• El contratante, obligado a vigilar el cumplimiento de lo pactado.

   

Por unanimidad, el Senado de la República reformó el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para fortalecer los mecanismos de control y certidumbre en los procesos de contratación de las entidades públicas.

En el dictamen, aprobado con 91 votos, se establece que cuando se realicen contratos de servicio o compra de bienes -entre autoridades, federales, estales o mediante terceros- el titular de la dependencia contratante deberá ser quien los suscriba. Además, estará obligado a vigilar el cumplimiento irrestricto de los términos celebrados.

Lo anterior, permite establecer responsabilidades administrativas y jurídicas entre los titulares de las dependencias, con lo cual se podrá aplicar sanción cuando exista alguna irregularidad en la aplicación de recursos a través de los contratos.

Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Economía, el senador Félix Salgado Macedonio dijo que el objetivo es impulsar el combate contra actos de corrupción que puedan darse al momento de que instituciones celebren contratos para el otorgamiento de un servicio.

En tanto, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, consideró que el Poder Legislativo no debe escatimar ningún esfuerzo en el fortalecimiento del marco jurídico para impedir la corrupción.

La reforma, agregó, brinda un instrumento más para arrancar ese cáncer social enquistado en muchas áreas de la administración pública, sin caer en la estigmatización de los servidores públicos ni en generalidades.

Recordó que existen muchos casos del conocimiento público y documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre malas prácticas donde se dan moches y se hacen contratos amañados. Algunas veces existe colusión entre funcionarios y proveedores, provocando quebrantos en el erario y servicios de mala calidad.

En el documento se menciona que México “ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos”, los cuales deben destinarse a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad.

Subraya que los actos de corrupción se han realizado bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la simulación de actos jurídicos entre entidades públicas para ocultar el desvió de recursos hacia fines particulares.

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.