• En la clausura del foro sobre éstos temas, especialistas coinciden en que es necesario atender con inmediatez este tipo de padecimientos

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, clausuró el curso “Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma”, que se realizó en colaboración con la Secretaría de Salud y en el que participaron más de 30 ponentes, así como miles de personas interesadas en aprender y actualizar su conocimiento en la materia.

Coincidimos, dijo la legisladora, en que es necesario destinar más recursos al sector, sobre todo para atender la salud mental de las y los mexicanos, pues “es una queja muy sentida, porque faltan medicamentos y elementos necesarios para tratarlos y cuidarlos bien”. Por ello, se comprometió a plantear esta problemática ante las autoridades competentes.

Valdez Martínez pidió el apoyo de la ciudadanía para cuidar, optimizar y evitar que los insumos y medicamentos terminen en manos que no les corresponden, porque es una costumbre hacer negocio con la salud, medicinas y uniformes; “con todo quieren hacer negocio y eso nos afecta mucho”.

En el curso también participaron integrantes de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, de la Organización Panamericana de la Salud, organizaciones de la sociedad civil y activistas defensores de los derechos de la salud.

Juan Manuel Quijada Gaytán, director de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, afirmó que este esfuerzo sin precedentes, impulsado por la Comisión de Salud del Senado, con el apoyo de organizaciones internacionales, entes nacionales y locales, tuvo el objetivo de ampliar la información, el conocimiento y conocer puntos de vista sobre salud mental.

No sólo cambió el marco legal o el paradigma de la atención, sino también el interés de la población para ejercer su derecho a la salud mental, y este aspecto se reflejó en la participación continua de miles de personas en cada una de las sesiones del curso.

Mario Alberto Zapata, Asesor Internacional de la Organización Panamericana de la Salud, consideró que para tener una atención integral y con calidad para enfermos mentales y con problemas de adicciones es necesario reconocer la autonomía de los pacientes para recibir tratamientos.

Además de garantizar la dignidad del proceso de atención y el respeto por las diferencias de género, orientación sexual, enfermedades concomitantes y, en general, toda diferencia que pueda afectar la atención médica.

Planteó la urgencia de contar con infraestructura y procesos de atención dignos, con pleno respeto por las personas, familias y bajo condiciones de seguridad, así como tener grupos interdisciplinarios en salud mental, clasificados y sensibles con los pacientes, así como la necesidad de involucrarlos en los protocolos de atención.

Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, comentó que la capital del país fue pionera sobre la voluntad anticipada; sin embargo, el 9 de agosto de 2021, se derogó la Ley de Voluntad Anticipada, por la nueva legislación de salud en la Ciudad de México.

Ante esto, dijo que, alrededor de 16 entidades federativas ya cuentan con el sistema de voluntad anticipada, con el que se protege esta decisión de las personas en el momento final de sus vidas.

Explicó que la voluntad anticipada es un acto jurídico, en el cual una persona manifiesta ante Notario Público su voluntad de no aceptar un tratamiento, luego de que se le diagnosticara una enfermedad terminal y que su expectativa de vida no es mayor a seis meses, pero, detalló que este documento puede ser revocado por el enfermo y el personal de salud y los familiares también estarían obligados a aplicar los métodos extraordinarios.

Por su parte, la activista Margarita Garfias consideró necesario brindar acompañamiento y asesorías psicológica a las familias y a quienes ejercen trabajos de salud no remunerados, conformar redes de apoyo, además de contar con licencias laborales de cuidado, ya que a la fecha esos permisos sólo aplican para parientes de enfermos con cáncer y no otras enfermedades.

Expuso que el trabajo no remunerado en materia de salud, que consiste en cuidar a un familiar en el hogar, representa 28.7 por ciento del Producto Interno Bruto ampliado, y las mujeres realizan 71.7 por ciento de ese trabajo, lo que impide que puedan desarrollar una actividad económica por cumplir con la responsabilidad familiar; incluso desarrollan sintomatología de ansiedad y depresión.

En tanto, Diana Sheinbaum, representante de la Organización Civil Documenta, dijo la reforma a la Ley General de Salud abre la ventana de oportunidades, por un lado, la necesidad de ampliar el acceso a los servicios de atención y cómo mejorar la calidad de los servicios.

Asimismo, indicó que dicha reforma aborda la obligación de implementar programas educativos en salud mental para las familias, escuelas y centros de trabajo, es decir, proveerlas de conocimiento y herramientas que les permitan justamente convertirse en un factor de protección.