Grupo Parlamentario MORENA, LXVI Legislatura

Intervención de la senadora Margarita Valdez al presentar los dictámenes que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Intervención de la senadora Margarita Valdez al presentar los dictámenes que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Buenos días a todos y a todas, sobre todo a quienes están presentes, a los medios que nos acompañan y principalmente con toda la muy buena voluntad de seguir transformando nuestro país al pueblo de México, a los mexicanos y mexicanas.

La síntesis de los dictámenes que presentamos ante este pleno define reglas claras para la elección por primera vez de los cargos del Poder Judicial de la Federación, mismos que reforman y adicionan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No está de más recordar que estas iniciativas, de estos cambios, de este compromiso, fue de todos nosotros, del lado que nos sentamos de la izquierda con el pueblo mexicano. Hizo llegar, y felicito a la presidenta de la República, nuestra compañera Claudia, porque en menos de ocho días cumplió, entre otros compromisos, este.

En ambos casos los dictámenes garantizan el que quienes decidan participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar, en caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces, magistrados o ministros. También se establecen los parámetros sobre el porcentaje de electores que deben ocurrir a las urnas para que la elección de esos integrantes del Poder Judicial Federal sea válida. Lo que se pretende es que sea una elección seria, comprometida y con una gran participación de las y los ciudadanos.

También es importante establecer los parámetros sobre el porcentaje de electores y se define la no injerencia, muy importante, la no injerencia de los partidos políticos ni de los servidores públicos. Democratizar el Poder Judicial de nuestra nación no debería, compañeros y compañeras, ser ningún estigma. Es algo muy nuevo, pero no debemos espantarnos ni tener miedo.

Por el contrario, democratizar la elección de quienes imparten justicia en sus diferentes ámbitos es construir un piso mínimo, mínimo, para que la justicia sea en realidad asequible para las mayoría. Cambiar paradigmas anquilosados no significa atentar contra la independencia de ningún poder, sino abrir ese poder a que la gente conozca de forma pertinente quién o quiénes estarán en un cargo como impartidores de justicia. Quiero reiterar las últimas tres palabras.

Impartidores de justicia no es cualquier tarea, no es cualquier cosa de que ustedes. Aquí tenemos que tomar la responsabilidad de que quien se va a comprometer a impartir justicia lo haga correctamente. Esa es la función del Senado de la República, que quien se apunte, quien aspire a ser una figura pública, cumpla con los requisitos.

La historia de finales del siglo XX dio cuenta de una reforma del último escalón del Poder Judicial, sin avales de bono democrático. Lo que ahora discutimos sobre las leyes secundarias se ha socializado desde hace meses entre las ciudadanías y tiene como finalidad resarcir el acceso a la justicia y no tener un poder de Oropel con privilegios supremos, importante, suprema Corte de Justicia y a fin de cuentas estaba hueca, a fin de cuentas no tenía principios, a fin de cuentas no cumplió con la tarea que durante décadas se le encargó. La elección de los integrantes de uno de los tres poderes de la nación no debe de ser vilipendiada sin aún saber sus resultados. Conceder el derecho a la gente de ser partícipe de la integración de esto es un paso en la consolidación de un México más democrático, pero sobre todo menos injusto, sin dispendios del erario, con un mejor esquema de revisión de su actuar y lo más importante que en los hechos aplique la justicia, aplique la justicia sin distingo de clase social.

No podemos cerrar los ojos al dolor, a las quejas de las y los ciudadanos que claman respuestas porque sus familiares tienen años en la cárcel sin sentencia. Tampoco nos podemos tapar los oídos ante un juicio en los cuales la ciudadanía nos exige que sean justos. No podemos dejar de ver a una madre que le están quitando la custodia de sus hijos porque no tiene dinero para pagar a los abogados o considerar correctos aquellos amparos que se otorgan en favor de particulares en contra de un derecho constitucional como el derecho a la salud.

No podemos seguir permitiendo que los particulares que tienen dinero se amparen y permitan la venta de cigarrillos con aditivos. ¿Qué entre los senadores no podemos entender que los aditivos provocan y son causa de cáncer? ¿Qué es más importante el amparo de una productora de tabaco que el derecho de nuestros niños y niñas a tener salud?

La impartición de justicia es una acción humana parecida a un acto donde un médico salva una vida. Por eso no puede haber juzgadores sin ética, sin formación, sin compromiso social. En esta soberanía no podemos olvidar que si bien el amparo es un instrumento del Estado mexicano en cientos de ocasiones se ha empleado no para proteger derechos de quienes están en estado de vulnerabilidad o de afectación, sino para potenciar intereses económicos o de élites en contra del interés colectivo.

Cito, por ejemplo, amigos y amigas, el ejemplo de los amparos que promovieron pequeños productores de mi estado de Durango para tratar de impedir la construcción del proyecto de agua saludable. Se ampararon para que les dieran dinero para que los tubos que llevaran el agua limpia a nuestra población no pasarán. Ellos querían negocio con la salud de los duranguenses.

Puedo decirles que otro caso es cuando se atentó contra la autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los impartidores de justicia primero priorizaron el derecho de un congreso estatal antes que la autonomía universitaria. Es importante que si en verdad los opositores a esta reforma, se los digo opositores a esta reforma, quieran cambiar el Poder Judicial Federal, podrían dar muestras con el impulso al proceso de llevar a las urnas a los más idóneos para estos cargos, en vez de rehusarse por animadversión partidista de grupo a las propuestas de esta mayoría legislativa.

Senadoras y senadores, hago un llamado para que reflexionen de la importancia de estas iniciativas y que pongamos nuestra voluntad para salir de un México que ha quedado atrás. Ya no estamos en el México donde la justicia la impartía el Hacendado y dependía del Hacendado si chicoteaba al trabajador o si lo ponía en el potro. Dejemos ese México atrás y avancemos con paso firme hacia un México más justo, más libre y más fraterno.

Muchas gracias compañeros y compañeras.