Sen. Carlos Lomelí propone crear una Fiscalía Especializada que persiga delitos contra adultos mayores. (Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Bariatría y Educación Nutricional)

Gracias, senador presidente. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros integrantes de la mesa directiva, saludos a todos. 

Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo programa social, Salud Casa por Casa.  ¿Pero qué significa esto? Además de recibir su pensión de bienestar, ahora las y los adultos mayores podrán recibir atención médica directamente en la comodidad de su hogar. Una maravilla, porque ya no será necesario trasladarse para ser atendidos.

Primero se va a realizar un censo a nivel nacional, hablamos de 13.6 millones de personas visitadas en 12 millones de hogares. Después se van a contratar 20 mil médicos y enfermeras para realizar visitas periódicas personalizadas, asegurando que todas y todos los adultos mayores reciban el cuidado que se merecen. 

El segundo piso de la Cuarta Transformación no se detiene, seguimos avanzando, llevando bienestar y garantizando el derecho a la salud para quien más lo necesita.

Hoy vengo a proponerles una iniciativa que atiende la vulnerabilidad del adulto mayor como víctimas de delito. Pretendo que la fragilidad de ellas y de ellos ya no sea motivo de abuso, de indiferencia y de indolencia en la procuración de justicia, que dispongan de una estructura gubernamental para procesar con eficiencia las investigaciones de delitos que se cometen en sus contras. De manera concreta propongo la creación de una Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayor.

Al respecto, les comparto algunos puntos de las exposiciones de motivos. En México, más de 15 millones de personas tienen 60 o más años, lo que representa alrededor del 12 por ciento de la población. Y gracias al trabajo del humanismo mexicano, este sector dejó de ser invisible y se convirtió en una prioridad en nuestras políticas públicas.

El logro de mayor trascendencia de la Cuarta Transformación es el Programa de Pensiones Universal para Adultos Mayores, que beneficia a más de 12 millones de personas. Esta pensión es un pilar de apoyo económico fundamental para nuestros adultos mayores, aunado a que se redujo la pobreza y mejoramos su calidad de vida. No obstante, las personas mayores contribuyen a una vulnerabilidad sujeto de discriminación y abandono, de violencia, de abusos que requieren de una respuesta institucional focalizada.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 57 por ciento de los delitos en contra de los adultos mayores son de tipo patrimonial, como robo, como el despojo de su casa habitación; ya sea el 16 por ciento de violencia, el ocho por ciento de lesiones, después vienen los homicidios, las amenazas, el abandono y hasta el abuso sexual. 

La Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores dice que ninguna persona mayor de edad puede ser discriminada o socialmente marginada en ningún espacio público o privado. Además, dice que debe de evitarse que se cometan abusos, explotaciones, aislamientos, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo a la persona, bienes o derecho de los adultos mayores.

Necesitamos urgentemente instituciones sólidas que protejan a quienes más lo necesitan y por eso la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores es una pieza clave en este camino. Esta fiscalía, además de perseguir los delitos que afectan a nuestros mayores, garantizaría en su derecho a ser defendidos en todo momento y asegurar que cualquier abuso, cualquiera que sea, que sea cometido por familiares, por terceros o funcionarios públicos, necesariamente tienen que ser castigados. 

En términos de impacto social, no podemos olvidar que a pesar de los avances de esta Cuarta Transformación, cuatro de cada 10 personas mayores aún viven en condiciones de pobreza y que mucho dependen económicamente de sus familiares. Este contexto de depender de los familiares hace que sean más vulnerables al abuso y al fraude patrimonial, que en muchos de los casos son cometidos por personas cercanas a ellos. 

La fiscalía que proponemos tendrá la capacidad de investigar estos delitos de manera eficiente y garantizar que nuestros adultos mayores sean tratados con respeto y con dignidad. 

La propuesta de modificación del artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General de la República para la creación de la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores es una muestra más de nuestro compromiso inquebrantable por aportar la justicia y la protección a los derechos humanos de nuestro pueblo.

Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.