• Es un paso trascendental en la transformación de la vida pública nacional que deja atrás una etapa oscura en el Ejecutivo Federal y Poder Legislativo y en la que Baja California va adelante

La eliminación del fuero presidencial y la ampliación del catálogo de delitos por los que pueden ser juzgados también senadores y diputados, es un paso más en la transformación de la vida púbica nacional y marca la ruta para que otros estados, como lo hizo Baja California hace tres años, hagan lo propio, señaló la senadora Nancy Sánchez Arredondo.

“Para el ciudadano, la figura del fuero es sinónimo de impunidad y un privilegio inmoral del que gozan muchos de los servidores públicos. Ya es tiempo de dejar atrás la oscura etapa en que el Ejecutivo federal y legisladores se escudaron para blindarse de impunidad”, subrayó.

El pasado jueves, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría calificada las reformas a los Artículos 108 y 111 constitucionales, para eliminar el Fuero Constitucional del presidente de la República, senadores y diputados federales, tal como lo hizo el congreso de Baja California en marzo del 2017 cuando por unanimidad eliminaron el fuero al gobernador, diputados locales, alcaldes, magistrados y jueces.

Luego de expresar su voto a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con modificaciones en la Cámara Alta, la Senadora de la República consideró que quien ejerce la política con honestidad y la convierte en el medio para llevar a sus conciudadanos a mejores niveles de vida y progreso, no necesita de salvavidas legales que lo blinden de responder por las acciones que pueda cometer al margen de la ley.

“Es verdad que, en el ánimo de la gente, la figura del fuero siempre se ha percibido como una licencia de impunidad, un tecnicismo legal diseñado para solapar los abusos de la máxima figura oficial, consciente de que podía eludir sin responsabilidad las disposiciones legales inherentes a su cargo.

“Por desgracia, el abuso que se hizo del fuero no hizo sino confirmar el repudio de la sociedad hacia esta figura que resultaba un privilegio inmoral del que gozaban muchos de los servidores públicos, disposición que gradualmente ha ido desapareciendo de nuestras leyes”, añadió.

La senadora Sánchez Arredondo dijo que se votó a favor para que el Presidente no sólo pueda ser juzgado por traición a la Patria, sino que se marcó especial énfasis en los delitos electorales y de corrupción, así como todos aquellos por los que pueden ser juzgados los ciudadanos comunes.

La legisladora aclaró que, por tratarse de una modificación Constitucional, esta reforma aún debe ser ratificada por al menos 17 de los 32 Congresos estatales para hacerla una realidad.

Apuntó que, finalmente, “arribamos a un escenario de reivindicación del ejercicio público, más ético, más honorable, más congruente y sobre todo, más enfocado en satisfacer las demandas del pueblo que nos eligió”.