Senadores de la República abordaron con el Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, los alcances del censo de beneficiarios para los programas sociales que levanta el equipo del nuevo gobierno, así como los casos de corrupción en los que se ha vinculado a la dependencia federal.

 Como parte del análisis del VI Informe de Gobierno, el funcionario compareció ante la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, que preside la senadora Elvia Marcela Mora Arellano.

Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador José Luis Pech Várguez afirmó que este gobierno será más recordado por los temas ligados a actos de corrupción, que por las acciones implementadas para el desarrollo del país.

 El legislador pidió una explicación de por qué tres empresas ligadas al Secretario de Desarrollo Social y a sus familiares recibieron entre 2014 y 2017 contratos por un monto de 500 millones de pesos. Esto es “en un acto claro de favoritismo” o, por lo menos, “un grave conflicto de interés”, precisó.

 La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró que el censo que levanta el equipo del nuevo gobierno empezará de cero, en cuanto al registro de beneficiarios porque no han podido entablar un diálogo con la Secretaría de Desarrollo Social.

 A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Vanessa Rubio Márquez reconoció que los avances en esta materia siempre “se quedan cortos” porque detrás de un número y una cifra reportada está una historia de vida, una persona o una familia.

 La legisladora celebró que la Estrategia Nacional de Inclusión haya disminuido los niveles de pobreza extrema, generado mayor acceso a derechos sociales básicos como salud, educación, vivienda y seguridad social.

 El senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario de Partido de Trabajo, expresó que el actual gobierno federal “deja una larga lista de pendientes en materia de desarrollo social”, pues, de acuerdo con el Coneval, de cada diez acciones que aplicó el gobierno federal para reducir la pobreza cuatro se cumplieron “y seis están en peligro de naufragar”.

 Dijo que las fallas en la política social no son sólo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues la Auditoría Superior de la Federación también encontró fallas en el programa de Apoyo Alimentario, que no cumplió con el criterio de transparencia para determinar su operación y tampoco se conocen sus resultados en las familias beneficiarias.

 La senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que la Sedesol “está involucrada con la desaparición de al menos dos mil 224 millones de pesos con la Estafa Maestra”, recursos que originalmente fueron asignados para atender a las personas más necesitadas.

 La legisladora preguntó al Pérez Magaña: ¿cuántas investigaciones y denuncias ha hecho en contra de Rosario Robles, una de las responsables de la Estafa Maestra? Ya pasó un año desde que se dieron a conocer estas investigaciones, ¿ya saben dónde están los más de dos mil 224 millones de pesos desparecidos?, interrogó.

 Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Raúl Bolaños Cacho Cué afirmó que el desarrollo social no se pude medir con los indicadores de una sola dependencia, sino a partir de todas las acciones que el gobierno implementa para el bienestar de los niños.

 Consideró que a pesar de que aún hay 53 millones de mexicanos en situación de pobreza, nuestro país “va en la ruta correcta” para que aquellos puedan mejorar sus condiciones de vida.

 En respuesta, el funcionario aseveró que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia más auditada, que constantemente es evaluada por la sociedad civil y “en todo momento hemos colaborado con las autoridades”.

 Refirió que en la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública siguen los procedimientos abiertos y “nosotros hemos sido garantes de suministrar toda la información requerida para el esclarecimiento de todos y cada uno de los señalamientos que han recibido diferentes funcionarios”.

 “Tenemos en este momento más 500 denuncias penales, todas ellas en proceso”, pero la Secretaría aportará las pruebas, producto de las denuncias que se han recibido por los diferentes órganos fiscalizadores y de la sociedad civil, para que se aclaren las imputaciones, concluyó.