Con su permiso, senador presidente. El dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto del Artículo 25 y el párrafo cuarto del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, incorpora modificaciones para asegurar la soberanía energética de nuestro país, consolidando el control estatal sobre sectores estratégicos como el litio, la electricidad y el servicio de internet.

Iniciaré esta presentación mencionando que el sector energético es fundamental para la soberanía y el desarrollo de cualquier nación. En el caso de México, la propuesta busca consolidar un marco constitucional que garantice el control del Estado sobre áreas estratégicas que son clave. Estas modificaciones no sólo buscan asegurar la autosuficiencia energética, sino también dirigir una transición en el ramo sustentable que beneficie a toda la población.

Antes de explicar brevemente las reformas a este dictamen, recordemos que el Sistema Eléctrico Nacional todavía hoy opera bajo un modelo neoliberal que prioriza el crecimiento económico y favorece la participación de empresas privadas en la industria eléctrica. Esta situación, hay que decirlo, compromete la confiabilidad, seguridad y calidad del suministro de electricidad. Antes de 2013, la Comisión Federal de Electricidad generaba el 63% de la electricidad, mientras que las empresas privadas representaban el 37%.

Sin embargo, durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, esta tendencia se invirtió, alcanzando en 2021 un 62% de generación para el sector privado, sólo un 38% para la CFE. Este cambio ha colocado a la CFE en una posición desventajosa, resultando en pérdidas significativas y distanciándola, de su misión de proporcionar electricidad como un derecho público. En el ámbito de las telecomunicaciones e internet, el mercado mexicano hoy está dominado por empresas privadas que priorizan las ganancias, descubriendo a poblaciones en áreas remotas y marginadas.

Las entidades con mayor porcentaje de población sin acceso a internet son Guerrero, 67.5%; Oaxaca, 62.5%, y Chiapas, 56.7%. Dicho lo anterior, el proyecto señala que el Estado dirigirá la transición hacia energías limpias, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y estableciendo políticas tecnológicas e industriales para garantizar un uso sustentable de los recursos energéticos del país. Una vez señalado de manera general el objetivo primordial del dictamen, señalaré de manera específica cuatro aspectos importantes a destacar:

El primero es la sustitución del concepto de empresa productiva del Estado por empresa pública del Estado, es un cambio de fondo.

Mientras que el término productiva implica una orientación hacia la rentabilidad económica, la noción de empresa pública enfatiza su rol como un actor responsable de garantizar el bienestar social y la seguridad energética. Este cambio permitirá que las empresas energéticas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad, no tengan como objetivo primordial la generación de utilidades, sino la provisión de servicios accesibles y continuos a la ciudadanía.

El segundo punto es que el Estado queda a cargo de la transición energética, comprometiéndose a utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Este enfoque es crucial, dado que México es uno de los países con mayores emisiones de dióxido de carbono en América Latina, representando el 1.45% de las emisiones globales en 2020, de acuerdo con la plataforma global Atlas del Carbono. Las políticas científicas, tecnológicas e industriales que impulsará el gobierno estarán orientadas a la diversificación energética, promoviendo fuentes de energía renovable como la solar, la eólica y la geotérmica. De acuerdo con el Consejo Nacional de Energía Solar, México tiene un gran potencial en energías limpias y se estima que el país podría generar hasta el 60% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2035, si se implementan, como se hará, políticas públicas adecuadas, desde luego es lo que busca esta reforma.

Como tercer punto, se establece en el dictamen que no se otorgarán concesiones a particulares para la explotación de litio, asegurando que este elemento estratégico será gestionado exclusivamente por el Estado. Esto es esencial para preservar la riqueza natural del país y evitar que su explotación quede en manos de empresas extranjeras que priorizan beneficios económicos sobre los intereses nacionales. Nunca más.

Finalmente, como cuarto punto, la propuesta asegura que las actividades de la industria eléctrica en las que participen particulares no tendrán prevalencia sobre las empresas públicas. Esto permitirá que se mantengan tarifas accesibles para la población, evitando la especulación y evitando únicamente el ánimo de lucro.

Por lo anterior, concluyo reiterando que esta reforma es un paso firme hacia la consolidación de lo que es el leitmotiv de los gobiernos de la Cuarta Transformación, un Estado constitucional de bienestar. Repasemos bien este concepto, porque será un concepto sobre el que estaremos construyendo reforma tras reforma.

Son un paso firme también hacia la consolidación de la soberanía energética de México, al priorizar el control estatal sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el internet.

Así se garantiza que estos sectores esenciales sean gestionados en beneficio de la población y no en favor de intereses privados. Ya culminó, presidente.

Además, la transición energética liderada por el Estado, junto con el fortalecimiento de las empresas públicas, asegura un futuro más sustentable y equitativo para el país, preservando la seguridad energética y protegiendo los recursos naturales para las futuras generaciones. Es cuanto, senador presidente.