Con su permiso, señor presidente, senadoras, senadores.

Me dirijo ante ustedes, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la alta responsabilidad de presentar este dictamen a esta honorable Asamblea. Hoy nos encontramos ante una discusión que trasciende las fronteras del debate legislativo.

Lo que está en juego es el futuro de nuestra soberanía energética, un derecho del pueblo mexicano que, por desgracia, con varias afectaciones normativas, se transitó de la rectoría del Estado a la apertura del sector privado bajo el pretexto de la dinámica económica mundial, teniendo como el momento más emblemático el que se presentó en 2013 con la mal llamada Reforma Energética. Aquella reforma, vale la pena recordar, entregó a grandes transnacionales áreas estratégicas que deberían de estar exclusivamente bajo el mando del Estado. Esto permitió, por ejemplo, que los particulares controlaran más del 60 por ciento de la generación eléctrica en México, debilitando gravemente a la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, en el sector de los hidrocarburos se provocó la reducción de la participación en la producción a Petróleos Mexicanos, lo que generó su endeudamiento y lo colocó bajo un esquema de competencia desigual con las empresas privadas, alejándolo de esa capacidad de manejo que por muchos años fue ejemplo mundial de una empresa eficiente, una empresa pública, una empresa del Estado. Lo que fue presentado en aquel entonces como una medida para modernizar el sector energético resultó ser un descarado despojo de nuestra capacidad soberana para garantizar energía accesible y justa para todos los mexicanos. Hoy la realidad es otra.

Gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del 2024 significó el inicio del proceso para devolverle al pueblo de México lo que jamás se le tuvo que haber arrebatado. No se equivocó el exmandatario López Obrador cuando afirmó que debía considerarse a Pemex y a la CFE como empresas públicas estratégicas y no productivas. Su visión, como dio muestras en su sexenio, siempre estuvo encaminada a en velar por el pueblo y en especial para los que menos tienen.

Por ello, la propuesta que hoy se pone a discusión tiene como trasfondo asegurar servicios públicos baratos, accesibles y de calidad. En tal razón, el dictamen tiene como objetivo revertir ese error histórico y devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética de esos servicios públicos, de esos bienes públicos que son esenciales para el bienestar nacional. La reforma al Artículo 25 de nuestra Constitución que se plantea propone que Pemex se transforme de empresa productiva a empresa pública del Estado, lo que representa que el Estado mantenga el control exclusivo sobre la exploración, extracción y control de los hidrocarburos, incluyendo al gas natural, asegurando que aunque se permita cierta participación privada bajo contratos específicos, los recursos seguirán siendo propiedad de México, lo cual fortalece el papel de Pemex como el principal actor en el manejo de estos recursos.

Por su parte, la propuesta de modificación al Artículo 27 de nuestra Carta Magna deja en claro que el Estado en materia eléctrica tendrá la prevalencia sobre el sector privado, esto para cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad de este servicio. En este punto hago un reconocimiento público a la política eléctrica impulsada por la Cuarta Transformación, en la que se llevaron a cabo más de tres mil obras sólo en electrificación rural en México, con lo que se alcanzó el 99.3 por ciento de cobertura, dándose prioridad a la ampliación en la red en zonas marginadas.

Respecto a la propuesta de modificación al Artículo 28, vinculado al precepto que lo antecede de nuestra ley suprema, refiere que el litio será explotado exclusivamente por el Estado mexicano, con ello se salvaguardan los intereses de la nación, lo que representará beneficios para las y los mexicanos.

Asimismo, se reconoce en esta Reforma Constitucional que el internet es un área estratégica, que hoy en día se ha vuelto esencial para reducir las desigualdades en educación, en salud, empleo, en todos los sectores de la vida diaria, con lo que se da un paso fundamental para cerrar la brecha digital y permitir que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades.

En síntesis, la propuesta se contiene en la Reforma en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales permiten que el Estado retome la soberanía y seguridad energética, velando en todo momento, porque en este sector se antepongan los intereses del pueblo ante cualquier enfoque que tienda a fortalecer el lucro de los particulares.

Al pueblo de México se lo decimos de frente, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el internet no serán más objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados, serán como debieron ser siempre, bienes y recursos naturales al servicio del desarrollo nacional.

Y no omito señalar que a tan sólo 15 días de haber tomado posesión del cargo como primera mujer presidenta de México de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos dando las condiciones legislativas para que se cumpla a cabalidad uno de los 100 pasos para la transformación.

Esta es la verdadera transformación, la que pone a la gente en el centro, la que construye un México donde todos tienen un lugar y un destino compartido. Hoy, como siempre, hemos dado muestras, estamos del lado del pueblo.

Por eso los invito a votar a favor de este dictamen que representa un paso firme hacia la soberanía energética y la justicia social que tanto necesita nuestro país. Cierro teniendo presente aquella máxima del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien mencionó gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traición a la patria.

Muchas gracias por su atención.