• No basta con sancionar las conductas para impedir los delitos, considera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, consideró necesario diseñar las políticas públicas que permitan avanzar en la prevención de las llamadas terapias de conversión.

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIG), conocidas como terapias de conversión, son aquellas prácticas que consisten en sesiones psicológicas y psiquiátricas, métodos o tratamientos que tienen como objetivo anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de las personas.

En estas prácticas también se utiliza la violencia física, moral o psicoemocional, que atenta contra la dignidad humana.

Durante el foro “Respuesta intersectorial para la prevención y atención de los ECOSIG en México”, Ascencio Ortega consideró de suma importancia que se prevengan las terapias de conversión y se trabaje para evitar la discriminación e impulsar la inclusión social y la educación, para que se comprenda que en las preferencias sexuales o identidad de género “no hay nada que curar”.

Para cumplir con ese propósito, agregó, se requiere de la participación del Ejecutivo Federal, para elaborar las políticas públicas en la materia; del Poder Legislativo, que tiene que realizar las reformas secundarias que sean necesarias; y del Poder Judicial, para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de estos delitos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que el 7 de junio de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal, que tipifica como delito las “terapias de conversión”; sin embargo, acotó la senadora, no basta con que se sancionen las conductas.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, dijo que toda política pública siempre debe implicar un avance en el reconocimiento y protección de derechos.

Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, dijo que a la fecha son 18 estados los que han legislado para prohibir los ECOSIG.