En la discusión en comisiones sobre la reforma que adiciona el artículo 123 de la Constitución en materia de vivienda adecuada, el senador Manuel Huerta sostuvo que ésta deberá ofrecerse a través de “crédito barato, accesible, que atienda a condiciones de mercado y con facilidades administrativas; es decir, no debe gravarse de forma sustantiva los ingresos salariales del trabajador”.

En este sentido, dijo que la reforma constitucional debe ser diferente a las políticas de los gobiernos de Salinas hasta Calderón, “cuyos gobiernos encarecieron la vivienda y alejaron al pueblo de la posibilidad de acceder a ella, al extremo de que tenemos déficits”.

Esta modificación forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero pasado, un gobierno que, “con mucha responsabilidad, ha tenido una política social de vivienda que logró construir, en materia de producción social del hábitat, más viviendas que las que se habían hecho incluso después del sismo del 88”.

El dictamen que adiciona la fracción XII del apartado A del artículo 123, abordado en primera instancia en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, reivindica la orientación social del INFONAVIT al precisar que toda empresa, agrícola, industrial, minera o de cualquier otro trabajo “estará obligada (…) a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas”.

En este sentido, advirtió que “el punto central, desde mi óptica, es que el INFONAVIT pueda construir vivienda, y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. En la iniciativa original presentada por el presidente López Obrador ya se incluían medidas y tiempos específicos sobre cómo los trabajadores accederían al fondo de vivienda y más precisiones”.

Mencionó que, en 2020, como lo refirió su colega la senadora Geovanna Bañuelos, hubo reformas en las que el propio INFONAVIT comenzó a hacerse cargo de entregar de manera directa, sin intermediarios y sin especulaciones urbanas, como las que se hicieron a través de consorcios privados que solo expoliaban a los trabajadores de su derecho a la vivienda, además de generar ecocidios en las comunidades donde se ubicaron los desarrollos inmobiliarios.

La instrumentación de esta reforma constitucional, concluyó el senador veracruzano, se verá fortalecida con las leyes secundarias y en los presupuestos que se asignen para materializarla.