• Se beneficiará a más de tres millones de personas trabajadoras y cerca de 12.5 millones de familiares: Gómez Urrutia

Con 71 votos, el Senado aprobó ampliar las atribuciones del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para que pueda celebrar convenios con los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de los estados y de la Ciudad de México, a fin de que pueda otorgar créditos a los trabajadores.

Además, faculta al Consejo Directivo para autorizar las políticas generales para la celebración de convenios con dichos entes gubernamentales.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Gricelda Valencia de la Mora, destacó que, con la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se amplía y fortalece a la función social de este órgano, en favor de las personas trabajadoras de dichos poderes y de sus familias.

Subrayó que el Fonacot es la entidad financiera líder para la fuerza laboral mexicana, además, cuenta con una estructura sólida, eficiente y competitiva, con lo que presta servicios de excelencia.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con la aprobación de este dictamen se beneficiará a más de tres millones de personas trabajadoras y alrededor de 12.5 millones, que son parte de su familia.

Se trata, afirmó, de una reforma pertinente y necesaria para acercar los servicios del Instituto a las personas servidoras públicas de todas estas entidades gubernamentales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, explicó que esta reforma pretende establecer en la Ley la posibilidad de celebrar convenios entre el Instituto Fonacot con el Poder Legislativo y Judicial para otorgar créditos para el consumo a quienes laboran en estos poderes y no gozan de esta prerrogativa.

Destacó que con la aprobación de este dictamen se fortalecerán los derechos laborales y la capacidad de consumo de los trabajadores de los Poderes de la Unión mencionados.

El dictamen se remitió al Ejecutivo federal para efectos del artículo 72 de la Constitución.

Además, en la sesión de este miércoles, la Asamblea aprobó, con 68 votos, un dictamen para derogar la Ley para la Depuración y Liquidación de la Hacienda Pública Federal.

El senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que el proyecto, que se remitió al Ejecutivo federal, busca eliminar del ordenamiento jurídico una Ley que dejó de tener vigencia material y que ya no se aplica, porque mantenerla, subrayó, puede ocasionar confusiones en la aplicación de la norma, así como generar situaciones jurídicas no deseadas.

Insistió que es labor de las y los legisladores mantener actualizado el andamiaje jurídico nacional, y eliminar las normas y disposiciones que, por el transcurso del tiempo han cumplido con su razón de ser.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, consideró que mantener leyes obsoletas crea confusión e ineficiencia, además, de que podría provocar que alguien saque ventaja de éstas.

Por ello, dijo, las normas deben evolucionar para reflejar las cambiantes circunstancias económicas y sociales, así como para garantizar que los nuevos ordenamientos sean pertinentes y objetivos.