El senador Manuel Huerta recriminó que el Poder Judicial se mantenga abstraído de su obligación de impartir justicia en México, derivado de la reforma judicial aprobada por el Constituyente Permanente, ya que ello redunda en perjuicio de los derechos consagrados en la Constitución.

“Ahora sí que esa palabra tan trillada que se jactan de repetir en la jerga judicial, los justiciables, quienes han visto cómo sus derechos han sido pisoteados en estos dos meses de paro por jueces y magistrados, e incluso ministros de la Corte, en su afán de oponerse a la decisión del Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas de los estados”, mencionó el legislador.

Ellos sí están afectando los derechos humanos de la ciudadanía y el mandato popular emitido en las urnas de junio pasado. “No sorprende que nadie los cuestione, por miedo o por ser comparsas; abstenerse de cumplir sus responsabilidades solo redunda en perjuicio de los derechos de las personas que han sido injustamente suspendidos en los miles de juicios sin resolver en los tribunales federales”, señaló.

“Como dicen los abogados, el patrimonio, la libertad, la seguridad jurídica, están en juego y a ellos, a los juzgadores, no les importa en modo alguno que estos no se cumplan. Y de eso no hablan sus voceros y promotores, como un connotado exministro, así como los ministros en funciones que encabezaron y, diría yo, azuzaron las protestas y, con ello, el asalto al Senado”, recordó Huerta.

El Senado, advirtió, no se detendrá ante los reiterados intentos por bloquear sus funciones. “Así que podrán emitir toda clase de amparos y suspensiones, como la decisión de la jueza de Coatzacoalcos, que raya en lo absurdo, pues carece de facultades y pretende que la presidenta Sheinbaum ‘despublique’ la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Y a dicha jueza se le presentará una queja ante el propio Consejo de la Judicatura”, indicó.

El Consejo de la Judicatura Federal, patrón de los jueces y magistrados, “debe dar el siguiente paso, pues el exhorto para que vuelvan a trabajar ha sido desatendido por los juzgadores. Un grupo de titulares no puede arrogarse el derecho de dejar de impartir justicia. El Consejo goza de los instrumentos para impedirlo”, explicó.

En México, los únicos afectados por el paro ilegal son los derechos humanos de las familias mexicanas y, por añadidura, también “los litigantes a quienes se les coarta el ejercicio de su profesión, como defensores de sus clientes y en el pago de sus servicios profesionales”, finalizó el senador Manuel Huerta.