• Es esencial salvaguardar los derechos individuales y prevenir posibles abusos por parte de las autoridades, sostiene senadora Guadalupe Covarrubias

La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para fortalecer la protección al secreto bancario.

Este proyecto, consideró la legisladora de Morena, es “esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática que aspira a salvaguardar los derechos individuales y a prevenir posibles abusos por parte de las autoridades”.

Para ello, propuso precisar que el Fiscal General de la República sólo puede requerir a las instituciones de crédito información bancaria de un individuo siempre y cuando cuente con una autorización judicial previa.

El texto vigente de ese apartado estipula que tales instituciones están obligadas a dar esa información sólo por requerimiento, sin autorización judicial de por medio, redacción que calificó la representante de Tamaulipas como “inconstitucional”.

Covarrubias Cervantes dijo que su propuesta es una medida que garantiza que el acceso a la información bancaria esté debidamente fundamentada, sujeto a un escrutinio judicial que asegure el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Para fortalecer la protección al secreto bancario, la senadora también sugirió que toda investigación en torno a información y documentación relativa a operaciones y servicios de crédito debe contar con autorización previa del juez de control.

“De esta manera se evita cualquier posible abuso de poder y se asegura que sólo se obtenga información bancaria cuando sea estrictamente necesario y esté debidamente justificado en el marco de una investigación penal”, acotó Covarrubias Cervantes.

La legisladora precisó que su iniciativa, turnada para análisis a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, no busca obstaculizar las investigaciones penales y legitimas, ni dificultar la labor de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, acotó, busca establecer un equilibrio entre la eficacia investigativa y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.