Esta semana, el Senado mexicano ha dado un paso fundamental en la regulación del cannabis, que ha derribado mitos, ha eliminado la criminalización y la prohibición del consumo, además de la discriminación, defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de los mexicanos y las mexicanas.

Al expedir esta nueva ley, las personas podrán acceder al cannabis bajo criterios claros: a través de licencias que permiten el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación.

Esta nueva normatividad, promueve la información, la educación, la prevención sobre las consecuencias y alerta sobre los efectos perjudiciales por el consumo de cannabis psicoactivo y sus derivados.

También se articulan políticas públicas y se promueven acciones para reducir los riesgos y daños asociados al consumo problemático del cannabis psicoactivo.

Un asunto de vital importancia, es que se visibiliza este grave problema social en México y, por lo tanto, se optimizan los procesos de rehabilitación y la reinserción social de personas con problemas de consumo de cannabis psicoactivo; sólo que ahora no estarán sujetos a criminalización o a estigmatización, como ha venido sucediendo hasta ahora.

La ley dispone de mecanismos de monitoreo, evaluación, respuesta, seguimiento y evaluación relativa del uso del cannabis y sus derivados.

También esta ley fomenta y refuerza la cooperación internacional respecto a las medidas para proteger la salud y la seguridad, respecto del uso del cannabis.

La ley establece el derecho al autoconsumo. Esto implica que las personas pueden poseer una cantidad limitada de seis plantas de cannabis psicoactivo por persona, y hasta ocho, cuando vivan más de dos personas en el mismo lugar.

Se aclara que los consumidores en vivienda o casas, estarán obligados a tomar las medidas necesarias que impidan que el humo de segunda mano, pueda ser inhalado por personas diversas de las consumidoras.

Se establece el uso personal, señalando que las personas consumidoras deben adquirir el cannabis psicoactivo en los lugares autorizados y regulados por la ley.

Por vez primera, esta ley crea un marco legal en donde las personas que no pueden o no quieren cultivar su planta, podrán comprar hasta 28 gramos sin la necesidad de acudir a narcomenudistas o proveedores no autorizados.

Se establece una posesión de hasta 28 gramos por persona, el equivalente a más de 20 cigarros de cannabis. Y, aquellos que estén en posesión de hasta 200 gramos, cerca de 180 cigarros, serán sujetos a multas económicas, pero no a la privación de la libertad, como hasta ahora se aplica.

De acuerdo con datos del INEGI, existen personas procesadas y privadas de su libertad por haber portado cantidades menores de cannabis, para uso personal, de hasta 200 gramos. Son cerca de 18 mil personas actualmente, que están procesados y privados de su libertad y que, si la ley existiera anteriormente, no hubieran sido sujetos a proceso.

Aquí muestro la tabla actualizada de las personas, que no sólo han sido privadas de su libertad por tener en su posesión pocos gramos para su consumo; sino que su vida y su entorno han sido destruidos en la mayoría de las veces.

Esta ley empodera a los grupos vulnerables, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a campesinos y a ejidatarios, a comunidades agrarias en situación de marginación, a los que por su condición resultaron afectados por el sistema prohibicionista.

Pero, una de las ventajas más destacadas de esta ley, es el que se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, al trasladar un mercado ilegal a la legalidad, con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población.

Los productores de cannabis no psicoactivo y sus derivados, para uso industrial, podrán comercializar, exportar o importar productos derivados del cannabis, generando riqueza a los sectores desprotegidos.

Debemos de ser muy claros: el régimen prohibicionista que se ha mantenido durante décadas, incluso la guerra contra las drogas iniciada en años pasados, causó más estragos, más muertes y más destrucción; que las afectaciones en salud pública derivada del consumo del cannabis.

Sí, con esta ley se cambió de paradigma al atender el consumo problemático del cannabis psicoactivo, no bajo un enfoque punitivo; sino de salud pública y, medidas de prevención pero también, de recuperación, rehabilitación y reinserción social.

Podrás consultar toda la ley, que fue consensada con senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, en esta página web, en donde recibiremos todos sus comentarios.

Sólo resta que la Colegisladora pueda cumplir con su responsabilidad constitucional, que estaremos en espera.