El senador Manuel Huerta, calificó de imprudencia las posturas jurídicas y políticas que juzgadores y magistrados han adelantado en torno a la impugnabilidad de la Constitución, porque este tema, preciso, “aún está en la esfera del proceso legislativo del Congreso la Unión”.

“Precisamente es lo que aprobamos ayer en el Senado, con las reformas a los artículos 105 y 107 a la Constitución fue hacer explícito en la Carta Magna que en cuanto a reformas o adiciones a la Constitución no hay recurso jurídico alguno, justamente para para evitar intromisiones absurdas e ilegales por parte de personas juzgadoras”, declaró el legislador en reuniones con la ciudadanía veracruzana para informar sobre las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.

Recordó que tras presentar su Voto Particular en la discusión del dictamen presentado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, advirtió que “la improcedencia ya se encuentra establecida en la ley, pero ante el evidente abuso por parte de los impartidores de justicia, se clarificó en el texto constitucional”.

“Lo que se votó con mayoría calificada la madrugada de este sábado es que precisamente en el tema de adiciones o reformas a la Carta Magna éstas son inimpugnables y no hay recurso alguno, tal y como han reconocido juristas como Diego Valadés”, insistió.

En ese contexto, criticó a los juzgadores que “han actuado de forma irresponsable, véase si no el paro que cumple más de dos meses y medio en donde a los justiciables se han visto afectados, porque primero están sus privilegios, no los del pueblo”.

Ahora, agregó, “hasta se les paga también para que hagan conferencias de prensa, en donde fijan posiciones políticas y jurídicas lo queratifica que los asuntos de los justiciables no les importan en absoluto; lo que les interesa es combatir toda decisión del Ejecutivo y del Legislativo porque afecta sus intereses, en donde ellos son Juez y Parte”.

En su exposición ante el Pleno, Huerta ofreció un contexto histórico y político para razonar su voto y, al final, argumentó jurídicamente las restricciones, esto es, la improcedencia para combatir reformas y adiciones a la Constitución:

“Las reformas y adiciones a la Constitución no son susceptibles de control jurisdiccional. Esto es, la función que realiza el Congreso de la Unión al acordar modificaciones, las legislaturas estatales al aprobarlas y la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales no lo hacen en un carácter aislado; lo están haciendo como en el extraordinario órgano reformador de la Constitución, realizando la función de carácter constitucional”.

Por lo que, concluyó el senador por Veracruz, votó “a favor de este proyecto porque se va a delimitar la actuación del Poder Judicial respecto al Constituyente Permanente en un proceso de reforma que tiene como objetivo cambios estructurales. Ese es el fondo del asunto, que garanticen mejores condiciones de desarrollo económico, cultural y de bienestar para los mexicanos y mexicanas”.