• Legisladores, académicos y especialistas dialogan sobre funciones, atribuciones, facultades y posibles modificaciones a los aspectos funcionales de tribunales y magistrados

Como parte de los trabajos rumbo a la Reforma para, y por, el Poder Judicial de la Federación, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Jucopo, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, organizó un ejercicio de Parlamento Abierto, a distancia, para escuchar la opinión de académicos, especialistas y sociedad civil sobre el tema.

#EnVivo Inauguramos el Parlamento Abierto respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial. Iniciamos con la mesa de trabajo “Aspectos funcionales del Poder Judicial”. https://t.co/9P9P0qlL2U

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 23, 2020

Las mesas de trabajo se realizarán los días 23 y 24 de noviembre y serán divididos en cuatro ejes temáticos: Aspectos Funcionales del Poder Judicial de la Federación; Decisiones Judiciales e integración de jurisprudencia; Control constitucional; y Temas complementarios.

La primera Mesa de trabajo “Aspectos funcionales del Poder Judicial”, la cual fue moderada por el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, trató los temas de Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito; Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito; fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación; y designación de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos.

Al inaugurar los trabajos, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, aseguró que este ejercicio es un gran paso en la construcción del Estado de Derecho, el cual históricamente ha sido violentado por los altos índices de impunidad y corrupción. “Atender esta demanda es un tema impostergable; en esta Legislatura se ha asumido como una responsabilidad conjunta entre todos los integrantes de la misma”, apuntó.

Recordó que el pasado 21 de octubre del 2019, integrantes de los tres Poderes de la Unión se reunieron para iniciar el proceso de reforma al Poder Judicial, aprovechando “una oportunidad sin precedentes” para generar las bases de un sistema de justicia más sólido, equitativo, eficiente, transparente y cercano a la sociedad.

Aseveró que desde el Poder Legislativo no impondrán nada, por lo que se dijo convencido que la cooperación entre Poderes e instituciones es la vía más adecuada para promover un ambiente democrático que esté a la altura de los reclamos de la sociedad mexicana. Asimismo, reconoció la importancia de consultar suficientemente a los integrantes de la sociedad civil sobre el contenido de la iniciativa.

A su vez, Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado del Circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, pidió reflexionar si este es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial con estas características, ya que la pandemia por Covid-19 ha cambiado las prioridades presupuestales.

En este sentido, indicó que deben pensar en el grave impacto económico que traerá esta iniciativa. Informó que las grandes reformas al Poder Judicial han tenido con suficiencia presupuestaria, la cual no existe actualmente. “Una reforma judicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muerta y en el papel”, puntualizó.

Señaló que, en lugar de realizar una reforma profunda, es mejor darle prioridad a la modificación de las leyes procesales, acelerar los mecanismos alternos de solución de controversias y apostar a la digitalización. Si realmente estamos atendiendo las prioridades, debemos también ser sensibles a los grandes rezagos en atención a las graves violaciones de derechos humanos, sentenció.

Gonzalo Higinio Carrillo de León, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, manifestó su preocupación por la desaparición de la facultad que la Suprema Corte tiene para revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Federación.

En su opinión, dichos acuerdos tienen que ser revisados por la Corte, pues la Judicatura no deja de ser un órgano administrativo, y por ello, sus decisiones ameritan de una revisión judicial. Explicó que esta situación se acrecienta aún más porque este tipo de resoluciones no pueden ser sometidas al juicio de amparo.

Propuso que las asociaciones de magistrados y jueces que existen en el país tengan la legitimidad para plantear, ante la Suprema Corte, que se revisen los acuerdos de la Judicatura cuando exista alguna vulneración a la independencia judicial o a los derechos fundamentales de los juzgadores.

En tanto, Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, expuso que la creación de los tribunales colegiados de apelación proporcionará mayor racionalidad y confiablidad en el ejercicio de la jurisdicción y fortalecerá el sistema de justicia, al garantizar medios de impugnación efectivos, acordes con la normativa nacional e internacional.

Precisó que la colegiación ofrece una sentencia de mayor reflexión y garantiza imparcialidad, además, aprovecha los beneficios del trabajo colectivo y atiende al ideal democrático.

Reconoció que este sistema de trabajo cuesta más, pero el país requiere de mayor calidad y seguridad en la justicia. La creación de tribunales colegiados de apelación implica un incremento al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, insistió.

En su exposición, Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que esta iniciativa se compromete cumplir con la independencia judicial, el reforzamiento de los órganos del poder judicial como figuras garantes de transformar a la Constitución, y hacer valer los derechos humanos de las personas.

Indicó que, la creación de Plenos Regionales permitiría a la Suprema Corte delegar asuntos de mera legalidad y a no distraerse de su funcionamiento como tribunal Constitucional, dicho cambio, dijo, redundaría en una mayor seguridad jurada y la impartición de justicia.

Destacó que la existencia de un Consejo de la Judicatura o de la Magistratura, como se plantea en el proyecto de reforma, coincide con la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y con la recomendación del Comisión de Venecia.

Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrada de Circuito del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dijo que, de acuerdo con lo planteado en la reforma, se busca una optimización funcional y orgánica de las instancias que forman parte del Poder Judicial de la Federación.

Además, al fortalecer y elevar la calidad de los debates, se beneficiará la administración de justicia, apuntó.

Agregó que México se encuentra ante la gran oportunidad de incluir en su derecho, la teoría jurídica critica feminista que, desde un punto de vista integral, a fin fortalecer las instituciones democráticas y de impartición de justicia que eliminen la violencia institucional sexista contra las mujeres y que consideren la perspectiva de género para la creación y aplicación de las leyes.