• Se debe vincular a integrantes de PANITLI cuando un procedimiento penal se encuentre vinculado a una persona que pertenezca a los pueblos originarios

La realidad multilingüe de México requiere de la vinculación del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI), con el acceso a la justicia que proporciona el Estado mexicano, aseguró el senador de Morena, Eduardo Ramírez.

El legislador advirtió que hasta ahora el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se ha encargado de integrar y certificar a técnicos y profesionales que forman el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores, sin que dichas certificaciones y servicios que presta a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, sean vinculantes.

Por ello, a través de una iniciativa, propuso reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Defensoría Pública y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Con dichas reformas, el senador busca que la atención gratuita y en todo tiempo que debe otorgar el Estado a las personas indígenas que requieran de un defensor o intérprete, debe ser proveído por un especialista o técnico debidamente registrado en dicho Padrón Nacional.

En este sentido, destacó que cuando las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sean indígenas, estas deberán ser asistidas, en todo tiempo, por intérpretes y defensores de oficio registrados en el PANITLI.

Para tal efecto, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se le otorgaría la obligación de promover el acceso a la jurisdicción del Estado mediante la formación y certificación de intérpretes y traductores que deberán ser capacitados no solamente en lo referente a lenguas y cultura de las comunidades y pueblos originarios, sino también en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

Eduardo Ramírez destacó que, a nivel nacional, 47.93 por ciento de las personas privadas de la libertad que hablan una lengua indígena, no contaron con la asistencia de un intérprete en su primera audiencia.

Por tal motivo, agregó, es que desde este Poder Legislativo se realizan esfuerzos que permitan salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y eliminar los obstáculos que tiene este sector de la población para acceder a la justicia.

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda