• Plantea facultar a los órganos internos de control y de fiscalización a emitir resoluciones sobre los casos que investiguen.

La senadora Ana Lilia Rivera presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, a efecto de crear el Tribunal Federal Anticorrupción y los tribunales judiciales especializados en esa materia en las entidades federativas.

A nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, autor de la propuesta, la legisladora de Morena dijo que también se plantea agilizar la investigación e imposición de sanciones por actos u omisiones que constituyen responsabilidades administrativas. 

En el documento se explica que en la actualidad las faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares son investigadas por los órganos internos de control y por las entidades de fiscalización federal y locales. En tanto, corresponde a los tribunales de justicia administrativa emitir la resolución y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 

Lo anterior, se agrega, puede resultar poco funcional, ya que “lo más lógico es que la autoridad que investiga y sustancia el procedimiento es la que se encuentra en mejor aptitud para resolver si existe o no responsabilidad administrativa”.

Así, la iniciativa propone robustecer a los órganos internos de control y, sobre todo, a las entidades de fiscalización para que puedan, no sólo investigar, sino resolver ellas mismas los procedimientos de responsabilidad administrativa, independientemente de su gravedad, sin necesidad de someter el asunto a la decisión de los tribunales de justicia administrativa.

Señala que en este nuevo esquema planteado, los tribunales judiciales especializados en materia anticorrupción podrán resolver los medios de impugnación que los servidores públicos y particulares promuevan contra las resoluciones de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización. Con ello, se elimina la competencia que en este rubro tienen los tribunales de justicia administrativa 

El adecuado funcionamiento del sistema anticorrupción requiere que las autoridades que tienen a su cargo resolver en segunda instancia las impugnaciones contra las sanciones impuestas, cuenten con las mayores garantías de independencia y solvencia técnica, se precisa en el documento.

La propuesta del senador Monreal Ávila establece que el Tribunal Federal Anticorrupción será uno de los órganos en los que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación.

Conocerá de los recursos que se promuevan en contra de las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o de órganos internos de control de los entes públicos federales, que impongan sanciones o el pago de indemnizaciones a servidores públicos con motivo de las responsabilidades administrativas en que hubieren incurrido, y a particulares que hayan intervenido en actos vinculados con faltas administrativas graves. 

El citado Tribunal estará integrado por tres magistrados de circuito, designados por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos, y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, sin posibilidad de ser reelectos para un nuevo periodo.

Propone que la ASF y los órganos internos de control de los entes públicos federales mantengan sus atribuciones de investigar y sustanciar responsabilidades, pero en lugar de someterlas a resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ahora acontece, procederán a resolverlas directamente e imponer las sanciones conducentes.

En relación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se elimina la sección especializada en procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la participación de su Presidente como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sugiere que el lugar del hoy Presidente de dicho Tribunal, lo ocupe una persona designada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.                                    

Respecto del ámbito local, el texto menciona que los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México tendrán tribunales especializados anticorrupción, con competencia para resolver los recursos que se promuevan en esta materia.

Se aclara que la intención de esta propuesta no es demeritar a los tribunales de justicia administrativa, sino reconocer su importante labor en la impartición de justicia en los miles de asuntos que se presentan a su veredicto. 

Sin embargo, se destaca, para combatir frontalmente a la corrupción es preciso que sean los organismos del Estado que se encuentren en mejores aptitudes, los encargados de revisar, en segunda instancia, los asuntos de responsabilidad administrativa. 

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.