• No debe restringirse la movilidad por el incremento de las cuotas en la entidad, asevera senadora Sasil de León

La senadora Sasil de León Villard aseguró que cualquier medida que dañe la economía familiar debe ser revisada, sobre todo en este momento complicado, en el que la contingencia provocada el SARS-CoV-2 ha tenido efectos colaterales, como la pérdida de empleo, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y la parálisis en la economía.

Propuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, conmine a la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, a reconsiderar los aumentos de las tarifas de peaje en las carreteras de Chiapas, particularmente en el tramo Tuxtla-San Cristóbal.

En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, la coordinadora del Partido Encuentro Social denunció el incremento de, aproximadamente, 20 por ciento en el cobro de peaje en dicho tramo carretero, cuyo costo pasó de 53 a 63 pesos.

La senadora consideró que es un abuso que afecta a los automovilistas que transitan diariamente por esa vía, así como a los pobladores de la región, lo que ocasiona mayor deterioro en la economía de la región, “de por sí deprimida con motivo de la pandemia del Covid-19”.

Sasil de León dijo que diversos empresarios consideran esta medida como un duro golpe a las transportadoras que realizan servicios al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la entidad ocupa el primer lugar en pobreza laboral, ya que 69.28 por ciento de su población no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Aunado a esto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Chiapas terminó el año 2020 con un alza anual de 5.03 por ciento, la mayor tasa entre todas las entidades y dos puntos porcentuales arriba de 3.15 por ciento del promedio nacional.

La legisladora hizo hincapié en que es urgente actuar conforme a la ley, para garantizar que el derecho a la movilidad no se restringa como consecuencia del indebido y cuestionado incremento a las tarifas de peaje en la entidad.

Al mismo tiempo, De León Villard sugirió auditar a la Concesionaria, pues registra incrementos que no atienden el índice de inflación, de dos o tres pesos máximos, sino que equivalen a 10 pesos, sin justificar el alza.