• Se modificaron y adicionaron diversas leyes para combatir de manera estructural la violencia de género en el ámbito político

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, destacó que con la aprobación de reformas y adiciones a varios instrumentos jurídicos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, desde el Senado se han sentado las bases para abordar y combatir de manera estructural la violencia de género en el ámbito político en el país.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en la Cámara Alta subrayó que era necesario acompañar a la reforma en materia de paridad con otras acciones legislativas enfocadas a la visibilización y tipificación de la violencia política contra las mujeres, para erradicar esos actos de discriminación y violencia que menoscaban, limitan o anulan sus derechos civiles y políticos.

Por ello, en un acto histórico, impulsado principalmente por Morena, se entrega a las mujeres otro reconocimiento, el de su derecho a una vida libre de violencia política en razón de género, toda vez que se ha hecho realidad la demanda de tantas mujeres que han sido víctimas de discriminación, de desigualdad y de actos de violencia por aspirar a ejercer el poder, a construir la patria o por aspirar a un puesto de decisión.

La senadora de Morena puntualizó que el 8 y 9 de marzo las mujeres le dijeron al país que la historia de los derechos humanos de las mujeres viene de lejos y que nunca ha sido fácil romper las inercias patriarcales, misóginas y machistas, por lo que desde el movimiento feminista se han decidido abrir la brecha de cara a la progresividad que implican estos derechos.

Precisó que el 9 de marzo las mujeres se ausentaron de la vida pública para evidenciar la violencia generadora de formas extremas de odio patriarcal, y la violencia política contra las mujeres es una de ellas.

En este sentido, señaló que en México se han tenido graves hechos de violencia política contra las mujeres, por lo que datos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) indican que entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género y entre enero y junio de 2017 se contabilizaron 87 víctimas más.

Sostuvo que, de acuerdo con los señalamientos que hace el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, la violencia política que se ejerza contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos y es una amenaza principal para la democracia, porque les impide que contribuyan en la toma de decisiones que afectan sus vidas, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en la vida política.

En tanto que la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres precisa que el problema de la subrepresentación de las mujeres es el reflejo de la discriminación que enfrentan en la vida pública, y la violencia política que se ejerce contra ellas constituye una de sus peores manifestaciones.

Para ello, como parte del paquete de iniciativas de reformas y adiciones a diversas disposiciones legales aprobadas, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporó, como una nueva modalidad, la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, se facultó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales y a los órganos jurisdiccionales electorales locales para solicitar el otorgamiento de órdenes de protección.

En las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluyeron sanciones administrativas, como la disculpa pública que deberá ofrecer la persona infractora con la finalidad de reparar el daño, utilizando el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político al que pertenezca.

También se estipuló que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres, a la vez que se incluyó un conjunto de conductas que constituyen violencia como el obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política, ocultarles información o la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o impedirles su registro.

En tanto, en la Ley General de Partidos Políticos se consideró la obligación de que los institutos políticos garanticen la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones en la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y toma de decisiones, mientras que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se prevé la procedencia explícita del juicio para la protección de los derechos políticos.

La senadora Mícher Camarena detalló que con los cambios en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se prohíbe tajantemente restringirles o anularles el derecho al voto libre y secreto a las mujeres, amenazarlas o intimidarlas para que presenten su renuncia a una precandidatura o candidatura o cargo, impedirles que rindan protesta a un cargo y ejerzan libremente, además de obligarlas a que suscriban documentos o avale decisiones contrarias a su voluntad

Y con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se incorporó el principio de paridad de género en la conformación de los órganos jurisdiccionales, a la vez que se estableció en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República la obligación de dicha institución de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en Razón de Género.

Se tratan de reformas que protegen la vida, la integridad y libertad y los derechos políticos y electorales de millones de mexicanas, puntualizó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, quien apuntó, antes de concluir su intervención, que sin las mujeres no hay democracia, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo cultural y no hay desarrollo social.