• En legislaturas anteriores se crearon estos tribunales para proteger intereses privados y no sociales, señala

El senador Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva, anunció que prepara una iniciativa de ley para que no haya juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, pues estos responden a intereses particulares y no sociales.

En entrevista, al término de la sesión de este jueves, el legislador fue cuestionado sobre los amparos que se han interpuesto en contra del padrón de usuarios de telefonía celular.

Refirió que en las legislaturas pasadas se llevó a cabo una reforma para que algunos juzgados pudieran conocer en materia de telecomunicaciones. Afirmó que no puede haber tribunales especiales.

Por eso, apuntó, estoy preparando una iniciativa para quitar esa protección a ciertos jueces, que evidentemente corresponden a intereses privados y no a intereses sociales.

Aclaró que esta propuesta busca que existan tribunales parejos, donde sean de competencia y no de cuotas judiciales para proteger intereses privados. “La estoy preparando porque prácticamente llegan a un solo juzgado todos los amparos y no puede ser en esta materia”.

Eduardo Ramírez precisó que las especialidades en los juzgados existen, que se dan en diferentes partes de la territorialidad de la República mexicana; aquí, “como que se prepararon, por si en el futuro se hacían reformas que perjudicaran los intereses privados, con jueces ad hoc”.

Estamos en el estudio de esta iniciativa y el fundamento será: no debe haber juzgados especiales para privilegiar cierto tipo de intereses.

Insistió en que el padrón de telefonía servirá para normar más esta área y detener la ola de violencia en materia de secuestros y de extorsiones.

Respecto a la reforma a la Ley de Hidrocarburos, dijo que se trata de un avance sustancial para que el Estado mexicano ejerza mayor control, pues el sistema que se manejó en años anteriores era con la participación desproporcionada de la iniciativa privada.

Lo que se pretende es que tenga el control y que exista esa posibilidad de que Pemex, al fin, sea más competitivo, subrayó.

Mencionó que cualquier persona física o moral podrá hacer uso de juicio de amparo y acudir a juzgados federales si se sienten afectadas con esta nueva legislación.

“Nosotros consideramos que las empresas de utilidad social deben tener mayor fortaleza. Tenemos que estar en la competitividad, pero siempre ponderando lo que pertenece al Estado mexicano, que es una herencia de la expropiación petrolera”, puntualizó.