• Pide que en su desempeño como ministros se apeguen a la Constitución Política y a las leyes

El senador Alejandro Armenta informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que en su desempeño como ministros se apeguen a la Constitución Política y a las leyes, además de que privilegien el interés público frente al privado.

En conferencia de prensa, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena detalló que este exhorto está orientado a que “los llamados guardianes de la Constitución” respeten realmente a la Carta Magna, ya que “siguen violando el artículo 127 constitucional” que establece que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República.

“Es lamentable que los ministros de la Corte sigan en esa tesitura de violentar la Constitución que juraron cumplir”, denunció.

Señaló que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden exhortar al Poder Legislativo a cumplir la ley si ellos la violan sistemáticamente, ya que ganan más que el titular del Ejecutivo federal, además de que cuentan con cinco millones 540 mil pesos mensuales para contratar personal y 30 millones de pesos para gastos de seguros médicos.

Alejandro Armenta subrayó que la Corte y su presidenta, la ministra Norma Piña Hernández, han perdido toda calidad moral, pues sólo hacen justicia a quienes representan los intereses que ellos protegen.

En ese sentido, recordó que el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López emitió la suspensión del procedimiento en contra del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el caso de la trama de corrupción de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

Además, Alejandro Armenta informó que presentó una iniciativa para modificar el artículo 164 del Código Penal Federal, con el propósito de incrementar la sanción a quien forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir.

Actualmente, el Código establece un castigo de cinco a 10 años y de 100 a 300 días multa, mientras que el senador plantea que sean de 10 a 20 años de cárcel y una sanción de 300 a 900 días multa.

Con esta propuesta, afirmó el legislador, busca que este tipo de delitos, los cuales han crecido en México, puedan reducirse. En ese sentido, reconoció que hay causas estructurales en estos delitos; sin embargo, subrayó que las leyes deben jugar un papel importante en la inhibición de los actos delictivos.

“La importancia de este tipo de acciones busca ser contundentes y dar una respuesta en materia de seguridad con respecto a la preocupación que hay de la sociedad”, puntualizó.