Senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales

Senadoras y senadores, con la venia de la presidencia, saludo al público presente, a los medios de comunicación y especialmente al Canal del Congreso que nos permite llegar a millones de mexicanas y de mexicanos. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, saludo también a quienes nos siguen por las diferentes plataformas. Esta presentación está dirigida al pueblo de México, porque hoy nos convoca a una decisión trascendental.

En esta soberanía deliberativa, erigimos los pilares del nuevo constitucionalismo mexicano, que a través de esas reformas da rostro y voz a quienes han sido silenciados por la injusticia y la impunidad.

Invito a las y los integrantes de este pleno a que veamos esta resolución como una declaración inequívoca de que debemos unificar esfuerzos para no claudicar ante los embates del crimen y la descomposición social. Este dictamen encuentra su origen en la iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso reformar el segundo párrafo del Artículo 19 de nuestra Constitución Federal con el objeto de ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Luego de un amplio análisis se obtuvo este dictamen, en el que la mayoría de quienes integran el Poder Reformador han estado de acuerdo en incluir conductas que han sembrado el miedo, la pobreza y la desconfianza en nuestra sociedad. De este modo, al catálogo ya existente se añade la extorsión, una práctica que asfixia a todo mundo, a comerciantes, agricultores, empresarios, comerciantes de muy bajo monto, destruye economías locales y familiares y alimenta el crimen organizado. Su impacto va más allá de lo económico, genera terror, paraliza comunidades enteras y perpetúa la pobreza.

Incluirla en este catálogo es un acto de justicia para quienes sufren diariamente el peso de estas amenazas. Se adicionan también diversas conductas vinculadas con las drogas sintéticas como el fentanilo, que devasta vidas al causar adicciones y muertes mientras financian operaciones de grupos criminales. Este flagelo con su capacidad destructiva es una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional.

Y también a veces es pretexto para que gobiernos extranjeros quieran tener injerencia en decisiones soberanas, cosa que en México no vamos a permitir y nuestro total respaldo a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en tal sentido.

La incorporación de este delito al catálogo es un acto de responsabilidad para frenar su producción, distribución y consumo. También hay otro tema que es muy importante y se agrega al catálogo, el uso de los comprobantes fiscales falsos que constituyen una amenaza insidiosa contra nuestra economía al fungir como herramientas para la evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción en el sector público y privado.

Estas prácticas desvían recursos del erario, inflan costos en contratos y fortalecen redes criminales. No combatirlos con firmeza sería permitir que el patrimonio de la nación siga siendo saqueado. El que afirme que los presuntos responsables de extorsión, tráfico de drogas sintéticas o corrupción por comprobantes falsos no deben permanecer en prisión durante su proceso, desconoce las realidades del pueblo mexicano.

Muchos aquí no saben lo que significa cerrar un negocio familiar por temor a ese cobro de piso, o migrar a otro estado o a otro país porque es imposible vivir en paz y trabajar con tranquilidad o, lo que da mucha tristeza, cuando vemos básicamente a jóvenes ser consumidos por las drogas. Estas son las causas de esta reforma constitucional. No hay nada más contrario a los derechos humanos que permitir que los victimarios sigan operando sin restricciones, poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad misma.

No se trata de castigar, sino de prevenir. No es punitivismo, es salvaguardar. Por eso, también es importante que desde el Senado de la República dejemos muy clara a la comunidad internacional y, especialmente, a los críticos de esta reforma, que dicen que se vulnera la excepcionalidad de la prisión preventiva. Esto es falso.

En caso de que se dieran todas las formas de las tres figuras que estamos incluyendo ahora y con la inclusión ya de estas tres nuevas, el catálogo solo representa el 11% de los delitos en este país. Es, en la práctica penal mexicana, la independencia judicial a la que prevalece y los jueces pueden analizar la viabilidad de esta medida en cada caso.

Senadoras y senadores, para la consolidación de la política humanista encabezada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este dictamen es una declaración de tres principios. La justicia prevalecerá, las víctimas serán protegidas, el crimen no tendrá refugio en nuestra nación.

Por eso, por eso, hacemos un llamado, compañeras y compañeros, para que protejamos a quienes han sido olvidados, a que restauremos esa confianza en nuestras instituciones y que cerremos las puertas al abuso y a la impunidad.

Por eso, vamos a convocar a que en este pleno se pueda dar el voto a favor de este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, porque serán en beneficio del pueblo de México. Gracias por su atención. Buenas tardes.