·        Plantean mesa de trabajo conjunto con el gobernador de la entidad y legislar en materia de justicia.    

Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, advirtió que Guerrero atraviesa una crisis de seguridad y de falta de respeto a los derechos humanos de sus habitantes, al inaugurar el foro “Hacia una agenda de pacificación para Guerrero”.

Expuso que en dicha entidad existe un gran número de desplazados, ejecuciones y personas amenazadas o en prisión por defender su territorio, además de un clima de injusticia. Esta situación propició el nacimiento de la policía comunitaria, “por la necesidad de defender familias, propiedades y su propia vida”, dijo.

“Si hubiéramos tenido un buen gobierno, no habría necesidad de que los ciudadanos tomaran las armas para defenderse”, aseguró. Aún no existe la capacidad gubernamental para defender la vida de los ciudadanos y garantizar su paz y tranquilidad, añadió.

Señaló que el Senado de la República tiene en puerta el análisis de la reforma constitucional que propone la creación de la Guardia Nacional, y decidir “si el mando va a ser civil o militar, y cuáles van a ser sus funciones. Y cuál es la realidad que vive el país, cómo estamos.”

“Ya vimos que el gobierno no ha podido garantizar la paz y tranquilidad. La situación está muy compleja en el país. Una es la realidad, los que vivimos en Guerrero sabemos cómo estamos”, y refirió que es muy difícil transitar por las carreteras y caminos de esa entidad.

Abundó en que hay muchos desplazados en la sierra, así como luchadores sociales y defensores de los bosques, asesinados. “No son delincuentes o maleantes, son defensores y a esos asesinan y persiguen”, apuntó el senador del Grupo Parlamentario de Morena.

Recordó que la primera policía comunitaria en formarse fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con un sistema de justicia comunitario, y llamó a respaldarla “porque el gobierno quiere conculcar sus derechos”.

“Me gustaría que todos estuviéramos unidos, todos los policías comunitarios: la CRAC, la UPOE (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), en un solo equipo”, comentó.

Por su parte, la senadora Nestora Salgado, de Morena, dijo que casi no visita Guerrero porque todavía recibe amenazas de muerte. Ha solicitado medidas cautelares y se las han negado. Propuso realizar, en lugar de foros, una mesa de trabajo con el gobernador para trabajar en conjunto.

Dijo que la finalidad sería exponer los pliegos petitorios de las habitantes de las comunidades afectadas y llegar a un plan de trabajo que aplique el gobierno. “Ya no queremos denuncias. Estamos cansados de denunciar. Queremos respuesta”, dijo.

Abundó en que dicho ejercicio también podría realizarse con diferentes gobernadores para buscar una solución a la problemática de los desplazados en el país. Añadió que presentará un punto de acuerdo referente al tema.

María Cruz, hermana de Felipe Torres Cruz, ecologista asesinado en diciembre pasado en Camalotito, municipio de Petatlán en Guerrero, denunció, a su vez, que viven una situación desesperante y son acosados por el grupo criminal denominado “Guardia Guerrerense”.

Explicó que han intentado despojarlos de sus tierras, cobrarles cuotas y son agredidos por oponerse a la tala de árboles. “Nos vemos obligados a vivir en esta forma, porque no tenemos a dónde ir. Somos de familias pobres que no cuentan con lo suficiente para salir”, dijo.

Añadió que en septiembre del año pasado, la situación se agravó porque no ya pueden ir a ningún de los centro de salud que se encuentran en las cabeceras. “Si uno baja (de la sierra), lo matan”. Comentó que tampoco pueden surtir sus despensas ni han dado mantenimiento a los caminos. Solicitó el apoyo de la policía estatal para realizar estas actividades.

Las comunidades más afectadas, detalló, son: La Morena, Camalote, Camalotito, Humedades, Rancho Nuevo, Cabecilleras, Barranca del Bálsamo, Huamilon, Roblar, La Botella, Zapotillos, Lorida y Los Limones.

Contó que en 2008, Javier Torres, otro de sus hermanos, solicitó y le fueron otorgadas medidas cautelares, y aún así lo asesinaron en 2011.

En la mesa “Impacto de la violencia de Estado en Guerrero”, participaron Enrique González Ruiz, Pilar Noriega García, Francisco Estrada Correa, María Elena Hernández Márquez y Kate Doyle, quienes señalaron que la impunidad que prevalece en el país es real, por lo que es necesario que la sociedad se organice y trabaje con las comisiones de la verdad, para generar soluciones ante la violencia actual.

Manifestaron que la violencia surge a partir de la falta de legitimidad e incapacidad del Estado, o las autoridades, para resolver las tensiones y presiones sociales. Son condiciones que tenemos en general en nuestro país, pero particularmente en Guerrero, dijeron.

Destacaron que las autoridades no realizan una investigación pronta, efectiva y eficaz de los delitos, especialmente los relacionados con la delincuencia organizada, lo que provoca injusticia, inseguridad ciudadana e impunidad. Solicitaron se diseñe una legislación basada en los derechos humanos y en una mejor justicia para todos.

A la inauguración también asistió el senador Arturo Bours Griffith, integrante de la Comisión de Defensa Nacional. En el foro también se realizarán las mesas “Vacío de poder y surgimiento de grupos armados”, “Efectos colaterales, desplazamiento forzado interno” y “Estrategias de pacificación”.