explicó la coordinadora del PES,  demanda políticas públicas y programas más integrales que respeten los derechos humanos e incluyan la perspectiva de género; y ante el incremento de adicciones en las mujeres, es necesario actualizar la normatividad vigente, acotó.

Insistió que ante la irregularidad y abusos que se han registrado en algunos centros de rehabilitación, es necesario revisar y actualizar la normatividad vigente.

También, agregó, es necesario incluir la perspectiva de género en el proceso de actualización, debido al incremento en el número de mujeres que experimentaron alguna sustancia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT).La cifra de mujeres, al respecto, se elevó de 926 mil a 3.9 millones; es decir, hubo un aumento de dos millones 974 mil mujeres, lo cual equivale al 105 por ciento de 2011 a 2016.

La misma encuesta registró un incremento general en el consumo de sustancias ilegales, al pasar de 4.6 por ciento en 2002 a 9.9 por ciento en 2016, además de que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE, 2014) arrojó un aumento en el consumo en menores de quinto y sexto de primaria, de nivel secundaria y bachillerato.

Los estudios refieren una transición epidemiológica que apunta hacia tres vertientes: la disminución en la edad de inicio, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante incursión de las mujeres, expuso la legisladora del PES.

En ese escenario, dijo, es necesario recordar que la NOM vigente es anterior a la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016 (UNGASS 2016), instrumentos fundamentales para la generación o creación de políticas en materia de drogas. 

Además de que la visión gubernamental de la problemática se ha transformado de ser una política de represión, a una política con perspectiva de salud y derechos humanos, lo cual representa un cambio fundamental que debe plasmarse en la actualización de la NOM-028- SSA2, concluyó.
 
El punto de acuerdo se turnó a la  Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.