• Actualmente, para atender una crisis por consumo de drogas como el fentanilo, se utilizan métodos que implican un gran riesgo para la vida

En la Comisión de Salud avanzó la propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero y del senador Ricardo Monreal Ávila para eliminar a la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas, a fin de que este fármaco se pueda comprar sin receta médica en farmacias, como tratamiento para revertir los efectos de la sobredosis por consumo de opioides como el fentanilo.

Se trata de una sustancia que tiene amplios usos terapéuticos, pero por su clasificación en la Ley General de Salud es de difícil acceso para aquellas personas que enfrentan una sobredosis de opioides.

Por lo que las personas que brindan asistencia en el momento de la crisis acuden a prácticas como golpear, colocar hielos o administrar vía intravenosa una solución concentrada de agua con sal, métodos que carecen de eficacia particularmente en aquellos casos que existe la presencia de fentanilo.

Esto, destacaron las y los integrantes de la Comisión de Salud, que preside la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, implica un gran riesgo para la vida de quienes padecen la sobredosis.

La naloxona, se subraya en el dictamen, “no es una sustancia psicotrópica pues no produce alteraciones en el sistema nervioso central”; además, contrarresta las acciones en forma rápida de los opioides como la morfina, la heroína, la oxicodona, el fentanilo y sus derivados”.

Puede administrarse con un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa, y no tiene ningún efecto en quien no tiene opioides en el organismo, se enfatiza en el proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el acceso a la naloxona está restringido para los profesionales de la salud en muchos países, por lo que su disponibilidad es reducida, incluso para los médicos y dentro de las ambulancias.

Las y los senadores destacaron que el alcance de esta reforma representa un avance significativo en la formulación de políticas públicas, pues toma en cuenta la efectividad de las decisiones con un enfoque de reducción de daños, lo que representa un indiscutible cambio de paradigma en las respuestas al uso de drogas.