Con su permiso Senadora Presidenta

De acuerdo con la publicación de enero de 2019, del estudio realizado de 2006 a 2015 por El “Global Financial Integrity” que trata sobre los flujos financieros ilícitos en 148 países, México ocupa el primer lugar en América Latina en flujos ilegales de dinero.

Es a través de empresas fantasmas como se efectúa la simulación de un sin número de operaciones financieras, que han ido en aumento en los últimos años, lo que acentúa la corrupción que tanto daño ha generado a nuestro país.

Con este tipo de operaciones se comenten diversos delitos, sin embargo, los que más nos afectan son la evasión de impuestos y la defraudación fiscal. Que directamente afectan la recaudación de impuestos y por ende la prestación de servicios por parte del Gobierno. Se estima en un quebranto fiscal por empresas fantasmas o facturas falsas de 500 mil millones de pesos anuales, cifra que equivale a la décima parte del presupuesto público del país, superior al presupuesto conjunto de la Secretaría de Salud y la de Educación.

Este tipo de empresas se dedican a la compra/venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, documentos con los cuales los contribuyentes buscan disminuir o eliminar el pago de sus impuestos, con la obtención de comprobantes que amparan operaciones falsas; toda una simulación que merma sustancialmente la recaudación de impuestos.

Es un mecanismo bien estructurado: por un lado, tenemos a las empresas que venden estas facturas, no pagan el Impuesto Sobre la Renta ni el Impuesto al Valor Agregado y por el otro lado están las empresas que compran dichos comprobantes, deducen y acreditan su monto para efecto de esos mismos impuestos, con lo que reducen su base gravable y por lo tanto su carga impositiva.

El Gobierno Federal es quien más ha ocupado este esquema de defraudación fiscal, fueron los principales precursores, sólo para dar algunas cifras, de 2014 a junio de 2019, se identificaron cerca de 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas a través de 8 millones de facturas, por una cantidad aproximada de 1.6 billones de pesos.

De igual forma, entre los años 2014 y 2018 se detectaron operaciones de defraudación fiscal de empresas fantasmas por más de 2 billones de pesos. Estos datos nos demuestran que es un delito muy lucrativo y por lo mismo seguirá aumentando si no se toman medidas como las que plantea la presente reforma.

El Servicio de Administración Tributaria ha hecho grandes esfuerzos para combatir este tipo de ilícitos, sin embargo, todos los esfuerzos que se han hecho no han logrado combatirlo y mucho menos disminuirlo, es por ello que el día hoy se presenta el dictamen de la reforma en materia de empresas fantasmas ante este Pleno, que plantea un combate real a este delito acreditando la responsabilidad penal en contra de estos delincuentes, a través de la figura de delincuencia organizada y homologando la figura de defraudación fiscal al mismo plano que los delitos de delincuencia organizada, considerando que su naturaleza es análoga y de la misma gravedad.

Es por ello, que llamo a todos que nos unamos a favor de este proyecto, que en el fondo traerá un beneficio directo para la ciudadanía, para aquellos a quienes servimos y son usuarios de los servicios públicos que se financian con la recaudación de impuestos. En el fondo y aunque no a primera vista, esta reforma abonaría a la recaudación que paga la educación de los niños, niñas y adolescentes, la salud de las personas y los demás servicios públicos.

Es cuanto.