• Situaciones extraordinarias demandan medidas extraordinarias.

Hoy podemos decir que hemos superado la emergencia sanitaria provocada por el Covid, pero aún padecemos sus estragos financieros.

Las presiones económicas mundiales, derivadas de la crisis sanitaria, han provocado el encarecimiento general de bienes y servicios, y México no ha sido ajeno a esta problemática.

Hemos estado inmersos en problemas que no hemos provocado: la pandemia, la inflación, la inestabilidad financiera internacional.

Este lunes, 3 de octubre, el Gobierno Federal renovó el Acuerdo Contra la Inflación y la Carestía, suscrito en mayo pasado con la iniciativa privada, al que inicialmente se le asignó una vigencia de seis meses.

De mayo a la fecha, pese a la estrategia implementada, el índice inflacionario continuó en ascenso. En los cinco meses intermedios la inflación en el país pasó de 7.7 a 8.7 por ciento.

Es por esta razón que, anticipándose a la expiración del primer acuerdo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un nuevo acuerdo, con un amplio respaldo empresarial, destinado a reducir los precios de 24 productos que componen la canasta básica.

Al obtener el compromiso de 15 grandes productores y distribuidores nacionales de alimentos, se ataca el encarecimiento de estos artículos de consumo cotidiano que son, junto con los energéticos, uno de los factores con mayor peso en el fenómeno inflacionario.

Para contribuir al éxito de la estrategia de contención inflacionaria, el Gobierno Federal dispuso medidas extraordinarias que estarán en vigor hasta febrero del 2024.

Una de ellas, que podría parecer polémica, es el otorgamiento de una licencia universal que exime a las empresas de trámites y permisos, tanto sanitarios como fitosanitarios, así como el impuesto general de importación de alimentos o insumos para la elaboración de sus productos.

Se trata de una acción complementaria a medidas como la ampliación de incentivos fiscales al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), aplicable al consumo de combustibles, y el congelamiento de peajes de carreteras federales y tarifas ferroviarias, disposiciones con las que se aminoró notablemente el impacto inflacionario.

De su efectividad da testimonio que México se encuentre entre los países con una menor inflación, de 8.7 por ciento, en contraste con otras economías en las que se ha disparado por encima de los dos y hasta los tres dígitos, como ocurre con Argentina (80-90 por ciento), Indonesia (40 por ciento) y Turquía (100-160 por ciento).

En México se están dando los pasos necesarios para que la inflación no nos golpee tan fuerte. Otro indicador es el tipo de cambio del peso, que se ha mantenido estable.

Mi apoyo al Acuerdo Contra la Inflación emitido por el Poder Ejecutivo.