Versión estenográfica de la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Ramón Menchaca Salazar,  para desahogar las comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía General de la República.

INTERVENCIÓN:  …aspirantes que fueron consideradas elegibles para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República.

En fecha 11 de enero de 2019, la Junta de Coordinación Política del Honorable Senado de la República, hizo del conocimiento de la Comisión de Justicia el acuerdo por el que se instruye a la Comisión de Justicia del Senado de la República a llevar a cabo las comparecencias de los 27 aspirantes que fueron considerados elegibles para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, a través del cual la instruye para efectuar, en el orden del listado que determine el citado acuerdo y, previa citación, la comparecencia de las 27 personas aspirantes que fueron consideradas elegibles para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, en uso de las facultades otorgadas a la Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción XIII, y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; uno, dos, cinco, 14, fracción I; 15, 16, 17 y 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 255, 256 y 257 del Reglamento del Senado de la República y demás relativos y aplicables de los citados ordenamientos legales; y considerando, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, en cuyo artículo décimo sexto transitorio, primer párrafo, alude que, por lo que se refiere al Fiscal General de la República, las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a diversos artículos, entre otros, al 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere tal transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso, la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Segundo. En fecha 27 de agosto de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, mediante el cual se reforma el segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, por considerar que, una vez realizada la declaratoria que alude el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A, del artículo 102 de esta Constitución, para la designación del Fiscal General de la República.

Tercero. El 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Cuarto. El 20 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República que hiciera en fecha 17 de diciembre de 2018 el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

En fecha 20 de diciembre de 2018, se dicta el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado en sesión de la misma fecha, publicado en la gaceta del Senado de la República el mismo día, en su página electrónica y en el micrositio de la Comisión de Justicia el 21 de diciembre del 2018 y en dos periódicos de circulación nacional, específicamente en los diarios Excélsior y el Universal, de 23 de diciembre de 2018.

Quinta. Que en cumplimiento a la base séptima de la convocatoria pública, contenida en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, de fecha 20 de diciembre de 2018, aprobado por el Pleno del Senado de la República en sesión de la misma fecha, esta Comisión de Justicia aprobó en fecha 9 de enero de 2019, el dictamen de elegibilidad de las personas aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía General de la República, en el cual se determinó que las personas aspirantes que a continuación se mencionan, reunieron los requisitos legales para ocupar el cargo de persona titular de la Fiscalía General de la República y, por ende, son elegibles.

Gilberto Ayón Reyes.

Bernardo Bátiz Vázquez.

Bernardo Jaime González Garza.

José Jorge Campos Murillo.

Ángel Buendía Buendía.

Román Ibarra Encizo.

Luis Manuel Pérez de Acha.

Alejandro Gertz Manero.

José Javier Ontiveros García.

Miguel Nava Alvarado.

Roberto Bonifacio Mazón García.

Marcos Santana Montes.

Eva Verónica de Gyves Zárate.

Mónica Cecilia Luna Barrientos.

José Alberto Rodríguez Calderón.

Estela Cadena Azcona.

Gabriel Hernández Campos.

Jorge Adalberto Cruz Medina.

Arturo García Jiménez.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria.

Julio Ángel Sabines Chesterking.

Florencio Hernández Espinoza.

Félix Manuel Méndez García.

Mauricio Moreno Vargas.

Ernesto López Saure.

Blanca Ivonne Olvera Lezama.

Roberto Valero Chávez.

Sexto. En cumplimiento a las bases séptima y octava de la convocatoria pública contenida en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, de fecha 20 de diciembre de 2018, aprobado por el Pleno del Senado de la República en sesión de la misma fecha, la Comisión de Justicia remitió el dictamen al que se refiere el punto que precede a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para los efectos correspondientes.

Séptimo. Que, a fin de allegarse de mayores elementos para la elaboración del listado de al menos 10 personas candidatas al cargo der titular de la Fiscalía General de la República, que habrá de remitirse al titular del Poder Ejecutivo Federal, en los términos previstos por la fracción I, del apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política del Honorable Senado de la República, instruye a esta Comisión de Justicia para que, conforme al orden del listado que contiene al referido acuerdo, cite a comparecer los días 14 y 15 de enero del presente año a las 27 personas aspirantes que reúnen los requisitos legales para aspirar al cargo de titular de la Fiscalía General de la República y que, por ende, son elegibles, otorgando la facultad a esta Comisión para normar tales comparecencias.

En esta tesitura, se emite el siguiente acuerdo:

Primero. El formato para la celebración de las comparecencias ante la Comisión de Justicia de las 27 personas aspirantes que reúnen los requisitos legales para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República y que, por ende, fueron declaradas elegibles, de conformidad con el dictamen de elegibilidad de las personas aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía General de la República, aprobado en fecha 9 de enero de 2019, se efectuará conforme a las bases siguientes.

Inciso A) El lunes 14 de febrero de 2019, a partir de las 11:30 horas, se recibirán las comparecencias de las personas aspirantes que a continuación se enlistan en el orden en que son mencionadas:

Eva Verónica de Gyves Zárate.

Mónica Cecilia Luna Barrientos.

José Alberto Rodríguez Calderón.

Estela Cadena Azcona.

Gabriel Hernández Campos.

Jorge Adalberto Cruz Medina.

Arturo García Jiménez.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria.

Julio Ángel Sabines Chesterking.

10. Florencio Hernández Espinoza.

11. Félix Manuel Méndez García.

12. Mauricio Moreno Vargas.

13. Ernesto López Saure.

14. Blanca Ivonne Olvera Lezama.

15. Roberto Valero Chávez.

Inciso B) El martes 15 de enero de 2019, a partir de las 11:00 horas, se recibirán las comparecencias de las personas aspirantes que a continuación se enlistan, en el orden en que son mencionadas:

1. Gilberto Ayón Reyes.

2. Bernardo Bátiz Vázquez.

3. Bernardo Jaime González Garza.

4. José Jorge Campos Murillo.

5. Ángel Buendía Buendía.

6. Román Ibarra Enciso.

7. Luis Manuel Pérez de Acha.

8. Josué Javier Ontiveros García.

9. Miguel Nava Alvarado.

10. Roberto Bonifacio Mazón García.

11. Marcos Santana Montes.

12. Alejandro Gertz Manero.

Inciso C) Las comparecencias a que se refieren los puntos precedentes se efectuarán en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el sótano 1, del Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma, número 135, esquina Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Inciso D) Las aludidas comparecencias se desahogarán de manera individual.

El acceso de las personas candidatas al recinto correspondiente, se efectuarán en el orden según la lista antes mencionada, debiendo portar identificación oficial con fotografía.

E) Las 27 personas aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía General de la República, que fueron declaradas elegibles por la Comisión de Justicia, mediante Dictamen de fecha 9 de enero de 2019, harán uso de la voz durante un plazo máximo de 10 minutos, en el cual expondrán sobre la idoneidad de su candidatura.

Durante su intervención y después de ésta, no habrá mociones ni preguntas.

Inciso F) La Comisión de Justicia solicitará la transmisión íntegra, por el Canal del Congreso, de la reunión de la Comisión, en las que se lleven a cabo las comparecencias, a efecto de darles la mayor difusión pública posible.

Segundo: Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, para que cite a la brevedad posible a las 27 personas aspirantes, que reunieron los requisitos legales para aspirar al cargo de titular de la Fiscalía General de la República y que, por ende, fueron declaradas elegibles, mediante dictamen aprobado en fecha 9 de enero de 2019, mediante correo electrónico, vía telefónica, que consten como sus medios de contacto, proporcionados por aquellas en el mecanismo electrónico al que se refiere la Base Sexta de la Convocatoria Pública, emitida en acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de 20 de diciembre de 2018, aprobado por el Pleno del Senado de la República, en sesión de la misma fecha.

Tercero: Lo no previsto en el presente acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión de Justica.

Cuarto: En cumplimiento al Punto Tercero del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye a la Comisión de Justicia del Senado de la República, a llevar a cabo las comparecencias de los 27 aspirantes que fueron considerados elegibles para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, remítase informe de la comparecencia de cada una de las personas aspirantes correspondientes.

Es todo señor Presidente.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Muchas gracias señor Secretario Técnico.

Antes de continuar, esta presidencia de la Comisión de Justicia del Senado le da la más cordial bienvenida al Presidente de la Mesa Directiva, al senador Martí Batres, que nos hace el honor de acompañarnos.

Bienvenido señor senador.

Sí. Senador, a sus órdenes.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Gracias Presidente. Un gusto saludarlos.

A todos los que no nos había visto, feliz año. A los que ya nos habíamos visto, pues qué gusto saludarlos de nueva cuenta.

Qué gusto tenerlo aquí, Presidente de la Mesa Directiva.

Un comentario nada más, Presidente:

Primero, agradecer que haya existido respuesta a los planteamientos que varios de nosotros hicimos.

A nosotros nos tocó, en el seno de la Comisión de Justicia, cuando se aprobó el dictamen, pues exponer que considerábamos que se debía de generar un espacio para tener un intercambio con cada uno de los aspirantes al cargo de Fiscal General, partiendo de la base que es un nombramiento pues de la máxima relevancia, en donde vamos a estar eligiendo a la persona, hombre o mujer, que va a tener en sus manos el ejercicio de la acción penal en nuestro país.

Creemos que es una institución de la máxima relevancia y, por lo tanto, en cada etapa del proceso, conscientes, que la Constitución marca, que de la terna se va a elegir, previa comparecencia de los propuestos por el Presidente, pues creemos que, si vamos a tomar una determinación de los que cumplieron con los requisitos legales, elegir a 10 personas.

Pues deberíamos de tener el espacio para poder intercambiar ideas con estas personas para poder tener una valoración mucho más profunda, reconociendo que es un avance lo que hoy nos proponen, de escuchar a los 17 candidatos o aspirantes, a la Fiscalía General, sí expresar que la intención de la propuesta había sido tener un espacio de intercambio de ideas, es decir, poder hacer preguntas, cuestionamiento y escuchar las respuestas.

Entiendo el tiempo, entiendo, entiendo que JUCOPO así lo aprobó, según me lo compartes, pero bueno, quiero dejar la inquietud de que, pues creo que lo ideal hubiese sido poder intercambiar con ellos, y sobre todo pues que ojalá y lo hagamos como costumbre ya, pues de aquí en adelante, en las diferentes etapas.

Gracias Presidente.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Muchas gracias senador Zepeda.

Efectivamente, a propuesta de algunos de los integrantes de la Comisión, de Justicia, entre ellos el senador Zepeda, esta Comisión no solamente en ocasión del Fiscal, sino de magistrados electorales y de los propios ministros de la Corte, ha venido haciendo un gran esfuerzo, cada uno de los integrantes, por escuchar, por discutir, por cuestionar, y es un ejercicio que legitima y que impulsa sobre todo el conocimiento de la sociedad en general, de las personas que van a ocupar cargos importantes dentro de la estructura del Gobierno Mexicano.

En este caso, tal y como usted lo explicó, senador Zepeda, esta es una determinación de la Junta de Coordinación Política.

Podríamos ir trabajando en una propuesta a la propia Junta, para que, en la terna que se enviada de acuerdo a la Constitución, por el Presidente de la República pudiera trasladarse, lo mismo que hicimos con los ministros, a un ejercicio más, digamos, minucioso, de preguntas y respuestas.

Recordará usted que, en el caso del Ministro, del nombramiento del Ministro, y también cubierto por el Canal del Congreso, fue una jornada de nueve horas, una jornada intensa, que nos permitió conocer cada uno de los perfiles.

Lo registramos y lo hacemos de conocimiento de la Junta de Coordinación Política, su propuesta.

Antes de empezar la comparecencia, yo le pediría al Presidente de la Mesa Directiva, si es tan gentil.

Perdón. Adelante, senador Mancera.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Sí, Presidente, muchas gracias.

Solamente para preguntar si este acuerdo, que ya es el acuerdo de la Comisión de Justicia, que recae al propio de la Junta de Coordinación Política, no tiene contemplado, no tiene transcrita, también, la publicidad que se dará a todos los comunicados, cartas, sugerencias que la ciudadanía haga llegar.

Es decir, en este acuerdo, dado que se está tomando todo lo que se dijo en la Junta de Coordinación Política y así lo planteamos, es que la ciudadanía estaría en posibilidad de hacer llegar cualquier comunicación en donde manifestara su opinión, y con el principio de máxima publicidad; es decir, para que se pueda consultar.

Entiendo que así se ha solicitado, pero no lo veo, pues, en el acuerdo, en este acuerdo del procedimiento que, entiendo que es para llevar a cabo las comparecencias, pero de cada uno de los comparecientes también habrá opiniones que la gente podrá estar realizando a través de la cuenta de correo.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Secretario técnico, ¿tiene algún comentario?

SECRETARIO TÉCNICO: Señor Presidente, efectivamente va a acompañar el informe respecto a las comparecencias de las y los aspirantes. Un informe vinculado a los comunicados que se hagan llegar en estos dos días de comparecencias a la Comisión de Justicia.

Va a ser por separado, para efecto de que demos tiempo a reunir finalmente el total de comunicados que se reciban en el correo de la Comisión de Justicia.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA: Lo que no veo es en el acuerdo, pues; o sea, no está mencionado.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Instruyo, si ustedes así lo consideran, a la Secretaría Técnica para que forme parte, no solamente de la modificación del procedimiento sino de la información que se remita a la Junta de Coordinación Política.

Por favor, licenciado.

Muy bien, atendida su solicitud…

SENADOR DANTE DELGADO RANAURO: Perdón, es que ahí está haciendo un señalamiento. Sí está incluido, a ver, si está incluido, léalo.

SECRETARIO TÉCNICO: No, está considerado de manera particular, en virtud de que el término está corriendo, hasta el día de mañana vamos a cerrar y entonces realizaremos dos informes: uno, respecto a las comparecencias; dos, respecto a los comunicados que lleguen al correo electrónico de la Comisión de Justicia.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Forma parte de la preocupación del senador Mancera.

¿Algún otro comentario?

Si no, le pediría al senador Martí Batres, Presidente de la Mesa Directiva, que nos haga favor de un mensaje en este proceso, en este procedimiento tan importante para la República.

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA: Muchas gracias senador Julio Menchaca.

Agradezco su cortesía, su amabilidad, y esa disposición, la invitación que me ha hecho para estar al inicio de estas reuniones.

Quiero coincidir ampliamente, con el acuerdo que se tomó para tener estas entrevistas.

Me parece, además, de la mayor importancia que sean públicas, con la presencia de los medios, de tal manera que la ciudadanía pueda conocer a quienes aspiran al cargo de Fiscal General.

Si senadoras y senadores de la Comisión tienen una gran responsabilidad, no obstante, ello pues se trata de la primera Fiscalía General. Es una transformación de la institución del ministerio público, y es de gran interés nacional.

Hay muchas mexicanas y mexicanos que están interesados en saber cómo se va a hacer ese nombramiento, quiénes participan, y conocer cada una de las etapas.

Para bien del Senado, me parece que se ha tomado una buena decisión, habrá que ver ya en otros momentos, como aquí se ha dicho, que los tiempos permitan tener reuniones tal vez más prolongadas, con preguntas y respuestas.

En este caso tenemos ya plazos perentorios encima. De todas maneras, va a ser muy importante tener la presencia de los 27 aspirantes que reúnen los requisitos de elegibilidad, para ser escuchados por la Comisión y, también, por la opinión pública.

Junto con otros principios de máxima publicidad, podemos tener, además, toda la información relacionada con este tema, antes de que se tome una decisión, para que finalmente pueda darse un acuerdo que tiene que ser por dos terceras partes.

Eso va a implicar buenos oficios de parte de los integrantes del Senado, en las diversas instancias, en este caso especialmente la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Senado, porque no es una decisión con mayoría simple. Ahí apelamos a la buena voluntad de todas y de todos, para llegar a ese acuerdo de dos terceras partes.

Y para darle, ya en el mes de febrero, me imagino, a principios del mes de febrero, calculando los plazos, que pueden variar si se anticipan las propuestas, pero para darle la noticia, la buena noticia a la sociedad mexicana, que ya tenemos Fiscalía General.

Me parece que, al respecto, la sociedad lo necesita, llevamos un lapso largo, con una ausencia de un titular, o una titular, definitivo en este cargo, y evidentemente ya nombrar a alguien con todo el procedimiento que marca la Constitución, pues le dará toda la fuerza del Senado y de la Presidencia de la República a quien esté en este cargo y, por lo tanto, la fuerza necesaria para enfrentar a la delincuencia, con honestidad y con principios, que es lo que está demandando la sociedad.

Gracias señor Presidente de la Comisión.

SENADOR JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR: Muchas gracias, senador Presidente.

Instruyo a la Secretaría Técnico inicie la invitación hacia la primera persona para que se presente en este salón y haga uso de la palabra.

Versión de la exposición de la doctora Eva Verónica de Gyves, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

Buenos días a todos, buenas tardes, creo, ya.

Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Señoras y señores senadores de la República, integrantes de este honorable órgano colegiado.

Soy Eva Verónica de Gyves Zárate, nacida en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Tengo 57 años de edad y tengo el título de licenciada en Derecho, expedido en el año de 1987.

Puedo afirmar que gozo de buena reputación profesional y personal, no he sido condenada por ningún delito y, por ello, cumplo con los requisitos que marca el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es para mí un privilegio estar en este recinto y manifestar mi legítimo interés en presidir la Fiscalía General de la República. Esto es un desafío, pero créanme, me forjo metas y trabajo incansablemente para conseguirlas.

Quiero expresar algunos motivos que me impulsan a presentarme ante ustedes, para ser enlistada en la búsqueda de ser la próxima Fiscal General de la República.

Es aportar mi experiencia y trabajo cotidiano; mi vida profesional ha sido la aplicación de la ley. Soy servidora pública desde hace más de 30 años; fui defensora de oficio; agente del Ministerio Público y Juzgadora en materia Penal, durante 15 años. Y desde hace 10 años, soy magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Fui ratificada por la Asamblea Legislativa y, por ello, puedo afirmar que conozco todas las aristas del proceso penal.

No he ocupado un cargo político ni partidista en ningún momento, y mi desempeño laboral siempre ha sido con profesionalidad, vocación de servicio, dedicación y mucha responsabilidad.

Además de mi licenciatura, cuento con estudios de Maestrías en Derecho Procesal Penal, en el Sistema Acusatorio Penal; tengo especialidades y diversos cursos a lo largo de mi vida profesional.

Tengo la convicción de que sea elegida como Fiscal General, propugnaré y defenderé la autonomía e independencia de la nueva Fiscalía General de la República, en dos sentidos:

Uno, estar al frente de un órgano auténticamente libre de cualquier injerencia privada o pública. Esto es, que no se permita a nadie influir indebidamente en la tramitación de los asuntos, por razones políticas o de cualquier otra índole. Y dos, que en posición de órgano autónomo, pueda correctamente actuar conjuntamente con los tres Poderes constituidos y saber coordinarme en las labores con las áreas que apoyen y sostengan las investigaciones penales correspondientes.

Es claro que el principal reto será obtener la confianza de la población, utilizando las atribuciones otorgadas a la ley. Estoy plenamente convencida de que podré y tendré la disponibilidad de escuchar las voces ciudadanas; de las organizaciones civiles, de las víctimas, de los imputados y, en conjunto, dar respuestas correctas, oportunas a los reclamos que existen.

De llegar a ser Fiscal General de la República, trabajaré con ahínco para que no haya más señalamientos de vejación a los derechos humanos; no más excesos, no más abuso de autoridad, porque todo esto desacredita y desprestigia a la institución de procuración de justicia.

La Fiscalía General de la República, representa una nueva oportunidad para resolver la problemática del fenómeno delictivo en nuestro país, que se ha acrecentado en los últimos años. De ser elegida, cumpliré con el mandato normativo que establece el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, relativo a considerar los aspectos y elementos para el Plan de Persecución Penal.

Hacer expedita la justicia, significa darle trámite a esos expedientes que existen sin resolver y sin consignar, del sistema tradicional. Y no se diga en el Proceso Penal Acusatorio, oral, en que hay sin judicializar miles de carpetas.

Para ello, se intensificará la formación de personal altamente responsable y profesional, cuyo objetivo principal es el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, que el culpable no quede impune y, sobre todo, respetar los derechos de las partes.

En esta nueva etapa, los institutos o centros que pertenezcan a la Fiscalía General de la República, deberán dedicar aproximadamente un 80 por ciento de sus actividades en la formación del personal de la Fiscalía; porque esto será el motor del cambio, propiciando una formación real e integral del servidor público, reconociendo la trascendencia de sus servicios y la importancia que tienen sobre todo en estos momentos para el país.

Atendiendo a esto, hay que determinar las conductas delictivas ante la elevada incidencia se convierten en focos rojos a nivel nacional, por tanto, en algunos casos será necesario atraer los asuntos que lo ameriten por alto impacto, y en otros, se debe actuar coordinadamente con los órganos de procuración de justicia de los estados.

Esto, permite realizar un diagnóstico de dónde están sucediendo los hechos delictivos en los municipios, en las regiones de las entidades federativas y detectar qué delitos son. Tales acciones ayudan a no fragmentar las investigaciones y siempre tener información pertinente y veraz.

En colaboración con diversas autoridades, trabajar en forma coordinada para dar resultados eficientes en contra de la delincuencia.

De esta suerte, y atendiendo a los indicadores que surjan del diagnóstico que se realice, se combatirán los delitos debidamente identificados y se establecerán las unidades regionales, que atenderán el fenómeno criminal; con base en las características particulares que se produzcan en cada región del país; así como los delitos que trascienden las fronteras y por ello, se necesita intercambio de información a nivel global.

Por ello, se requiere personal especializado, identificado con las peculiaridades regionales, poblacionales y geográficas, para establecer formas de actuación en el combate a la delincuencia, incentivando el trabajo en conjunto con diversas entidades involucradas en los fenómenos delincuenciales; con estrategias específicas, acciones multidisciplinarias, retroalimentándose para realizar las investigaciones de manera puntual; optimizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos de cada región, intensificando el traspaso de información constante y la coordinación.

Para ello, es necesario realizar un método de trabajo, utilizando las unidades correspondientes para que exista coherencia entre las Fiscalías regionales y que las investigaciones se hagan en el tiempo adecuado, sin retrasarlas; pero tampoco que se hagan con rapidez inaudita, menos aún que se integren sin elementos de prueba para sostener el proceso ante el órgano jurisdiccional.

Constitucionalmente, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, corresponde al Ministerio Público; y consecuentemente una estructura básica y funcional debe replicar en los circuitos judiciales, en la Fiscalía General de la República.

No debe perderse de vista la importancia y trascendencia que se debe tener, de verificar los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos jurisdiccionales; sobre todo en las resoluciones en que se conceda la libertad, por errores o una mala práctica en la investigación; ¿para qué? Para corregirlos, para no volver a caer en ellos.

Además, debemos identificar los criterios jurisdiccionales adversos.

Si me permiten, les quiero compartir un recuerdo:

Al iniciar mi experiencia como juzgadora, escuchaba decir a mis compañeros con mayor antigüedad en el cargo, que al momento de resolver cualquier situación legal sólo existe un expediente, la legislación y la decisión de la deliberación. Sin amigos, sin familiares en quien apoyarse. Nadie con quien compartir la responsabilidad.

Eso es cierto. Y esta responsabilidad se asume en la soledad, con plena independencia y la libertad del compromiso del cargo; y así he resuelto miles de asuntos, pero entendiendo siempre que se trata de personas, de seres humanos, tanto víctimas como imputados; pero eso no quiere decir que uno sea parcial al momento de resolver.

Y por eso, les digo que estoy acostumbrada a decidir de manera profesional, responsable, imparcial, sin injerencia de ningún tipo y es esta misma experiencia, la que deseo poner al servicio de la Fiscalía General de la República. Estoy preparada para enfrentar el gran reto que representa la transformación del órgano de procuración de justicia en nuestro país.

Espero que al haberme escuchado, realicen una valoración sin prejuicios, que observe mi trayectoria, desempeño laboral, en el cual siempre he actuado con lealtad a las instituciones a las que yo he representado.

Tengan la seguridad de que presidir la Fiscalía General de la República, me llenaría de orgullo, como a cualquier mexicano.

Muchas gracias.

Versión de la exposición Mónica Cecilia Luna Barrientos, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muy buenos días, los saludo agradablemente esta mañana.

Efectivamente, mi nombre es Mónica Cecilia Luna Barrientos. Como ustedes podrán advertir en el currículum, soy agente del Ministerio Público activo, de la extinta Procuraduría, hoy Fiscalía. Y vengo a comparecer para efecto de manifestar mi intención de nombrarme Fiscal.

Me hacen ustedes una pregunta clave y fundamental; ¿por qué nombrarme Fiscal General?

Porque considero que tengo los conocimientos, la preparación y, sobre todo, la voluntad de sacar avante esta institución.

Se nos está dando una oportunidad de partir de una institución que pretende, precisamente, recuperar la confianza de la ciudadanía; de combatir arduamente ese mal que nos aqueja, como son los delitos.

Como Fiscal, que soy actualmente, he vivido día a día y veo las problemáticas y necesidades que existen o existían en la extinta institución.

Esta ley nos permite partir, precisamente, con esta nueva estructura que se nos está dando y esta oportunidad que se le va a dar al Fiscal, para lograr algo que lo veíamos muy lejos. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de crear un plan; un plan tendiente a ser efectivo y eficaz.

¿Por qué? Porque pretendo dirigir una institución en donde se persigan, se investiguen los delitos y también aperturarnos a soluciones alternas. Es decir, que nosotros como Fiscalía no solamente vayamos a ejercer acción penal en delitos de peccata minuta que nos quitan muchísimo tiempo, en donde podemos llegar a una solución alterna.

Pretendo, precisamente, durante la transición, seleccionar y sanear el actual personal de lo que es la Fiscalía. Se necesita un saneamiento, se necesita que precisamente esas personas que actualmente están ahí, sean las personas idóneas y capacitadas para poder desempeñar los trabajos que tenemos encomendados ante esta sociedad.

¿Qué pretendo al momento de dirigir la Fiscalía? La ley me permite crear organismos, unidades que, si bien es cierto, ya hay una estructura en la Ley de la Fiscalía; me va a permitir a mí poder crear precisamente esas instituciones para lograr lo que yo pretendo, que es una profesionalización.

Una profesionalización en todos y cada uno del personal que integra o integrará la Fiscalía. Un personal que sea sensible, porque no solamente investigamos y perseguimos delitos; sino que además nosotros tratamos con personas y esa parte nosotros tenemos que sensibilizarnos, porque es la sociedad quien está confiando en nosotros, es la sociedad que nos pone a nosotros al frente, creyendo que somos capaces de lograr ese trabajo.

Entonces, ¿cuál es mi plan? Elegir perfiles idóneos; elegir perfiles que vayan destinados a cada una de esas unidades de los delitos que tendrán que investigarse.

Tendré que, para esto entonces, actualizar al personal, ver precisamente las debilidades que existen en cada una de estas cuestiones e intentar corregirlas. ¿Cómo? Capacitándolos, actualizándolos a través de personas que sean las idóneas y las aptas para poder desempeñar este trabajo.

Necesitamos ser eficientes, necesitamos ser eficaces, que con lo mucho logremos lo que podamos lograr, que es el objetivo de hacer frente, que no sea un obstáculo el hecho de que digamos “no tenemos esto”. Hay que lograr lo más, con lo menos.

Tenemos la capacidad, tenemos el personal, y también aquellos que pretendan aspirar a la Fiscalía, tendrán que someterse también a este tipo evaluación para pertenecer, porque necesitamos personas capacitadas y preparadas; no personas improvisadas, no personas que no sepan dónde están paradas.

Esta institución requiere, precisamente, de un grado que nosotros debemos desempeñar con principios que debemos de traerlos muy, muy identificados, para efecto de evitar precisamente, lo que es que se genere impunidad. Debemos efectivamente, a través de nosotros que somos el filtro, que somos los que investigamos y perseguimos en su momento y que nos pone a nosotros precisamente, es darle esa certeza a esa sociedad, que está confiando en nosotros; pero también principalmente al Estado, de que vamos a combatirlas y vamos a erradicarlas.

Vamos a darle respuestas a la sociedad a través de una institución que sea capaz, precisamente, no solamente de personas capacitadas que vayan y cubran perfiles idóneos, donde deban de estar. Cada persona de nosotros tenemos muchas cualidades, sin embargo, todos somos especialistas en una; hay que saber explotar eso, hay que saber identificar a esas personas y hay que ponerlos en los puntos estratégicos.

Personas que van a estar enfrente, que sepan precisamente lo que se va a hacer para que al momento de que se gire o se ordene una instrucción, sea congruente o idóneo con lo que existe en la ley. Nosotros no podemos hacer nada que no está escrito en la ley y, por lo tanto, nosotros no solamente debemos apegarnos a la Constitución; sino a los tratados internacionales, porque queremos una Fiscalía que respete los derechos humanos y, sobre todo, que empodere a la víctima.

Una figura que ha estado en el anonimato, que no le hemos dado esa oportunidad y que se siente lacerada y lastimada por nosotros, que incluso llegamos a revictimizarlas. Eso hay que evitarlo, hay que sensibilizarnos.

Hay áreas muy específicas, como en adolescentes, en donde lamentablemente no sabemos tratarlos o incluso en delitos en donde la víctima ya viene lastimada, y nosotros no tenemos esa sensibilidad. ¿Qué necesito yo? Que estando enfrente, pueda decir “mi personal tiene que estar ahí, con esa capacidad y esa sensibilidad de tratarlos”.

¿Qué necesitamos? Igual, esta Fiscalía necesita una colaboración tanto intra como interinstitucional. ¿Por qué? Porque no estamos solos; la Fiscalía necesita precisamente de la colaboración de otras dependencias, entre nosotros mismos.

Hay una operación entre lo que debe ser Ministerio Público, Perito y Policía; que debemos de trabajar a la par. Necesitamos también que otras dependencias nos faciliten la información para poder investigar y perseguir esos delitos.

Luego entonces, no solamente estamos hablando de relacionarnos con nuestras propias dependencias; sino estamos hablando de nivel federal, local, estatal, incluso internacional, porque la delincuencia impera en todos los puntos, en todos los países.

Luego entonces, tenemos que coordinarnos para efectivamente, combatir uno a uno y a la par, y todos juntos, lo que es la delincuencia.

De igual manera, he hablado mucho de que tenemos que responderle a la sociedad, tenemos que darle esa participación ciudadana, tenemos que convocarlos también para generarles precisamente esa confianza y puedan venir a acudir con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos investigar.

Muchas veces, esa información nos la da la ciudadanía y, si la ciudadanía no confía en nosotros, no nos proporcionará esa información; lo que generará impunidad.

De igual manera, propongo y debe ser necesario, que aun cuando la Fiscalía sea autónoma, debe rendir cuentas; debe ser un organismo en donde muestre precisamente lo que se hace en el transcurso, ya sea de un año, para efecto de manifestar qué es lo que se está haciendo y en qué estamos fallando.

Mostrar cifras a la sociedad y que sea ésta, conforme a la realidad que impera y diga que, efectivamente, es correcta o no es correcta la información que estamos dando.

Creo que mi experiencia que tengo como Fiscal y la preparación que he tenido en las diferentes áreas académicas, maestrías, me permite aperturarme y me permite tener las herramientas para dirigir una institución que tiene una tarea muy complicada; sin embargo hay que salir avante y tenemos que hacerlo lo mejor posible.

Si el titular de la cabeza, lamentablemente no sabe o no está preparado para dirigir, no conoce la problemática; luego entonces tendríamos un retroceso.

Gracias.

Versión de la exposición de José Alberto Rodríguez Calderón, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República

Muchas gracias, señor Presidente de esta Comisión de Justicia.

Saludo con mucho gusto a las y los senadores presentes en esta sesión.

En primer lugar, quisiera agradecer en todo lo que vale a la Junta de Coordinación Política el que estemos presentes ante ustedes. El que tengamos la oportunidad de ser escuchados, de interactuar con ustedes y que podamos de alguna manera igualmente estar ante los medios de comunicación y que la ciudadanía se dé cuenta quiénes somos las personas que estamos interviniendo en este proceso que es inédito en el país y que obviamente marcará una ruta crítica a partir de este momento.

Este es un ejercicio público, democrático y de plena transparencia que sin lugar a dudas caracteriza las principales cualidades y fortalezas del Sistema Penal Acusatorio Adversarial ya vigente en nuestro país.

Como es del conocimiento de todas y todos ustedes, desde el año 2008 nuestro país viene viviendo una serie de cambios que han sido los más importantes en materia jurídica en el último siglo.

En junio del año 2008, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma, de la gran reforma constitucional que dio como resultado el aterrizaje en años posteriores de lo que es el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, junto con las reformas en materia penal y penitenciaria son ahora las bases de esto que estamos viviendo.

Esta reforma, complementada con la reforma constitucional de 2011, la cual modificó de origen el contenido del artículo 1º constitucional en materia de Derechos Humanos, a través de la vigencia y la aplicación de los principios pro persona, principio de universalidad y el principio de convencionalidad. Antes, estos principios no eran aplicables ni estábamos en la posibilidad de conocerlos con una aplicación real, directa y efectiva en favor de la ciudadanía.

Junto con ello, en el año 2014, el Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Éste es el primer ejercicio del Estado Mexicano en materia penal adjetiva que hace, por primera ocasión, homogéneo el procedimiento penal en todo el país, abonando con ello en favor de la seguridad y la certeza jurídica de todos los mexicanos.

La gran reforma que ahí se menciona al inicio, la gran reforma penal del año 2008, como es del conocimiento, reitero, de todos ustedes, incluye la creación de un nuevo sistema de ejecución de sanciones. Esto es, de un nuevo Sistema Penitenciario Nacional, a través de un instrumento jurídico que es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente en nuestro país desde el mes de junio de 2016.

Estas tres bases, el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la reforma de Derechos Humanos y el nuevo Sistema Penitenciario, sin lugar a dudas son los pilares en los que ahora se desarrolla y evolucionan las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Nuestro país, lo refería hace un momento, tiene una gran deuda con los mexicanos. Esta deuda con los mexicanos obliga a que el sistema cambie y evolucione, que nos mantengamos en una línea de consolidación de lo que ya viene trabajándose.

Son 10 años ya de la expedición y de la publicación de la reforma al Sistema Penal en todo el país. A 10 años, en el año 2016, ocho después de lo que fue la Vacatio legis de esa reforma.

En el año 2016, es cuando entró en vigencia el nuevo sistema. Ahora tenemos dos años de experiencia en el sistema y 10 años de que se generó esa gran reforma.

El sistema se encuentra en una fase de perfeccionamiento. El sistema  no está consolidado, el sistema está en vías de consolidación y que se requieren grandes esfuerzos para poder hacerlo. Esfuerzos en materia legislativa, esfuerzos en materia de la operación directa en la procuración de justicia, administración y prevención, en lo que nos interesa en este momento, lo que sería directamente la posibilidad de hablar sobre la Fiscalía General de la República y empezaría yo estableciendo algunos contrastes de lo que se deja atrás, que es la PGR, y lo que ahora viene, que es la Fiscalía General de la República.

La institución, la nueva Fiscalía será un órgano especializado en sus funciones. En contraste con lo que anteriormente hacía la PGR, sólo podrá presentar acciones de inconstitucional en materia penal y procesal penal, únicamente.

Antes, PGR tenía la amplitud completa para poder presentar acciones de inconstitucionalidad en todas las materias; ahora solamente es en materia penal y procesal penal.

¿Qué significa? Estamos especializando la institución.

La Fiscalía dejará de representar jurídicamente a la Federación en asuntos, tanto en materia civil, mercantil, administrativa, fiscal, agraria, etcétera. Su objetivo será única y exclusivamente la materia penal y procesal penal.

Sólo se podrá denunciar ante el Poder Judicial de la Federación las contradicciones de tesis. Igualmente sólo en materia penal y procesal penal.

Estas funciones que fueron eliminadas y en algunos casos acotadas hacia la Fiscalía General, tienen el objetivo específico de que la institución, la Fiscalía General de la República concentre sus esfuerzos únicamente en un objetivo central, la investigación y la persecución de los delitos. Esto es, convertirla en un ente jurídico únicamente especializado en esta materia.

Lo que a continuación pongo a la consideración de todos ustedes, son algunas reflexiones que espero sean valoradas, que espero sean tomadas en cuenta y que, en su momento, cuando venga la decisión, cuando venga la votación en la cual cada uno de ustedes y, junto con los demás compañeros que conforman el Pleno, tengan la posibilidad de conocer y de saber cuáles serían algunas propuestas que desde la perspectiva de su servidor pudiera ayudar a consolidar y a fortalecer la Fiscalía General de la República.

Primero. Con el objetivo de apoyar el recurso humano, principal recurso de la Institución, a través de un legítimo reconocimiento al mérito, fortalecer y consolidar el Servicio Profesional de Carrera que ya está regulado en la nueva Ley Orgánica.

Segundo. Promover la descentralización de funciones de la Institución, a través de la creación de fiscalías regionales, sólidas, eficientes, que integren todas las funciones para una efectiva investigación y persecución de los delitos en todo el país.

Ya no podemos mantener una institución centralizada, una institución donde lo que ocurre en Chihuahua, en Tamaulipas y en Tabasco, tenga que ser conocido por fuerza en la Ciudad de México.

Las fiscalías regionales son una opción de descentralización de la institución.

Tercero. Realizar un análisis y acciones para la redistribución del personal de la institución, derivado de las disposiciones vigentes en la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, en su artículo décimo séptimo transitorio, fracción II.

Las funciones que venía haciendo la PGR y que ahora ya no va a realizar la Fiscalía, tienen como resultado que el personal que ya no va a ser utilizado en la Fiscalía tiene que emigrar hacia las áreas y hacia las instituciones que ahora van a realizar esas funciones; lo cual significa que la Fiscalía General reducirá su personal en esta materia.

Cuarto. Propiciar la interacción activa y eficiente con el Congreso de las Unión, para proponer, analizar y discutir reformas constitucionales y legales que son necesarias e indispensables, ¿para qué? Para que se permita que el actuar de la Fiscalía realmente sea eficaz y se materialice en resultados y acciones que sean contundentes contra la delincuencia y que la ciudadanía lo vea y lo note.

En materia de víctimas del delito, se propone apoyar y ampliar la función que tiene la institución en este tema. Además, promover la creación de una instancia interinstitucional, estatal y federal, que armonice todos los esfuerzos oficiales que actualmente existen en esta materia.

Sexto. Promover la creación de un Programa Nacional de Cultura de la Legalidad, a través de acciones interinstitucionales, estatales y federales; a través de prácticas amigables, efectivas en favor de toda la sociedad, principalmente niñas, niños y adolescentes.

Última, y pido disculpas por el exceso de tiempo. Apoyar decididamente las funciones del Consejo Ciudadano de la nueva Fiscalía, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley Orgánica. Asimismo en materia de prevención del delito, que también está contemplado para la Fiscalía promover la participación de dicho Consejo Ciudadano y de la sociedad en general, en un reto importantísimo que podría ser el Programa Nacional de Cultura de la Legalidad.

Con esto, agradezco enormemente la atención y el tiempo que el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política y por supuesto la Comisión de Justicia nos ha dado.

Agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias.

Versión de la exposición de Estela Cadena Azcona, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Buenas tardes.

Con su venia, señores y señoras senadoras.

Antes de iniciar con mi intervención, agradezco a esta Comisión de Justicia, por el espacio permitido, siendo innovador el proceso de selección, al posibilitar la presentación oral de las propuestas de trabajo de los distintos candidatos.

Sin duda que nos encontramos frente a un cambio sustancial en el procedimiento de elección al cargo que nos ocupa.

La historia de la inseguridad pública, el nacimiento y el desarrollo de los fenómenos delincuenciales, así como grupos, cárteles, asociación delictuosa y delincuencia común, vienen de la mano con el mismo desarrollo y crecimiento de las sociedades en todo el mundo, diferentes causas y motivos son los que facilitan el nacimiento, desarrollo y consolidación de fenómenos criminales.

En nuestro país, existen registros históricos que, desde la era prehispánica, imperios como el Azteca y Maya, tenían reglas muy estrictas para controlar la delincuencia.

A lo largo de la historia de México, hemos sido testigos, y en ocasiones partícipes, en diferentes momentos donde la delincuencia y la inseguridad han reinado en nuestra sociedad.

Fue en los años 90 cuando en nuestro país se empezaron a manifestar grupos delincuenciales verdaderamente violentos, organizaciones liderales, como la de Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, Andrés Caletri, vinieron a obligar a que la sociedad exigiera a los Tres Poderes de Gobierno, acciones contundentes para frenar la inseguridad pública que se estaba presentando a través del fenómeno delincuencial llamado secuestro.

Es así como en 1996 surge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que entre sus objetivos principales, era atacar, contundentemente, a los grupos organizados que estaban cometiendo el delito de secuestro.

Sin embargo, sólo se limitaba a contener este fenómeno criminal, sino que, dentro de su catálogo se sumaban otros delitos, como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de indocumentados, el acopio, el tráfico de armas, la corrupción de menores, la trata de personas, entre otros.

Asimismo, otro de sus objetivos era inhibir, a través de amenazar con más de 40 años de cárcel, a los responsables de cometer estos delitos y, por último, otro de sus objetivos era evitar que la delincuencia común se convirtiera en delincuencia organizada.

Sin embargo, han pasado más de 20 años, desde la publicación de esta Ley, y no se ha visto reflejado el cabal cumplimiento de tales objetivos.

Es momento de reconocer que con los resultados de las anteriores estrategias se ha fallado en el intento de proporcionar seguridad, paz, y orden social.

En este momento, podemos establecer que es necesaria una procuración de justicia eficiente, que logre los objetivos constitucionales de esclarecer los hechos, que proteja al inocente, que procure que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

De igual forma, también se debe reconocer que no todo ha estado mal o ha fallado.

Por ejemplo, la reingeniería operativa y las acciones de la Policía Federal, que dieron origen a la creación de la Agencia Federal de Investigación en el año 2001, dieron como resultado estrategias operativas y de inteligencia contra la delincuencia organizada, que ya no se han vuelto a ver.

El problema no fue la creación de la AFI, sino la falta de comunidad, continuidad, de mejoramiento y perfeccionamiento, así como de evaluaciones constantes de desempeño, de distintas estrategias y políticas públicas en materia de combate y corrupción.

Cada que llega una nueva administración, ha impuesto sus ideas sin evaluar, previamente, los resultados de los programas que, encaminados al borrón y cuenta nueva, ha desgastado a la ciudadanía a lo largo de todos estos años y no ha permitido que se forje la consolidación de una sociedad avanzada.

Es momento de evaluar y reconocer, también, los resultados con efecto óptimo de otras administraciones, darles continuidad potencializarlos.

Por lo anterior, es de suma importancia que se considere una verdadera Fiscalía de vanguardia, bajo un enfoque de procesos interconectados, orientados a alcanzar y evidenciar resultados tangibles en corto y mediano plazo, acorde a las expectativas del Sistema Penal Acusatorio, y que esté en condiciones de combatir los delitos de mayor impacto que afectan al país, los cuales son narcotráfico, delitos económicos y financieros, robo de hidrocarburos, lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, delitos ambientales, contrabando y corrupción.

Por otra parte, es notable destacar que el perfil idóneo para cubrir estas expectativas, además de cumplir con la formación de un extraordinario académico e investigador, debe contar con el conocimiento empírico de trabajo, como es el caso de su servidora, quien conjuga ambas actividades con un desarrollo como catedrática e investigadora a lo largo de más de 15 años en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otra parte, con 37 años de experiencias en la procuración de justicia, de los cuales 17 años estuvieron ejercidos en el Fuero Común, en el puesto de agente del Ministerio Público, hasta llegar al cargo de Subprocuradora Estatal, sumándose 20 años más en el Fuero Federal, como delegada estatal de la Procuraduría General de la República, en seis estados del país.

Cabe resaltar que, en dicho cargo, la de la voz ha sido la servidora pública con mayor tiempo ininterrumpido en la historia de la PGR, como delegada estatal, años en los cuales, como fines primordiales tuvo bajo su tutela, el velar por el estricto respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Asimismo, observar con detalle la atención de vida a las víctimas y a los imputados.

Además, es importante señalar, que, a lo largo de este periodo de ejercicio público, la hoy presente jamás ha sido investigada e involucrada en algún delito delictivo, siendo mucho menos asociada con un delito de corrupción.

Bajo los ejes del respeto a los Derechos Humanos, protección a víctimas, transparencia ciudadana, austeridad republicana y combate a la corrupción, se propone:

Primero. Un modelo objetivo integral que permita articular la política de seguridad y justicia, así como visualizar una proyección de resultados en corto y mediano plazo, optimizar recursos, evitar duplicidades y trabaos segmentados, además de continuidad de los casos de éxito, etcétera.

Segundo. Un modelo efectivo de profesionalización, acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, nuevos perfiles, conectividad y automatización gradual. Existe electrónico único, expediente, y transparente, capacitación modular con enfoque de taller interdisciplinario.

Tercero. Un programa de sensibilidad y gestión del cambio que involucre a todos los niveles de la organización y que propicie el cambio cultural con el enfoque de trabajo de equipo y liderazgo.

Cuarto. Una comisión estratégica interdisciplinaria, operadores y consejo ciudadano, para monitorear y evaluar perfectamente bien los avances del proceso de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En suma, para finalizar, cabe enfatizar: que los diversos componentes expuestos con anterioridad, permitirán organizar y ejecutar de manera mejor las atribuciones que le fueron encomendadas recientemente a la nueva Fiscalía General de la República, con el objeto de garantizar que habrá cambios substanciales en la forma de procurar justicia y de generar resultados tangibles en el país, para recuperar la confianza ciudadana, que tanta falta hace en nuestro México, más aún, cuando existen grandes expectativas de cambios profundos por parte de nuestra comunidad, que ha sido directamente afectada.

Gracias por su atención.

Versión de la exposición del doctor Gabriel Hernández Campos, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Con la venia, señores senadores. Muy buenas tardes.

Hablar de uno, quizá sea un poco complejo y no caer en posturas egocéntricas. Espero no hacerlo y me voy a permitir comentarles quién es Gabriel Hernández Campos.

Soy un poblano que nació en 1967, que toda su vida ha vivido en Puebla. Un estudioso del Derecho, tengo dos Licenciaturas, dos Maestrías, un Doctorado y un Postdoctorado.

Soy abogado postulante. Desde que concluí mis estudios universitarios, como licenciado en Derecho, además de estudiar me dediqué a ejercerlo. Todos los días estoy en tribunales. Todas las semanas participo en audiencias del Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial; en algunas ocasiones como asesor victimal y la mayoría de las veces como defensor particular.

Han pasado por mis manos asuntos importantes, algunos de impacto nacional, otros de impacto internacional, como fue el caso Gadafi, también conocido como “operación huésped”. Yo fui el defensor de dos de los cuatro implicados: de un danés, Pierre Christian Flensborg; y de un mexicano, José Luis Kenney Prieto; de los cuales, en el 2013 logré su libertad.

Como abogado postulante me he percatado en diferentes ocasiones, de las inconsistencias que luego se llevan a cabo con el sistema tradicional, con el sistema inquisitorio, en la integración de las averiguaciones previas, con el sistema acusatorio adversarial, con la integración de las carpetas de investigación.

Todos los sistemas y todos los seres humanos somos perfectibles. Requerimos, día a día, seguirnos capacitando para los nuevos retos a los que nos enfrentamos en la sociedad.

¿Por qué mi aspiración a ser Fiscal General de la República, una institución ahora de reciente creación, que sustituye a lo que fue la Procuraduría General de la República?

Si bien es cierto, compete a la Fiscalía General de la República la procuración de justicia, debemos verlo en sus dos aspectos: no solamente en la persecución del hecho delictivo, sino en el aspecto de cómo evitarlo. Quizá ahí es donde hemos fallado.

Si acudimos a algunas estadísticas, en nuestro país únicamente el 10 por ciento de los hechos delictivos se denuncian. Y con la denuncia de ese 10 por ciento de los hechos delictivos, las Fiscalías de los estados, la Fiscalía, ahora Fiscalía General de la República, pareciera que no son suficientes para poder atender a las personas víctimas de un delito.

Debemos aspirar a una institución que esté humanizada, a una institución de puertas abiertas. Si ustedes, a la sociedad, a cualquier individuo le cuestionan sobre qué es lo primero que llega a sus mentes cuando escuchaba Procuraduría General de Justicia, en los estados o Fiscalías de los estados o Procuraduría General de la República, invariablemente les van a contestar en dos sentidos: miedo y desconfianza.

Necesitamos devolver la dignidad a esta institución que por excelencia debe procurar y defender los derechos humanos de todos los habitantes de este territorio.

Por eso, mi propuesta es una Fiscalía de puertas abiertas. Nada a escondidas, todo con transparencia. Empecemos a llamar las cosas por su nombre.

La ola de delincuencia que vivimos en el país ha llegado a niveles insospechados. Yo provengo de un estado que tradicionalmente era tranquilo. Todos los días que nos amanecemos y vemos las noticias, invariablemente habrá una sobre alguna ejecución.

Los hechos delictivos cada vez se cometen con más violencia; los medios comisivos cada vez son más violentos. Es importante que todos, como mexicanos porque vivimos en el mismo territorio, le rendimos honor a la misma Bandera, y cantamos el mismo Himno Nacional, es responsabilidad de todos abatir los índices de delincuencia.

Soy una propuesta ciudadana. Yo no tengo compromisos con nadie más que con mi país. Tengo compromisos con mis hijos, con los hijos de ustedes, con toda la sociedad.

Yo recuerdo cuando tenía 10 años y que tranquilamente, en los periodos vacacionales o los fines de semana, jugaba con mis vecinos “bote pateado” hasta altas horas de la noche. Y recuerdo que nuestras madres salían y nos decían “ahí viene el robachicos”. El robachicos no existía, era una forma de invitarnos a que regresáramos a nuestras casas y durmiéramos, descansáramos, para el día siguiente.

Ese es el país que yo quiero. Construyamos la paz en nuestro país.

No es responsabilidad de una institución. No es responsabilidad únicamente de una persona. Es responsabilidad de todos los mexicanos. Por eso, en el proyecto que yo encabezo, que es un proyecto que proviene de la sociedad -no es un proyecto exclusivamente de Gabriel Hernández,- es un proyecto de muchas personas que apoyan esta idea, de muchas asociaciones de carácter civil, de la Federación Nacional de Padres de Familia, de muchas entidades, de muchas organizaciones civiles que están preocupadas por lo que está sucediendo en nuestro país.

Tendremos que construir, insisto, la paz entre todos. Por eso, en el momento en que llegase yo a la Fiscalía General de la República como titular de la misma, convocaré a todas las corrientes ideológicas, a todas las asociaciones civiles, a todos los estudiosos del Derecho, para que conjuntamente diseñemos el Plan de Persecución Penal. Pero además, diseñemos un plan para la prevención del delito.

¿Qué está sucediendo en las escuelas? ¿Qué está sucediendo en la sociedad en general?

Si ustedes acuden a los centros penitenciarios, tanto de orden estatal como federal, se quedarán sorprendidos al ver que el 70 por ciento de la población son personas entre 18 y 26 años. Estamos fallando como sociedad.

Hagamos los replanteamientos necesarios. Tomemos las cosas buenas que se han hecho en otras administraciones; pero las que no han dado resultado, no tendríamos por qué seguirlas aplicando. Insisto, convoco a toda la sociedad mexicana a que se sumen a este esfuerzo.

Por mi parte es todo. Les agradezco estos momentos.

Versión de la exposición de Jorge Adalberto Cruz Medina, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

Señoras, señores senadores:

Para mí, estar aquí ante ustedes, es ya un privilegio y un honor. Se los agradezco.

Y qué bueno que el procedimiento se abrió a esto, para que nos dieran esta alternativa.

Quisiera abordar esta cuestión del siguiente enfoque. Les quiero decir el quién, el cómo, el dónde, el por qué y para qué, que son las primeras preguntas que se hace todo investigador de un delito.

Soy de Tijuana, Baja California, tengo 59, bueno, no me quiero quitar los años, voy a cumplir 60 en unos cuantos meses.

Estudié leyes en la Universidad Autónoma de Baja California.

Siempre tuve el interés y la inclinación por trabajar en el gobierno.

He sido un servidor público toda mi vida, 38 años tengo trabajando en el gobierno.

Y, una de las cuestiones que siempre he dicho, sé quién es quién en el gobierno, porque yo he vivido muchas cosas.

Estuve en Tijuana, en Tecate, después estuve aquí en la Ciudad de México, donde me desarrollé en diversos puestos como servidor público, en diferentes dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Una vez me preguntó el subsecretario de la Contraloría, cuando me mandó de contralor de un banco, del Banco Nacional de Comercio Exterior, me preguntó Ismael Gómez Gordillo, y me dijo: ¿qué experiencia tiene usted como contralor?

Yo en ese entonces era el Director General de Quejas y Denuncias de la Contraloría, Arsenio Farell era el secretario.

Y le dije a Ismael Gómez Gordillo: “Mire, licenciado, mi única experiencia es haber trabajado con una persona que está reconocida dentro del ambiente de la administración pública, porque ha propuesto cambios importantes en la administración”.

Yo trabajé -le digo- con José Francisco Ruiz Massieu, fui secretario técnico en la Oficialía Mayor de Salud, y me tocó la descentralización y desconcentración de esa Secretaría, cuando se transforma y se envían todos los recursos y se le da a los servicios coordinados de salud, en aquel entonces, en cada Estado, el potencial para que pudieran atender al derechohabiente.

Tengo la experiencia de haber trabajado con un diplomático cuyo desempeño forma parte de la historia diplomática de México a nivel internacional, yo trabajé con Gonzalo Martínez Corbalá, llegué a ser hasta su secretario particular en el ISSSTE.

Tengo la experiencia de haber trabajado con un tecnócrata, cuando trabajé en el Banco Nacional de Comercio Exterior, con Saúl Trejo Reyes, cuyo libro sobre economía y fomento al empleo es obligado en las facultades de economía. Y le contesté: esa es mi experiencia.

A lo que quiero llegar es, que en la administración pública me ha tocado ver todos estos cambios, en particular la PGR, que tiene 24 años cambiando, cada sexenio se está transformando.

Y creo que este cambio, que es histórico, no es nada más de nombre, sino como lo hemos visto, producto en toda una transformación del Sistema Penal Mexicano, en donde buscamos y se pretende, con las leyes que ustedes han aprobado -por eso tampoco quiero llegar a detalles de las leyes porque ustedes las aprobaron-, llegamos a tener ahora una Fiscalía que nos permite, por un lado, combatir al crimen y, por otro lado, respetar los derechos humanos de las partes.

El detalle está en que tenemos que combatir al crimen, pero lo tenemos que combatir con inteligencia y respetando los derechos y garantías que tienen todos los mexicanos.

No podemos llegar, de manera arbitraria, a complementar o integrar averiguaciones o investigaciones que no pasan el filtro de lo más elemental que exige la propia ley.

Me he desempeñado en la administración pública, fui comandante de la policía en Tecate, fui subcomandante en Tijuana, conozco el sistema desde abajo.

Y una de las cuestiones que puse en mi documento que les envié fue que estoy convencido que la única manera de combatir al crimen organizado o no, es cuando los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, junto con la sociedad, demuestran contundencia y un frente común, de otra manera nos estamos dividiendo, y los únicos beneficiados de que el gobierno no se coordine, de que las fiscalías no se organicen, son los propios delincuentes.

Pretendo, con esta participación, llegar a este tema en ese sentido.

Tengo la experiencia de trabajar actualmente en una fiscalía, trabajo en la Fiscalía de San Diego, California.

Soy el único que ha estado en temas de seguridad pública, que ha podido trabajar en una Fiscalía, con las estrictas investigaciones y clasificaciones que hacen ellos para que una persona pueda acceder a esos sistemas.

Soy tijuanense, nací en Tijuana, soy miembro de una familia fundadora y en mi familia no hay un solo miembro, inmediato y mediato, que haya pisado una cárcel.

Somos una familia clase media, conocida, y todos somos gente de trabajo y tenemos profesionistas y de todo.

A lo que voy es que yo puedo asegurarles a ustedes que tengo la convicción, tengo los deseos y tengo la experiencia para poder realizar eso que ustedes están pidiendo de la Fiscalía.

Por un lado, un trabajo interno en donde debe reestructurarse, organizarse, hacer esos planes y estrategias y utilizar todos los recursos, humanos y materiales, que siempre han sido escasos, utilizarlos de manera inteligente para que podamos dar resultados a la sociedad.

Un día un maestro, en San Diego, me explicaba y me decía: “¿Sabes tú por qué el sistema de Estados Unidos funciona? Porque la gente cree que funciona”.

Nosotros tenemos que llegar aquí a convertir esta Fiscalía, en una Fiscalía que la sociedad mexicana no sólo crea que funciona, sino que esté convencida de que está funcionando, de que el combate es contundente y de que la delincuencia tendrá, en esta Fiscalía y en la colaboración y coordinación de los tres niveles de Gobierno, el frente que debemos darle todos juntos para combatirla.

Y quiero dejar hasta ahí mi participación. Sé que tengo más tiempo, pero me da mucho gusto estar con ustedes.

Me da mucho gusto ver a Dante, me da mucho verlo a usted, Macedonio, que, en mis épocas, cuando trabajé con Martínez Corbalá, me tocaba ir a las cámaras de Diputados y Senadores, y conocí a muchos senadores y diputados, y ojalá algún día yo llegue a ser diputado o senador.

Muchas gracias.

Versión de la exposición del doctor Arturo García Jiménez, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muchísimas gracias, señores senadores, por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes.

Para mí es un alto honor estar en esta Comisión de Justicia para efecto de exponer brevemente por qué considero ser idóneo para la Fiscalía General de la República.

En principio, fundo mi aspiración en mi preparación académica. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Ciencias Jurídico Penales, con estudios de maestría y tengo el grado de Doctor en Derecho de la propia Facultad de Derecho en la Universidad Nacional.

Soy académico. Tengo más de 30 años formando generaciones de abogados en la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy titular por oposición en esa Casa de Estudios. Imparto inclusive clases a nivel de posgrado, de maestría, especialidad y doctorado en la Máxima Casa de Estudios.

En ese sentido, considero fundamental que el conocimiento técnico en materia penal es fundamental para el desarrollo de la Fiscalía General de la República, sobre todo en relación a la posibilidad de tener permanentemente capacitados a sus elementos, a todo el personal de la Fiscalía, a fin de obtener los resultados fundamentales que la sociedad mexicana exige a todas las instituciones de procuración de justicia, que es precisamente el respeto irrestricto a los derechos humanos y, en definitiva, a la aplicación también de la ley en todos los ámbitos.

Mi experiencia profesional, que también la he desarrollado tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la misma abogacía, dan pauta para exponerles a ustedes que me desempeñé durante algún tiempo como Secretario de Acuerdos de Juzgados Penales, como Secretario Proyectista inclusive también en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En ese sentido, también tengo obras jurídicas. Soy autor de algunos artículos, de un libro inclusive, Dogmática Penal en la Legislación Mexicana, que lo edité en el 2003 por conducto de una editorial importante en México, y se llevó a cabo la última reimpresión en 2016, hace escasamente unos tres años.

En ese sentido, la necesidad de que el fiscal titular de esta institución cuente con los conocimientos técnicos necesarios, a fin de hacer efectivo el cumplimiento de la ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Y, en ese sentido, en el artículo que preparé y que presenté ante este Senado de la República, he señalado de manera general cuáles son las directrices que deberían conducir a la Fiscalía General de la República.

Una de ellas es la persecución, la investigación científica del delito como paradigma fundamental en los cambios sustanciales que se han estado desarrollando con esta nueva institución. Y digo nueva institución, porque su Ley Orgánica data del 14 de diciembre del año anterior, de 2018, donde se establecen claramente facultades muy importantes del Fiscal General de la República, para efecto de optimizar el cumplimiento y el respeto de la ley y su aplicación irrestricta, en aras de la tutela de bienes jurídicos fundamentales que se ha dado en la sociedad mexicana al grado de tutelarlos a través de las normas jurídico penales.

En ese sentido, la persecución científica del delito no solamente se debe agotar en la investigación científica, sino en su persecución ante los órganos jurisdiccionales. Me refiero ante los Jueces de Control y ante el Tribunal de Juicio Oral, que sabemos nosotros que con las reformas de 2008 se implementaron las bases constitucionales para sentar el nuevo procedimiento penal, oral, adversarial que actualmente rige en nuestro país.

Paulatinamente se debe ir dando paso a este nuevo sistema, abandonado paulatinamente el sistema anterior, donde el sistema inquisitorial era precisamente el principio que regía en esa época el Código Federal de Procedimientos Penales dando pauta, hoy por hoy, al Código Nacional de Procedimientos Penales, con nuevas directrices.

En este sentido, la persecución del delito debe ser también de carácter científico a nivel de tribunales. Es decir, la aplicación irrestricta de la ley sin sesgos ni tampoco consignaciones o imputaciones amañadas que desvíen la verdadera intención del legislador de tutelar bienes jurídicos en favor de todos los miembros de la sociedad.

Además, el respeto irrestricto del derecho de la víctima, la reparación del daño en la medida y en las dimensiones que señala el propio Código Penal Federal para efecto de salvaguardar su derecho, su interés y repararle el agravio del cual fue objeto, derivado del propio delito.

Creo que en este sentido, la necesidad de una permanente capacitación de los miembros de la Fiscalía General permitirá que los paradigmas del nuevo Sistema de Justicia Penal se lleguen a cumplir, se lleguen a lograr.

En ese aspecto, en el propio artículo estoy proponiendo la necesidad de crear un código de ética, pero código de ética de la Fiscalía General, no solamente como enunciaciones de buenos postulados que se deben de conducir cada uno de los miembros de la Fiscalía, sino los valores esenciales que se deriven de las normas penales, sobre todo, de manera particular, de aquellos delitos que atañen a la administración de justicia. Es decir, los delitos contra la administración de justicia. De ahí se desprenden valores fundamentales que deben regir la actuación de la Fiscalía General de la República.

Por esa razón estoy proponiendo en el artículo que amablemente me recibieron, la necesidad de crear un Código de Ética.

Además de ello, la necesidad de crear un cuerpo especializado de fiscales con alta capacitación, con alta preparación técnica y jurídica, para efecto de que se pueda optimizar la aplicación de la ley ante los órganos jurisdiccionales y evitar los sesgos infundados o a veces amañados que han desencadenado en el fortalecimiento de la impunidad.

Creo que la impunidad es otro de los flagelos fundamentales que hay que combatir, lo mismo que la propia corrupción que ha dañado mucho a las instituciones mexicanas y, sobre todo ha, de alguna manera, permeado en el sentimiento de la ciudadanía sobre su desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia.

Creo que en este sentido, la necesidad de crear este cuerpo técnico de fiscales permitirá precisamente la persecución eficaz y eficiente del delito y de todos aquellos delitos que sean de impacto social y que en definitiva la sociedad mexicana reclama su sanción, la aplicación de la pena en la proporción de la magnitud de la propia infracción criminal.

En este sentido, estamos proponiendo esta posibilidad de crear un Código de Ética, para que todo el personal de la Fiscalía se rija a través de esos principios, y en definitiva se logre optimizar la aplicación de la ley.

Además de ello, aplaudimos de manera fundamental las facultades que se le han otorgado al Fiscal General en la Ley Orgánica, en relación a la posibilidad de celebrar convenios con el exterior y con otras instituciones públicas y privadas que permitirá un intercambio de experiencias fundamentales para optimizar el servicio en la procuración de justicia.

Sabemos que esta actividad en la Fiscalía General logrará optimizar la aplicación de la ley, devolviéndole a la institución la confianza que siempre debe tener la ciudadanía, en relación al ejercicio de sus instituciones de procuración y administración de justicia.

En este sentido, estas transformaciones de la Fiscalía deben enderezarse de manera objetiva, de manera imparcial, y de manera profesional, tal como lo determinan sus principios en el artículo 3 de la propia Ley Orgánica, en relación al desarrollo de la función de procuración de justicia.

En ese sentido, me siento muy honrado de que me hayan permitido estos minutos para dirigirme a ustedes. Les agradezco infinitamente su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

Versión de la exposición de la doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Gracias. Buenas tardes a todos.

Senadoras, senadores. Un gusto estar aquí con ustedes, para efecto de que escuchen mi propuesta como Fiscal General de la República.

Yo soy la doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria. Licenciada, maestra y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un Postdoctorado por el Conacyt para investigadores de alto nivel académico, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

He estado estudiando Derecho Penal y Derecho Procesal Penal alemán, en la Universidad de Göttingen, en Alemania. He estudiado también Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, en España.

He estudiado Políticas Anticorrupción en la Universidad del Salento, en Lecce, Italia. También he estudiado Políticas Anticorrupción en la Universidad de Valencia, en Sevilla.

Y bueno, he participado en toda la República Mexicana capacitando en el Sistema Penal Acusatorio y también en materia anticorrupción, desde la perspectiva penal y la perspectiva administrativa disciplinaria.

Y he estado en conferencias y compartiendo ideas en toda América Latina, y también en algunos países europeos, como los que ya les mencioné, incluido Francia.

Y en ese sentido me parece, porque quiero ser Fiscal General de la República por una sola razón: porque estoy muy preocupada por el país. Porque de acuerdo a los índices de la OCDE, México es considerado como el número uno en materia de corrupción, de 33 países.

Y también en México, no hemos tenido recuperación de activos. México es un país que ha sido golpeado por el neoliberalismo delincuencial, así le voy a llamar; por la delincuencia organizada neoliberal y no ha permitido, precisamente, que el Estado combata la delincuencia.

Sobre todo dos ejes básicos que son necesarios combatir y que únicamente se pueden hacer desde la Fiscalía General de la República: El primero es el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y el segundo es la corrupción. Estos dos ejes delictivos, laceran completamente a nuestra sociedad.

¿Qué se requiere? Un Fiscal General de la República autónomo. Yo soy una persona autónoma, no pertenezco a ningún partido político. Yo no tengo miedo a investigar a nadie, yo no tengo miedo a obtener una prueba lícita para efecto de poder llegar a una buena judicialización y llegar a sentencias que le otorguen a la sociedad confianza de nueva cuenta en la institucionalidad.

Yo no tengo miedo de eso.

En Singapur, ¿por qué terminaron con la corrupción? Porque tenían un lema: “¿Estás dispuesto a meter a la cárcel a tu mejor amigo y a tus familiares?”. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria está dispuesta a meter a la cárcel, a investigar a cualquier persona que lacere en cualquier rubro delictivo a nuestra sociedad mexicana.

Lo que necesitamos hacer, y que lo puede hacer la Fiscalía General de la República, es la recuperación de activos. La recuperación de activos que provienen de los hechos delictivos, no solamente se recuperan a través de la investigación de operaciones con recursos de operaciones ilícitas, es decir, lavado de dinero, sino por cualquier tipo de delito.

Todo resultado económico de un hecho delictivo es lavado de dinero. Y resulta impresionante cómo en nuestro país no tenemos sentencias dignas en materia de lavado de dinero, con delincuencia organizada y en materia de corrupción. Y les voy a decir por qué:

Algo que yo sí puedo hacer es aplicar la norma jurídica, porque conozco la norma jurídica y, además, como abogada postulante, he litigado tanto el sistema penal anterior, como el nuevo sistema acusatorio; me he percatado de las deficiencias de la investigación. Aquí se trata de investigar, de saber investigar.

Además de esa parte de la investigación, se requiere de capacitación. Nuestros servidores públicos no están capacitados, necesitamos algo muy importante: la Fiscalía General de la República requiere la dignificación de nuestros policías.

Nuestros policías son los primeros respondientes, son mediante los cuales se va a determinar si la prueba en juicio oral es lícita o ilegal. Bajo esa perspectiva, si no tenemos policías capacitados como primeros respondientes; si no tenemos policías que conozcan derechos humanos; si no tenemos policías dignificados y, si tenemos policías con restricciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de la República no podrá avanzar.

Si no tenemos ciudadanos, servidores públicos capacitados en nuestra Fiscalía, que conozcan la diferencia entre la aplicación de un derecho penal garantista y un derecho penal de excepción, la Fiscalía General de la República no podrá avanzar.

Estoy de acuerdo con todos los discursos que se han dado a nivel social, en donde los derechos humanos es lo más importante, sí, así es. Los derechos humanos son más importantes, por ello la reforma del 10 de junio del año 2011, al artículo 1º constitucional.

Pero esa reforma, en el primer párrafo también admite restricción al ejercicio de los derechos humanos. Tenemos hechos delictivos en el país, no se necesita cambiar ninguna norma, no necesitamos cambiar ni la Constitución, no necesitamos cambiar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Antilavado, no.

La misma Constitución nos permite restringir el ejercicio de los derechos humanos a delitos de alto impacto.

Los delitos de alto impacto contenidos precisamente en el artículo 1º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los cinco más importantes contenidos en el artículo 4º de la misma ley, lavado de dinero, secuestro, robo de hidrocarburos –a propósito de lo que estamos viviendo actualmente–, la parte de trata de personas y delitos contra la salud.

Estos delitos se tienen que tratar en materia de derechos humanos, de diferente perspectiva y no lo estamos haciendo.

Esa es la razón por la cual, la procuración de justicia en materia federal de delincuencia organizada o delincuencial de alto impacto, no está funcionando. Estamos confundiendo a los derechos humanos, aplicándolos a este tipo de delitos y eso no puede ser.

La misma Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que retoma sus principios desde una convencionalidad, en principio dos: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, que nace a la luz en México el 7 de noviembre de 1996; prevé las restricciones al ejercicio de los derechos humanos.

¿Dónde encontramos estas restricciones?

En la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Fiscal General de la República debe conocer y debe saber aplicar esta ley. El propio artículo 20º constitucional, apartado B, fracción V, párrafo II; nos indica que en materia de delincuencia organizada, las actuaciones en materia probatoria podrán tener valor probatorio desde la investigación.

No necesitamos un juicio oral, no necesitamos llegar al juicio oral para efecto de que puedan tener valor probatorio nuestras pruebas. En materia de delincuencia organizada lo tiene desde el principio.

Existen otros principios también de restricción al ejercicio de los derechos humanos, que es la reversión de la carga de la prueba.

De acuerdo a las investigaciones que hagamos en la Fiscalía, si yo soy nombrada, se revertirá precisamente por ley, no solamente constitucional, sino también internacional, que son protocolos internacionales, protocolos de actuación; muchos se quejan porque hay violación a los derechos humanos en los protocolos de actuación en nuestro país. Discúlpenme, pero a partir de que existe la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, nos hemos convertido en un sistema interamericano.

¿Eso qué quiere decir? Que si en México no tenemos protocolos, que nosotros como Fiscalía  General de la República los vamos a hacer; si en México no tenemos protocolos, podemos utilizar los protocolos de actuación contenidos en los tratados internacionales.

Les voy a dar un ejemplo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, prevé en el artículo 32 el protocolo de protección de personas.

La OCDE nos ha indicado, ha sido muy congruente y, además, ha sido muy directa, el 19 de octubre de este año, al solicitarle al Estado Mexicano que tiene que realizar cuatro acciones básicas:

La primera acción: nombrar al Fiscal General de la República. La segunda acción: nombrar al Fiscal Nacional Anticorrupción. La tercera acción: nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para el combate a la Corrupción. Y la cuarta: el testigo protegido. Y con esto cierro.

Proteger a las víctimas del delito es de suma importancia. Se requieren elementos específicos, por supuesto, con las líneas que prevé la austeridad republicana que marca nuestro Gobierno, que debemos proteger a las víctimas; debemos darles a nuestras víctimas la dignificación y la seguridad de que la Fiscalía General de la República va a combatir precisamente el delito.

La facultad de atracción que la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada el 14 de diciembre del año pasado, en su artículo 4º prevé la facultad de atracción. Eso quiere decir, si yo como Fiscal General de la República observo que en cualquier estado de la República un fiscal anticorrupción, por ejemplo, o un fiscal de cualquier tipo de delito no combate la corrupción o no está protegiendo a las víctimas o no está investigando, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer.

¿Yo a qué me comprometo si me nombran Fiscal General de la República?

Primero, a combatir la corrupción en nuestro país. A recuperar activos para fortalecer al Estado Mexicano, para efecto de que tengamos un mejor país.

Les agradezco muchísimo la atención.

Versión de la exposición de Julio Ángel Sabines Chesterking, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Con la venia de la Presidencia.

Muchas gracias.

Les agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablándoles de un tema tan relevante.

Yo les vengo a presentar una candidatura innovadora, limpia y congruente con el espíritu de transformación de México.

Me registré como aspirante porque en lo personal creo que tengo una misión, un llamado vocacional para contribuir a cambiar México. Porque nos urge un país más equitativo y sólo se puede lograr equidad con justicia.

Les presenté un documento sólido que pedí que les entregaran ahorita: el ensayo que presenté, y es público, específico, lejos de la retórica y de los lugares comunes. Ahí hay un plan de trabajo para la Fiscalía.

Como ciudadanos tenemos todos la misión de recuperar la confianza en la Ley y en el Estado de Derecho.

El espíritu de la Fiscalía autónoma es pensar en lo fiscal. Que actúe lejos de los vaivenes políticos, con autonomía, pero con una estrecha relación de colaboración con las demás instituciones del Estado Mexicano, empezando por el Ejecutivo y su espíritu de cambio, pero también con este Legislativo, con el Poder Judicial y con los organismos autónomos, como la CNDH o el INAI, entre otros. Yo seré ese Fiscal.

Este documento, el que les entregué, habla como pocos, de la dirección que habrá de tener un plan de persecución penal y que vamos a utilizar con la nueva Ley Orgánica, a favor de la transformación institucional y el combate a la impunidad, no a la improvisación.

El fenómeno delincuencial es cada vez más complejo y urge combatirlo desde una perspectiva dinámica, moderna y, sobre todo, resiliente, capaz de adaptarse y de perseverar.

Quiero contarles una anécdota personal: cuando yo servía en la Procuraduría General de la República me buscó una Ministerio Público y me pidió que investigara, que le ayudara a investigar un caso sobre un policía desaparecido, en Tamaulipas, a quien su esposa estaba buscando desesperadamente.

Accedí. Empezamos a trabajar sobre el caso y resultó que tenía relación con un asunto de corrupción al interior de la Procuraduría sobre venta de plazas. Ese policía había comprado su plaza, o era lo que la investigación nos sugería.

Unas semanas después, llegó un fiscal con quien yo tenía una buena relación y me dijo: “Julio, te digo esto como amigos. Ten cuidado a quién vas a investigar, porque en esos asuntos internos te pueden matar. Te va la vida. Así es que ten cuidado en lo que investigas”.

La misión de la Fiscalía debe ser el combate a la corrupción.

Si ante ustedes, el que se presente de los aspirantes, no les habla de tener el valor y estar dispuesto a hacer sacrificios personales para transformar la institución, entonces se presentó ante ustedes un administrador.

No está en sintonía con el momento de transformación del país ni con el clamor de la gente. Les pido que no elijan a un administrador, elijan a un transformador, elijan innovación radical. No piensen en viejas fórmulas para nuevos resultados.

Se necesita un Fiscal capaz de transformar la Procuraduría, y eso tiene que ver con tener el valor personal de hacerlo, aunque en eso le vaya la vida.

El sábado pasado participé en uno de los foros sobre la Guardia Nacional, de la Cámara de Diputados, donde por cierto, fui el único aspirante a esta Fiscalía que participó.

Y con todo el respeto que me merecen todos los demás aspirantes, les reprocho que no hayan participado, preferir esconderse en cálculos político o, no sé, pero no haber sido parte de una deliberación de Parlamento Abierto tan relevante, como es la Guardia Nacional. Debieron de haber estado ahí.

En ese momento alerté a esa Soberanía, y lo hago ahora con ustedes, sobre el riesgo de colapso de la Fiscalía General de la República en caso de no aprobarse la Guardia Nacional.

Es imprescindible sumar a las tareas de investigación a ese número de investigadores.

Necesitamos, para destrabar el cuello de botella, de la investigación. Más investigadores, y ese cambio le puede dar esas facultades a ese nuevo organismo.

Es necesario combatir la impunidad. Sólo combatiéndola impunidad lograremos un México con justicia y, para eso, necesitamos más gente al servicio de esa misión.

Señoras y señores legisladores:

Yo soy el caballo negro en este proceso.

Por supuesto, tengo las cualidades suficientes para ser Fiscal: experiencia y fortalezas.

Combino una rica preparación académica con una sólida experiencia profesional en el ámbito de la administración pública.

Pero, además, le abriría la puerta, por primera vez, a la Fiscalía, a una persona que estuvo del lado de las víctimas, porque yo tuve ya la desgracia de haber sido víctima hace 15 años, en mi familia. Sé lo que se siente y se trata de empatía, porque si no hay empatía con las víctimas, no podemos darles resultados.

Es necesario que el Fiscal pueda percibir los retos que enfrenta México desde una perspectiva de seguridad nacional, no sólo desde el ámbito del derecho penal.

Tendrá importancia tener conocimientos amplios en toda la administración pública. Son importantes, sí, los años de experiencia, pero las reformas constitucionales demandan conocimientos técnicos y actualizados. Un Fiscal capaz de hacer los cambios desde el primer día, empezando por la reingeniería institucional, una reingeniería estructural para la institución, que además debe de estar en sintonía con la nueva organización del Presidente y sus coordinaciones territoriales regionales.

Tomar en cuenta únicamente los años de experiencia pone en riesgo de escoger a un Fiscal tradicional: caer en paradigmas obsoletos y superados.

El Fiscal transformador tiene que materializar nuevas estrategias y es necesario pensar fuera de la caja.

Tengo experiencia, pero también tengo valor, tengo vigor y juventud para innovar.

Por eso, soy una opción representativa de la mayoría generacional de los mexicanos.

Tengo una visión de una Fiscalía que combata la corrupción pero que, sobre todo y como punto de partida, en cada una de sus actuaciones ponga la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género y que materialice el Sistema Nacional Anticorrupción de una vez por todas.

Vamos a fortalecer, como nunca, la investigación científica, tecnológica y moderna, para hacerla la columna vertebral de nuestras acciones.

El fortalecimiento de un instituto de servicios periciales y forenses; la impunidad será abatida con inteligencia y no con fuerza.

La Fiscalía tiene que ser una institución líder y cabeza de lanza para dar el ejemplo al resto de las fiscalías y procuradurías del país.

Vamos a marcar el ejemplo. Podemos poner el liderazgo para impulsar los cambios en los ámbitos locales.

Emprender inmediatamente la elaboración de un diagnóstico del plan de persecución penal y del plan de transición.

La Fiscalía debe de ser un ejemplo de transparencia y de efectividad para la sociedad.

Sólo poniendo el ejemplo desde la Fiscalía General de la República podemos transformar en una sociedad de valores y contribuir verdaderamente a la democracia.

Si ustedes me dan su confianza para continuar en este proceso y resulto electo Fiscal General de la República, tienen mi compromiso público de que será una institución abierta, que trabaje de la mano de la ciudadanía y con las víctimas.

Sabrá trabajar con el Presidente de la República y con todas las fuerzas políticas, sin comprometer su autonomía y que, juntos, habremos de ponerle fin a la impunidad que priva en nuestro país.

Muchas gracias.

Versión de la exposición de Florencio Hernández Espinoza, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

En primer lugar, buenas tardes. Agradeciendo al presidente Julio Menchaca; a los senadores que aquí nos acompañan, a la licenciada Lucía Treviño, a la senadora Geovanna Bañuelos, Patricia Mercado; al senador Cruz Pérez, al senador Miguel Ángel Mancera, al senador Eduardo Murat y al senador Samuel García y Cristóbal Arias.

Mi nombre es Florencio Hernández Espinoza. Soy de Orizaba, Veracruz, cuento con 46 años de edad.

Tengo la licenciatura en Derecho, con el mejor promedio de la Universidad del Golfo de México. Tengo la licenciatura en Criminología y Criminalística, con el mejor promedio también.

Tengo la maestría en Juicio de Amparo de la Universidad de Xalapa; también la maestría en Derecho Procesal Penal con Enfoque Acusatorio del (inaudible) y de la OPAD.

Actualmente estoy cursando otra maestría de derechos fundamentales con la Universidad de Almería, España, y el Instituto Hipona en Veracruz.

También he sido Defensor de Oficio durante dos años; Secretario de Acuerdo y Juez por examen de oposición, siendo el juez más joven a nivel nacional, en aquel entonces con 25 años.

Actualmente me desempeño como Juez de Control de Procesos y de Procedimientos Penales en el Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz.

Zongolica es una zona serrana y me ha permitido estar en contacto directo con este grupo vulnerable de asuntos de los indígenas, y en el cual se han aplicado los protocolos de actuación. Ha sido el primer distrito a nivel nacional en que se llevó una audiencia inicial con participación bilingüe.

Esto es muy importante, porque no se había dado a nivel nacional esta situación. Se ha estado llevando hasta la fecha, por eso conozco bien en cuanto a este Sistema de Justicia Penal y bajo la nueva dirección de la Fiscalía General de la República.

También me he desempeñado como muy crítico en cuestión doctrinaria, tengo el Código de Procedimientos Penales comentado y concordado con la legislación del estado de Veracruz, a nivel nacional e internacional, que ha sido editado. Lo traje como muestra, para compartirlo con todos ustedes, y próximamente saldrá también el Código Nacional de Procedimientos Penales, también está concordado y comentado en las deficiencias que tenemos.

¿Por qué debería ser Fiscal General de la República?

Yo he estado escuchando atentamente la comparecencia de los otros compañeros, coincido en ciertos puntos con ellos; sin embargo, discrepo en algunos.

En cuanto a decir, lo bueno de ellos es que han detectado los problemas que aquejan y vamos a retomarlo. Aquí, yo creo que hay que decir cómo se hará.

Es muy fácil decir “falta esto”, pero ¿cómo lo pretendes lograr?

Hay que resaltar en los fenómenos y es algo que yo comparto: hay que acabar la corrupción. Eso es innegable, ya no hay vuelta de hoja.

Yo no pertenezco a ningún grupo político. He sido muy estudioso, como se percatarán en la exposición que les di brevemente, y también muy crítico, yo creo que por eso luego si pueden consultar en Google, he sido muy criticado por aplicar los controles de convencionalidad cuando a las personas efectivamente no se les han respetado sus derechos fundamentales.

He sido muy criticado en cuanto a las fiscalías porque, bueno, si no cumplen con las formalidades esenciales, se tiene que dictar la sentencia absolutoria o un auto de no vinculación a proceso.

He sido de esos muy a la vanguardia. Por eso, ¿cómo acabar con la corrupción?

Cuando planteamos uno de los requisitos de aquí del Senado en cuanto a los planteamientos de esto. Plantee que se debería de reformar el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo, en lo que se refiere a los delitos graves.

Pudiera ser contradictorio, porque un juez siendo garantista o garante podría decir que la prisión preventiva oficiosa debería incrementarse. Pero sí, lamentablemente, en estos momentos es necesario.

Afortunadamente vi con satisfacción que el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa con proyecto de decreto en donde se reforma este artículo 19 constitucional, y se agrega como prisión preventiva oficiosa que se deberán castigar en materia de corrupción de hidrocarburos, electoral y armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.

Con esto, se acaba una discusión que se venía dando en el estado de Veracruz, donde estoy impartiendo lo de la justicia, me llevan los fiscales y querían la prisión preventiva oficiosa, no con medios violentos. Los medios violentos solamente se abocan cuando sean con arma de fuego. Eso se les dio y ha causado mucho revuelo en su momento, sin embargo, afortunadamente la justicia federal, cuando se fueron a los amparos, habían estado confirmando este criterio.

Todavía no ha salido un criterio definido, pero bueno, se dio un gran avance en cuanto a esta situación.

Afortunadamente, ya cuando se apruebe y bien salga en la Constitución, se acabará esta discusión.

Otro eje central es la capacitación de los fiscales. En eso, creo que todos los compañeros que me antecedieron coincidieron, la capacitación de los compañeros fiscales.

Lamentablemente, me ha tocado con los fiscales, y no solamente de Veracruz, me refiero, me ha tocado capacitar en otros estados de la República y sí hace falta esa capacitación, por eso se caen las investigaciones ministeriales; en su carpeta de investigación no observan los protocolos de actuación. Eso es lamentable.

No se han puesto bajo este nuevo Sistema de Justicia Penal, donde ya hay nuevas figuras procesales; ya la víctima u ofendido dejó de ser el invitado de piedra.

Es mentira, yo oí que decían el sistema inquisitivo. No, es un sistema tradicional; el sistema inquisitivo se dio desde 1857 y todo; en 1917 surge el sistema que conocemos como tradicional.

En 2008 y con la Vacatio Legis hasta el 2016, surge el nuevo Sistema de Justicia Penal, y la reforma que se da en el artículo 1º, tercer párrafo, que fue de junio del 2011, se da un instrumento a nivel internacional, que es el control de convencionalidad.

Hasta la fecha, no conozco a ningún fiscal que haya hecho ese control de convencionalidad. Es muy importante, ¿eh?.

Lamentablemente, con los compañeros jueces hace falta esa situación. Veo con agrado que ya algunos han planteado esos controles de convencionalidad. A lo mejor decían que es un control difuso, muchos dicen que es un control confuso que se da; hasta la Corte ha tenido que ver esa situación.

Pero ese control de convencionalidad, que si pudieran realizarlo adecuadamente los fiscales y que deben ser capacitados, nos ahorraría varios problemas. Se (inaudible) en la cuestión de la carga de trabajo.

He tenido la oportunidad de platicar con varios fiscales federales, jueces de distrito, magistrados federales y algunos ministros de la Corte, y coinciden en eso también. Hay que darle un cambio a la Fiscalía General de la República, que los factores reales de poder, es decir, que las personas inmiscuidas y que por capacidad económica, o bien política, pudieran influir en el nuevo Fiscal de la República, yo creo que no.

No hay que tener miedo, hay que realizar el trabajo adecuadamente y que no se tenga ningún temor en firmar o ejercitar la acción penal correspondiente; siempre estableciendo los parámetros a nivel constitucional y, sobre todo, los tratados internacionales.

Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido, porque bien pudiéramos caer bajo este sistema y que tuviéramos a un fiscal que fuera tibio o que estuviera amañado con ciertas instituciones o ciertos vínculos.

Yo creo que no, esto se debe de acabar.

En ese sentido, por eso me comprometo, si me eligen, tener la firme convicción, tengo 24 años dentro del Poder Judicial, no tengo ningún instructivo de responsabilidad y ninguna investigación ministerial.

Les agradezco mucho la atención y quiero agradecerles la atención debida, y sobre todo lo importante es que la sociedad participe. Eso me ha agradado, y eso es por lo que vengo y acepté la invitación cuando me enteré de esta situación, y estoy convencido en que se va a lograr un bien.

Felicito a todos los senadores por este valor que tuvieron para permitirnos exponer nuestros criterios.

Les agradezco mucho y estoy a su disposición por cualquier pregunta.

Gracias.

Versión estenográfica de la exposición de Félix Manuel Méndez García, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muy amable. Muchas gracias senador Julio Ramón Menchaca Salazar.

Gracias a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Gracias por la convocatoria, ya que sin ella no estaría uno aquí presente. Muchas gracias.

Mi nombre es Félix Manuel Méndez García. ¿Por qué soy elegible para ocupar el cargo de la Fiscalía General de la República?

Soy elegible porque cumplo con los requisitos establecidos en el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En primer término, soy ciudadano mexicano por nacimiento, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. Tengo 47 años de edad cumplidos hasta el día de hoy.

Tengo más de 10 años con mi título profesional de Licenciado en Derecho. En el 2006-2008 realicé los estudios de postgrado en la maestría de derecho laboral, en la ciudad de Xalapa.

Posteriormente, en el 2016-2018 realicé el postgrado de doctorado en Derecho Procesal Constitucional, en Xalapa, Veracruz.

No he sido condenado por ningún delito, gozo de buena reputación. Tengo el perfil que establece la Constitución para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República Mexicana.

Gozo de capacidad física y mental para desempeñarme en el cargo. Deseo mi superación laboral.

Tengo los conocimientos de la administración de justicia, en virtud que tengo más de 25 años trabajando en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, desempeñándome desde meritorio por más de 25 años, como meritorio oficial administrativo, actuario judicial, secretario de estudio y cuenta y, en los últimos años, como Juez de Control y Juicio Oral en Veracruz, en distintos distritos judiciales.

Actualmente, estoy como actuario judicial en el Poder Judicial. Por ello es que tengo los conocimientos en la administración de justicia.

Durante estos 25 años he aprendido que como Fiscal General de la República Mexicana, quiero ser claro en implementarle a todos y cada uno de los trabajadores de las fiscalías, a los fiscales, principalmente, cómo integrar una carpeta de investigación.

Porque la Fiscalía General de la República, al integrar una carpeta bien, de investigación, nos va a llevar a que la ciudadanía nos tenga confianza. Recuperemos la confianza, que vean la transparencia, que vean que se está trabajando.

Pero si los fiscales no saben integrar una carpeta de investigación, pues entonces estamos mal desde ahí. Integrar la carpeta de investigación, es decir, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los denunciados.

Ese es uno de los conocimientos que debe de tener cada uno de los fiscales, y aparte otra situación, debe tener facilidad para atender a cada ciudadano. Cada ciudadano que llega a la Fiscalía requiere de distinta atención, todos traen distintos problemas.

A cada fiscal, a cada ciudadano, tenemos que tratarlos de distinta manera. El fiscal que está a cargo, que es el primero que escucha a la ciudadanía, es al que tenemos que capacitar.

Posteriormente, si nosotros capacitamos a nuestro personal, haremos unas buenas investigaciones ministeriales y carpetas de investigaciones.

Y si tenemos carpetas de investigaciones bien realizadas, bien integradas, lograremos la confianza en la ciudadanía y credibilidad en las mismas.

Eso es lo que como Fiscal General de la República, ese es el primer punto en el que se trabajaría dentro de la Fiscalía General: que todos y cada uno de los fiscales tengan los conocimientos y el perfil suficiente para desempeñar sus funciones como fiscales.

Ese es uno de los principales puntos. Así, lograremos que los ciudadanos lleguen a denunciar los hechos delictivos y, por ende, se pretende acabar con la impunidad.

Nosotros, al integrar la carpeta de investigación, vamos a llegar al esclarecimiento de los hechos, y al llegar a ello, a las víctimas les vamos a dar seguridad.

Posteriormente, no habrá impunidad y, siempre todo esto, lo vamos a hacer respetando los derechos humanos establecidos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado sea parte.

Señores senadores:

Hoy, hemos sido convocados para realizar una pregunta, que nos hayan hecho una pregunta. En un principio, el senador Martí Batres, señaló: es la primera Fiscalía, es la primera Fiscalía.

Es el momento del cambio. Necesitamos un cambio donde la ciudadanía crea en nosotros, que haya transparencia en todo esto. Agradezco la convocatoria.

Sin embargo, no puedo dejar pasar por alto lo que, en un momento, hace un momento señaló el senador Damián Zepeda.

Con su permiso, senador Julio Ramón.

Señaló que era necesario que los 27 aspirantes tuviéramos un acercamiento más con ustedes, en donde interactuáramos con preguntas y respuestas.

Se me hace una aportación muy acertada en el sentido de que, si ustedes platicaran más con nosotros, tendrían más claridad de nuestro trabajo laboral, de nuestras intenciones y profesionalismo.

Por ello, es que no puedo dejar pasar por alto y en estos procesos de selección recordemos que deben ser claros. Estamos ante el gobierno del cambio, deben ser claros.

Si a nosotros los aspirantes nos dicen: preséntate, vas a una entrevista, uno llega y no sabe qué le van a preguntar.

Sin embargo, yo saco un protocolo que traigo establecido para leerlo, tiene tintes como que ya sabía qué era lo que me iban a preguntar.

Entonces, quiero que eso sea más claro, ¿sí? Estos son mis apuntes, esto fue lo que hice ahorita, que supe cuando vi la primera entrevista y cuál era la pregunta.

Estamos ante el gobierno del cambio, necesitamos claridad en el proceso.

Señores senadores integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia: gracias por esta convocatoria y les pido, de favor, que exista claridad y que no haya favoritismo para ninguno de los aspirantes.

Así, en ese tenor, trabajaría yo con la Fiscalía General de la República: con transparencia, claridad, objetividad y eficacia.

Buenas tardes.

Versión de la exposición del Doctor Mauricio Moreno, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

Saludo con respeto a las señoras senadoras y a los señores senadores; así como a mis compañeras y compañeros que contienden en este proceso de selección, y a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de difusión.

En el foro jurídico, tanto en México como en el extranjero, he sostenido desde hace varios lustros, que el presupuesto para que un país cuente con un Fiscal eficaz y eficiente; es que sea precisamente de naturaleza autónoma. Por eso, celebro la reforma constitucional y legal en la materia.

Pocas cosas hay tan perniciosas como un Fiscal ignorante, tendencioso, prejuicioso, prepotente o corrupto. La investigación del delito y la persecución penal, no pueden ser sino legales y objetivas; no debe importar condición alguna de las personas involucradas.

Se debe partir de la aplicación de un derecho penal, de acto y no de autor. Es decir, se debe perseguir y sancionar a las personas por lo que hacen y no por quienes son.

Los fiscales o miembros de las Fiscalías, no deben aspirar al enriquecimiento económico o al poder político por su función. Su compromiso es con la patria, con la verdad y con la justicia. Por lo tanto, la Fiscalía debe de ser una institución profesional, que brinde servicios de alta calidad, que procure la sanción al delincuente, en donde la eficacia de la persecución penal, sea la regla y no la excepción.

Se debe tener siempre presente que la impunidad es un factor criminógeno, mordaz, que provoca una profunda depravación social.

En efecto, la indeseada impunidad, sea cual fuere su causa, genera un mensaje pernicioso a la sociedad. La señal negativa es muy simple: aquí la ley penal no se aplica; aquí se puede delinquir sin consecuencia alguna; aquí el Estado de Derecho simplemente no existe.

Ante este panorama anárquico, es natural que se incremente exponencialmente la criminalidad, puesto que los inhibidores del delito desaparecen o quedan reducidos a su mínima expresión.

Un índice de impunidad del 98 por ciento, como el que México reporta oficialmente en la ENVIPE 2018, publicada por el INEGI, denota la grave crisis social por la que atravesamos.

La misma estadística oficial demuestra, en gran medida, que la impunidad se produce por la ineficiencia en la investigación penal y en su persecución. La cifra negra de delitos realmente cometidos y no denunciados, del orden del 92 por ciento, es la calificación reprobatoria que le otorga la ciudadanía a las actuales instituciones de procuración de justicia.

Es urgente cambiar nuestra realidad social y revertir esas cifras.

Ante este escenario, es evidente que la transformación debe iniciar por el rubro del capital humano. El cambio debe de hacerse de arriba hacia abajo, como lo señaló el Presidente López Obrador; involucrar en todo el territorio a los especialistas en el tema; es decir, designar y contratar en su caso, a auténticos expertos en las ciencias penales; y no incluir a personajes que vengan a aprender o que piensen que las instituciones los van a capacitar o que lleguen simplemente a delegar el trabajo y a diluir las responsabilidades.

De tal suerte que el Fiscal y sus colaboradores deben conocer a profundidad la dogmática penal. En efecto, la teoría del delito es lo sustantivo; saber cuáles son las teorías modernas en el mundo que sirven de fundamento para resolver científicamente los problemas en la aplicación del derecho penal, dentro de regímenes democráticos.

Deben tener la capacidad y la destreza para desentrañar el contenido probático de cada una de las figuras jurídico-penales, expedidas por el creador de la ley. Pues sólo a través de éstas, que son sus diseños exclusivos, no solamente se tutelan los bienes jurídicos de mayor relevancia para el individuo y para la sociedad; sino que se establecen cuáles son las conductas que se consideran delito y que, por lo tanto, se pretenden inhibir por medio de la amenaza de sanción.

Esto es, capacidad de disección típica exacta para comprender, asertivamente, los componentes del supuesto normativo del hecho.

Como se observa, únicamente partiendo de ambos conocimientos es como se puede realizar la investigación de los delitos en particular; aquí se habla de otro tipo de conocimiento. Saber en dónde encontrar la evidencia del caso concreto y cómo obtenerla y preservarla legalmente; para utilizarla en el procedimiento sin afectar su autenticidad y validez.

La actividad apasionante de la Fiscalía es, sin duda, el ejercicio heurístico. Esto es, el arte o la ciencia del descubrimiento. Hay que entender que todo hecho delictivo deja plasmada información de su existencia, eso se debe gracias a la capacidad reflexiva de las cosas, los objetos y la propia memoria humana.

De ahí que no haya hechos imposibles de probar, sino hechos inaccesibles a la prueba. Por ello es que los integrantes de la Fiscalía, deben partir del trabajo de inteligencia para saber en dónde está la información de calidad, que se requiere para estar en aptitud de generar una teoría del caso; misma que constituye a una hipótesis única, creíble y autosuficiente, capaz de vencer y convencer en el juicio.

Considero que el marco regulatorio para la actuación de la Fiscalía, es suficiente e idóneo para su funcionamiento. De igual manera, estimo que el universo de las normas jurídico-penales, es suficientemente amplio y las reglas actuales del procedimiento penal, son modernas, claras y puntuales.

Esto es, el problema de la ineficiencia institucional, no es una cuestión normativa, sino operativa. La problemática estriba en la cantidad y en la calidad de los operadores del sistema.

En mi caso, durante 28 años de ejercicio libre de la abogacía, aprendí a aprovechar los errores y las deficiencias del Ministerio Público. Como académico, he capacitado a un sinnúmero de abogados, ministerios públicos y juzgadores a nivel nacional. Como capacitador del sistema acusatorio, he participado en la preparación de más de 800 defensores públicos federales; de jueces y magistrados, locales y federales; de diversos circuitos del país, coordiné la implementación del modelo acusatorio en la Procuraduría Mexiquense.

Como magistrado, fui operador del sistema, lo que me permitió acuñar el mayor número de criterios jurisprudenciales sobre el tema. Además, tengo una obra escrita especializada en sistema acusatorio.

A diferencia de mis ahora competidores, acudí ante esta soberanía en noviembre del año 2014, como aspirante a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, atendiendo a la convocatoria correspondiente.

Obtuve el dictamen favorable de este Senado, como ciudadano elegible a ocupar dicho cargo; lo que se encuentra asentado en la Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre del año 2014.

En aquella comparecencia, señalé que la Fiscalía en su actividad cotidiana, enfrentaría a personajes y corporaciones poderosas, que no escatimarían ni recursos ni esfuerzos para vencerla. La Fiscalía tocaría fibras sensibles, así como intereses internos y trasnacionales; por lo tanto, la Fiscalía no puede ser endeble, improvisada o inocente.

Aquí está la parte del segmento de la versión estenográfica, que comparto con los señores senadores.

Lo que dije aquí hace cuatro años, hoy lamentablemente lo estamos confirmando con la exposición pública del fenómeno escandaloso y cínico del huachicol; que constituye sin duda, un robo infame. No el robo del siglo, sino del milenio; el más grande y ruin de los saqueos de la patria.

Como ustedes pueden observar, atiendo a los llamamientos generales en beneficio de las instituciones públicas, lo que demuestra mi compromiso cívico; convencido de que estos ejercicios son propios de regímenes democráticos y las vías idóneas para arribar legítimamente al desempeño de las altas funciones en el servicio público.

De hecho, por ese mismo camino de la convocatoria pública, fue como arribé directamente y sin carrera judicial, a ostentar el cargo en la Magistratura; sin objeción alguna y por unanimidad de votos de los diferentes partidos representados en aquel Congreso.

Atento a lo anterior, los órganos de selección del Fiscal General, deben alejarse de la tradición de designar al amigo o al personaje cómodo e incondicional; so pena de repetir el fracaso que ya se ha vuelto costumbre; al grado de que las pifias del Ministerio Público al ser tantas y tan grandes, han hecho que perdamos nuestra capacidad de asombro.

Como dijo Albert Einstein: “locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”.

Concluyo, señoras y señores:

A lo que me comprometo y en ello empeño mi palabra, es que como Fiscal General de la República, a través de mi labor cotidiana y basado en un efectivo plan de persecución penal, conformaré una Fiscalía profesional, honorable y confiable; que brinde los resultados positivos a la sociedad, con investigaciones y acusaciones infranqueables.

Tengo entendido que se está transmitiendo en vivo esta sesión, y aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a todos aquellos que quebrantan la ley penal en México; pero sobre todo a quienes lo hacen de manera sistemática y de forma organizada, violenta y temeraria.

Si así tiene a bien decidirlo esta Soberanía, voy por ustedes. La impunidad terminó; que se escuche fuerte y claro. Yo ni me vendo ni me canso.

Muchas gracias.

Versión de la exposición de Ernesto López Saure, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Qué Tal, muy buenas tardes.

Buenas tardes, señoras y señores senadores.

Con su venia, señor Presidente de la Comisión de Justicia.

Honorables miembros de la Comisión, agradezco anticipadamente su disposición para escucharme.

Empezaré con lo siguiente:

El día en que el licenciado Ramón Mendoza Guzmán, agente del Ministerio Público bajo mi mando cuando fui Subprocurador en la región del Istmo de Tehuantepec, me avisó que los policías ministeriales que investigábamos por el delito de extorsión estaban detenidos, reafirmé mi convicción de que en nuestro país las cosas sí pueden cambiar, siempre y cuando exista la voluntad de aplicación de la ley.

La política y la procuración de justicia, senadoras y senadores, deben ser temas totalmente ajenos, deben ejercerse sin que uno influya al otro.

Lo que nos conviene a todos es la aplicación del Estado de Derecho, sin adjetivos. Lo he aprendido trabajando durante más de 20 años en Oaxaca y en la ahora Ciudad de México, como funcionario bajo administraciones de distintos partidos políticos, y en muchos lugares del país, como abogado penalista y académico. Este ha sido siempre un mensaje fundamental para mis alumnas y alumnos.

El gran tema de la Fiscalía General de la Nación es la corrupción y la impunidad. Lo hemos escuchado hasta el cansancio, es más, lo tenemos sobre diagnosticado. Pero antes de que se vuelvan palabras vacías, es nuestra obligación darle contenido para que prevalezca la vigencia de la norma, para que logremos la confianza de los ciudadanos y recuperemos la presencia del Estado en ciertos territorios en los cuales éste no existe.

Para ello, es indispensable acudir a los principios contenidos, tanto en los tratados e instrumentos internacionales, como en nuestra Constitución.

La Constitución obliga al Estado mexicano a crear y desarrollar una política criminal que proteja a los ciudadanos, evite la comisión de delitos, o que cuando éstos ya hayan sido cometidos, se realice una investigación pronta, oportuna, eficiente y eficaz, y se dé un proceso, un juicio y una sanción a quien haya cometido un delito.

Sin embargo hoy, en el 93 por ciento de los delitos no se realiza esto, toda vez que no son denunciados.

Para cumplir el reto que la naciente Fiscalía tiene ante las y los mexicanos, para mí es indispensable trabajar sobre cuatro pilares:

Total alejamiento entre los intereses políticos y la procuración de justicia; investigación eficaz de los delitos; respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, de todos, los delincuentes también son ciudadanos; participación ciudadana en la elaboración del diseño de la fiscalía y en la política pública de persecución penal.

La investigación eficaz del delito implica que la Fiscalía debe realizar o practicar todos los actos que sean necesarios para esclarecer los hechos.

Sabemos que la Fiscalía General de la República no puede practicar este proceso de manera fiable, debido a que no tiene el personal totalmente capacitado, especializado, motivado, ni dignificado.

Para que lo logremos, implementaré un sistema de empoderamiento y dignificación que nos permitirá tener funcionarios cada vez mejores, que configuren un sólido sistema de justicia que genere certeza y confianza. En ese sentido, debo hacer énfasis en que hay que cambiar el actual paradigma.

La mayoría de las denuncias que hoy existen en la Fiscalía General de la República o la Procuraduría General de la República, son por delitos patrimoniales, investigaciones que consumen una gran cantidad de recursos.

Aunque es muy importante atenderlas, se les podría dar solución mediante métodos alternos de justicia, y así priorizar el uso de estos recursos en la investigación de los delitos que impacten gravemente a la sociedad mexicana, como los que pongan en peligro la seguridad nacional, la estructura misma del Estado, la viabilidad económica del país, y los supuestos de la delincuencia transnacional, la delincuencia organizada, la delincuencia fiscal, financiera, económica, entre otras.

Hagamos cuentas, ¿cuántos hospitales más, cuántas escuelas, centros de justicia se hubieran construido? ¿Y cuántos médicos, profesores, ministerios públicos y jueces tendríamos contratados, si hubiera existido una investigación del delito eficaz, en el caso de robo de hidrocarburo?

¿Cuántos recursos podrían destinarse a programas sociales, producto de aplicar la extinción de dominio y el comiso o decomiso a los cuantiosos bienes de delincuentes, si hubieran sido correctamente investigados, procesados y sancionados?

La Fiscalía General debe basar su trabajo en las mejores prácticas de investigación de contexto.

Esta metodología se basa en el principio de obtener información del delito que permita relacionar a los delincuentes y sus bases comunicantes con empresarios, con políticos, con cuerpos de seguridad, miembros del Sistema de Justicia Penal, sindicatos, entre otros.

Este método permitirá descubrir la estructura criminal, su ubicación geográfica, el patrón criminal, su capacidad, sus prácticas y su modus operandi.

Si cada caso se investigara así, el resultado no sería la solución de un solo hecho aislado y una única detención, sino la investigación de toda una estructura, la detención de todos o la mayoría de las personas que la integran, la extinción de dominio de sus bienes y el decomiso.

De esta forma, el día que se detuvo a Joaquín Guzmán, no habría sido presentado él y su escolta, sino decenas de colaboradores y socios de su estructura criminal, con lo que esta red seguramente se hubiera visto disminuida.

En este aspecto, no podemos dejar de recordar que el crecimiento del crimen organizado está estrechamente vinculado a la corrupción estatal y política, lo que ha condicionado la vida de las instituciones y la convivencia pacífica y armónica, que son bases de una democracia.

La lucha contra el crimen organizado se debe constituir en un elemento indispensable para el sostenimiento de la democracia.

Necesitamos un sistema de investigación del delito, oportuno, eficiente, eficaz, que fomente la confianza de los ciudadanos y los aliente a respetar el orden público, y ponga en el centro a las víctimas.

Para ello, es necesario transformar la estructura de la actual Fiscalía General de la República y reordenar la investigación del delito, a partir de las exigencias del nuevo Sistema Procesal Penal, con énfasis en las áreas de investigación que atiendan los temas más graves o que afecten a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es necesario desconcentrar la operación de la Fiscalía para volverla ágil y dinámica, creando grupos o células multidisciplinarias, que tengan como objetivo principal la evaluación objetiva de los hechos y ubicadas de acuerdo a la incidencia delictiva y delitos cometidos en las distintas regiones del país.

Hay que desarrollar el ámbito forense, lo que permitirá resolver el delito con bases totalmente científicas, fundamental para sostener un caso ante los tribunales.

Hay que capacitar y especializar a quienes trabajan por el acceso a la justicia. Es algo central en la nueva Fiscalía, al igual que el uso de la ciencia y tecnología en la investigación del delito.

Hoy en el mundo se ha descubierto que la mayoría de las transacciones que realiza la delincuencia organizada, sobre todo en el tema del narcotráfico, es mediante criptodivisas, y en esas no hay intermediarios. El gran reto es cómo vamos a obtener elementos de convicción para poder judicializar a las personas.

Una democracia contemporánea tiene como presupuesto fundamental el respeto a los derechos humanos, sobre todo de sus minorías vulnerables.

En ese sentido, es primordial tener protocolos y capacitación especializada para la atención de casos relacionados con estos grupos vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, de la comunidad lésbico-gay, etcétera.

La acción eje de mi trabajo será la protección integral a las víctimas, dándoles acceso urgente a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y además, hacer todo lo necesario para evitar la repetición. Ya es hora de empezar a saldar la deuda que el Estado tiene con ellos.

La Fiscalía General llega en un momento en el que se dan grandes cambios, pero también de rezagos históricos que urge resolver.

Que las personas vuelvan a confiar en su principal institución de justicia pasa por una ruta ineludible, desde comunicarles las ventajas del nuevo Sistema de Justicia Penal, sus derechos y deberes, hasta crear modelos de rendición de cuentas y transparencia, sistemas de información estadística y de consultas ágiles; así como la creación de bases de datos para investigar, planear y diseñar políticas públicas, y sistemas de información delincuencial, etcétera.

Hoy estoy convencido, hoy nos urge un sistema de justicia en el que no importe dónde se haya nacido, qué estudios se tenga ni el saldo de una cuenta de banco. Allá en mi tierra, Oaxaca, sabemos lo que eso significa.

La justicia, además de distancia con la política, debe tener la mayor de las cercanías con quienes más lo necesitan.

Hoy estoy aquí, después de haberme formado en mi país y fuera de él, de haber trabajado en la calle y en el campo, con personas de carne y hueso; de haber estudiado el nuevo sistema, de haber participado en su elaboración y haberlo comparado con el de otros lugares, haberlo implementado, operado y haber sido un servidor público movido por la idea de cambiar y mejorar a mi comunidad, a mi estado y a México.

Parafraseando, senadoras y senadores, a Gabriel García Márquez, les diría que yo creo en esa arrasadora utopía de la vida, donde nadie puede decidir por otros hasta la forma de morir, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra en nuestra patria.

Muchas gracias, senadoras y senadores.

Versión de la exposición de la Maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Buenas tardes, senadores, senadoras y a todos los presentes.

Me da gusto, en el primer día de comparecencias, se nos haya elegido a las cinco comparecientes y que yo sea la que cierre esta comparecencia, por las mujeres.

Soy Blanca Ivonne Olvera Lezama, egresada de la facultad de derecho de la UNAM, y me he dedicado por aproximadamente 29 años, a la seguridad pública y procuración de justicia.

Me considero apta para concursar por el puesto de Fiscal General, porque tengo la formación y la experiencia en investigación y procuración de delitos, ya que empecé mi práctica profesional desde abajo como oficial secretario en la Procuraduría General de Justicia, del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Posteriormente y por examen de oposición, fui ministerio público durante 11 años.

Mi práctica fue tanto en la investigación como en los procesos penales, además de trabajar en la Policía Federal en tres ocasiones durante siete años en diversos puestos, tanto directivos como operativos y técnicos, que me permitió conocer y trabajar con la prevención de delitos desde la óptica policial.

Asimismo, cuento con la experiencia en delitos federales tanto a nivel operativo y técnico, al ser directora de investigación en narcomenudeo, en la todavía, en la ex PGR y haber sido asesora del entonces Procurador General.

La Fiscalía General requiere de una persona que conozca no sólo el sistema de justicia penal, sino también a tener que diseñar el plan de persecución penal, conocer de procesos, programas, planes y estrategias a nivel administrativo, combinándolo con el sistema de justicia penal y con la visión de abatir la inseguridad.

Para ello, requiere de conocimientos no sólo en derecho penal, sino también en administración pública, en la cual tengo maestría y soy doctoranda.

He diseñado y aplicado políticas públicas, como lo escribí en dos libros que tengo, de Turismo Sexual Infantil, y Trata de Personas.

El mes pasado coordiné el libro del Uso Legítimo de la Fuerza, por el tutorial Tirant lo Blanc, y ahorita acaba de salir un libro donde colaboré, de Las 20 Preguntas más Difíciles de Política Criminal, por el INACIPE.

La Fiscalía General también requiere de un Fiscal que conozca no sólo de derecho penal y de administración pública, sino que tenga experiencia docente, ya que los operadores del Sistema de Justicia Penal que integran la Fiscalía General requieren de mayor capacitación.

Y, la que suscribe, cuenta con experiencia académica y docente en materias como teoría del delito. Ahorita soy docente en la facultad de derecho de la UNAM, y de criminología y diversos temas, como ciberdelitos, uso de la fuerza, protocolo de primer respondiente, sistema anticorrupción, argumentación jurídica.

También, soy docente en el INACIPE y fui docente de la Barra Nacional de Abogados y en el Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia, anteriormente del Distrito Federal, donde capacitaba a ministerios públicos, policías y peritos.

Otra de las prioridades, es abatir la corrupción, en donde también tengo experiencia, ya que laboré a nivel directivo en las áreas de quejas, responsabilidades, auditoría y mejora de la gestión, en los órganos internos de control de Hacienda y en la Policía Federal.

Soy mamá, soy ciudadana, preocupada por la realidad que vivimos. No tengo filiación política alguna, ni conozco o tengo relación con nadie en la política.

Y, por ello, creo en el proyecto de esta nueva administración y me uno a esta convocatoria con la experiencia, disponibilidad y disciplina.

Bueno, pues yo, primero, quisiera decirles que los fenómenos delictivos que afectan a México son, en primer lugar, el narcotráfico, seguido por el tráfico de armas, la trata de personas y el huachicoleo.

Las estadísticas del INEGI revelan que, en 2017, se registraron 31 mil 174 homicidios, resultando 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Hoy en día, el último registro del ENVIPE nos dijo que hay 31.1 millones de delitos al año, por lo que, si somos aproximadamente 127.5 millones de habitantes y los dividimos entre esos 31.1 millones de delitos, resulta que cada habitante en México sufre cuatro delitos por año.

Los delitos van en aumento, son electorales, cibernéticos, financieros, secuestros, extorsiones, feminicidios, personas desaparecidas, los 43 de Ayotzinapa, de corrupción como Odebrecht, enfrentamientos de la delincuencia organizada, han provocado el incremento de homicidios y las disputas por el control de las rutas para el trasiego de drogas, precursores químicos, huachicoleo, armas y dinero.

Las víctimas de estos delitos para evitarse más complicaciones y por la corrupción existente, no denuncian. Así, el INEGI, nos lo dice, que la cifra negra alcanzó un 93.7 por ciento en la denuncia de delitos.

También, observamos que se reportaron mil 752 robos a trenes, realizados durante 2017, porque acordémonos que acaba de pasar a ser delito federal el robo de trenes, a partir del año pasado, y esto lo tenemos que tomar muy en cuenta ahora con lo del Tren Maya. Habrá que tomar medidas para ello.

Los elementos del plan de persecución, los tenemos en que la reciente Ley de la Fiscalía General contará con tres fiscalías: de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y de Derechos Humanos. Y, además, será creada una Fiscalía de Asuntos Internos, que esté encargada de investigar los actos de corrupción.

La ley se refiere a dos planes: un plan estratégico de transición, que tendrá duración de un año o la que el Fiscal General determina, y una de persecución penal, a la que no se le señala temporalidad, que es necesaria para poder medir dicho plan, ya que si no se puede medir, no se puede evaluar, y si no se puede evaluar, tampoco se puede mejorar, o en su caso, determinar la eficacia y la eficiencia del Fiscal General, y de los fiscales, y de los MP’s, y de los peritos, y de los policías, y del personal administrativo. Eso es lo que yo voy a crear.

Propongo que el plan de transición, además de determinar las fiscalías que integrarán este plan de persecución penal y organigramas, se sume el diseño y elaboración de perfiles de puestos, reforzamiento de los controles de confianza, sobre todo con el entorno social del servidor público, que incluye la visita domiciliaria para comprobar la veracidad de los bienes que declara y los que en realidad tiene, sean concordantes y así inhibir el enriquecimiento ilícito.

Propongo, también, la elaboración de manuales, procedimientos, manuales de organización, protocolos de actuación, alineados al Sistema de Justicia Penal respecto a justicia restaurativa, alternativa y transicional.

De igual forma, propongo, actualizar las directrices del Acuerdo A-080-2012, respecto al uso de la fuerza que ejercerán los agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a esta Fiscalía, ya que, por ser de 2012, no se encuentran alineados ni al Código Penal, ni al Protocolo del Primer Respondiente, ni a la Ley de la Fiscalía.

Aquí se deberá establecer que los policías ministeriales de la Fiscalía, tienen la obligación de hacer uso de la fuerza en ejercicio de sus funciones de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión y flagrancia, de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marquen en la normatividad vigente, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal.

Por otra parte, también propongo, en el Plan de Persecución Penal, se diseñe y construya un sistema estadístico confiable, ya que el existente contenido en el último VI Informe de Gobierno de 2018, los datos son imprecisos, en virtud que tienen notas aclaratorias que distorsionan la información.

Por ejemplo, expresan que la anterior PGR, en 2018, cuenta con 4 mil 176 agentes del ministerio público, y 54 mil 621 denuncias, lo que da que cada MP cuenta con 13 denuncias al año y que tendría sólo una denuncia, lo que no es, o sea, no puede ser que a un MP le toque nada más una denuncia, esto es incoherente.

Si ya dijimos que tenemos 31.1 millones de delitos federales y eso, si lo dividimos, a cada MP le tocan 11 delitos diarios, ¿no?, lo que es imposible de realizar.

La Fiscalía requiere de un sistema estadístico, confiable, con indicadores y programas. Se requiere hacer más con menos.

¿Cómo? O sea, por ejemplo, para lavado de dinero, ahorita la que es hasta hoy PGR, tiene tres unidades para lavado de dinero, en SEIDO, y en un análisis financiero dependiente de la oficina del Procurador.

Entonces ésa, si la hacemos una, eficientamos recursos y no nos metemos en difusiones y, por eso, esa es una de las realidades por las que no se avanza en las investigaciones por lavado de dinero.

Ya me resta poco tiempo y otra cosa que se requiere es que el presupuesto para el Plan sea presentado el primer semestre del 2019, por el Fiscal General, antes que el 1° de diciembre de 2019, ya que, dicho Plan de Persecución Penal, para que sea aprobado en el segundo semestre de 2019, y así poder ejercerse el 1° de enero de 2020.

De otra forma, el que se entrega primero, el Plan de Persecución Penal, el 1° de diciembre de 2019, el presupuesto que integra dicho plan se asignará para el 2021.

Entonces, la transición -ya con esto termino- la transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General, se encuentra en el centro de controversias en todos los ámbitos, ya que la función de la procuración de justicia forma parte de la inseguridad en la que vive el país.

La percepción ciudadana refiere que la procuración de justicia sea usada con fines políticos en ocasiones, y en otras con negligencia, elemento principal de la impunidad en la investigación y persecución de delitos, ya que el principal objetivo es acabar con la corrupción e impunidad que eso representa.

Me propongo, como Fiscal General, para que, al término de mi encargo, en nueve años, entregar cuentas de una Fiscalía General de la República eficiente y eficaz, en la investigación y persecución de delitos, con estadísticas y reportes de incidencia delictiva, coherentes y coincidentes a la realidad.

Que demuestren la equidad en las cargas de trabajo con MP’s, peritos y policías ministeriales debidamente capacitados, y tecnologías de vanguardia con la capacidad de adiestramiento, ya que nos falta, también, meter estas tecnologías para que nuestros peritos lleguen a una verdad, así como la de los 43 de Ayotzinapa, para establecer y reunir los elementos de prueba sólidos.

También suficientes, que permitan la vinculación a proceso, con la colaboración irrestricta de la sociedad civil, la iniciativa privada, universidades, institutos de ciencias penales y de investigación, para con ello abatir la inseguridad imperante en el país; y para que la ciudadanía recupere así la confianza con todos: con ciudadanos, con asociaciones, con universidades, y se obtenga la paz tan necesaria en México, que tanto necesitamos.

Gracias.

Versión de la exposición de Roberto Valero Chávez, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muy buenas tardes, señoras y señores senadores.

Me place tener la oportunidad de estar ante ustedes para exponerles de viva voz el deseo que tengo de participar en esta selección para ocupar uno de los cargos más importantes en el actual Gobierno, que es el ser Fiscal de la Federación.

Es una enorme responsabilidad entrar a esta selección, sin embargo, me impulsa querer servir a mi país.

El problema fundamental que nos ocupa, es de todos bien sabido: la corrupción a todos los niveles.

Debemos acabar con ese cáncer de nuestro país, que nos avergüenza no sólo nacional sino internacionalmente.

Tenemos casos abominables de gobernadores que han dilapidado los erarios públicos. No han tenido el menor recato y, sin embargo, algunos han recibido algunas sentencias muy benévolas.

Debemos actuar con toda prontitud. Ya no podemos aguantar más, y tenemos los recursos suficientes para ser un gran país. No nos falta nada. Tenemos litorales, minería, bosques y todo lo podemos hacer, pero hay un poder que nos atrasa, que es la corrupción.

Es abominable que ahora actualmente el problema que estamos enfrentando de la gasolina, los energéticos, todavía se ocupan algunas gentes de atacar los poliductos. Es criminal eso.

Los ferrocarriles los descarrilan y ya mucha gente los utiliza como un modus vivendi.

Tenemos que ser implacables, sea quien sea. Hay que tener dureza, no podemos estar apacibles ante esta situación.

Quiero hablarles, sucintamente, de mi formación profesional.

Tengo una Ingeniería Química, una licenciatura en Derecho, de la Facultad de Derecho soy egresado; una maestría, una especialidad. Estudié el doctorado y estoy haciendo el post doctorado.

He sido dos veces Director General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Fiscal Central de Homicidios en la Procuraduría del entonces Distrito Federal.

Dos veces fundador de los servicios periciales, tanto del estado de Hidalgo como de la General de la República.

Conozco la institución. He estado en dos diferentes sexenios y, afortunadamente, la ley que se ha publicado nos da un paso para poder hacer una cuestión de una transición.

Tenemos que, –bueno, quien sea la fiscal o el fiscal designado, de inmediato habrá que hacer una ley orgánica. No está establecido, pero un reglamento interior de la Procuraduría. Debe haber un proceso de depuración.

He tenido la oportunidad de visitar algunas oficinas; algunos escritorios vacíos; personal jugando cartas con las computadoras. Se ha agrandado la cuestión del ahora Instituto de Ciencias Periciales. Entonces, tenemos que hacer una depuración, respetando los derechos de los trabajadores. Hay un sindicato.

Tendremos que implementar un plan de retiro voluntario, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, indemnizando adecuadamente a las personas. No se tiene que entrar en conflicto con el actual sindicato. Respetar los derechos laborales, el Servicio Profesional de Carrera para funcionarios que  merecen todo su respeto. Ese es el programa.

Afortunadamente hay una cuestión en la ley, de un proceso de transición que debe durar un año, al cabo del cual se deberá elaborar una reflexión de cómo ha estado funcionando.

Yo considero, señoras senadoras y senadores, que es la oportunidad que tiene el país de enderezar, de reconciliarse con la sociedad. No entrar en conflicto, pero no podemos permitir que siga permeando ante la sociedad una absoluta impunidad.

Debemos actuar, sea quien sea, del nivel que sea. Eso es lo que nos está ocasionando que nuestro país no progrese: la impunidad.

Tenemos todo para ser un gran país. Somos grandes. En nosotros mismos está la solución. ¿En quién? Quien debe administrar justicia.

Yo no quiero abundar más en esta cuestión. Otros compañeros ya lo han hecho.

Estoy complacido de haber estado con ustedes y les repito: me presento a su consideración.

Muy amables y muchas gracias.