La reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos, busca que los “infractores estén en la cárcel y los inocentes en la calle”, advirtió el senador Manuel Huerta.

En su intervención ante el pleno, puntualizó que la reforma constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para “combatir los delitos relacionados con precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas, fentanilo y derivados, delitos contra la salud, contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, así como la extorsión”.

Asimismo, el senador veracruzano se cuestionó: “¿Cómo hacemos para que las víctimas vean restituido su derecho ante un delito y su agresor? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a delincuentes habituales, reincidentes, cometiendo delitos de delincuencia organizada?” La prisión preventiva oficiosa, respondió, saca de las calles a estos infractores, pero aclaró que esta deberá ser contemplada desde una visión social.

Insistió en que la reforma atiende los delitos que más daño causan a la sociedad, entre ellos abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, el tema de los precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otras.

Mencionó que el 70% de la población está a favor de esta medida, porque la gente entiende el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad y de justicia. Por ello, en el Senado “estamos hablando seriamente de lo que ahora nos toca consolidar en materia de seguridad”, resaltó.

Reiteró, como lo hizo en comisiones, que en el período 2006-2009 resultaron 86,529 personas no sentenciadas que estaban bajo proceso penal y en prisión preventiva. “Esto es lo que generaron y no de manera aislada por lo que su jefe Calderón hizo en 2006-2009, sino por todo el desastre que hicieron en materia de justicia y seguridad que ustedes generaron”.

Las reformas, abundó, no son medidas cada una por su lado, “forman parte de una serie de medidas articuladas que buscan consolidar precisamente la estrategia de seguridad. En esa ruta, concluyó, en el presupuesto federal se prevén 800 mil millones de pesos para programas sociales, aumentos salariales, programas estratégicos de inversión pública y privada, para el renacimiento del país”.

Por lo anterior, adelantó, “mi voto es en respaldo completo a esta reforma que encabeza la voluntad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos construyendo los fundamentos para hacer posible la estrategia de seguridad y la legitimidad de las acciones que el Estado requiere”.