Guanajuato atraviesa por uno de sus momentos más dolorosos vivido en los últimos años: los hallazgos de múltiples fosas clandestinas en diversas partes del estado y la ola imparable de homicidios nos colocan en una etapa crítica.
Por mucho tiempo los colectivos y familiares de víctimas han realizado incansables esfuerzos por dar con el paradero de sus desaparecidas y desaparecidos en medio del desamparo y olvido por parte de las autoridades locales que durante años igualmente han sido ignoradas.
El Gobierno del Estado de Guanajuato desatendió por lustros esta problemática obligando a las padres y madres, hermanas y hermanos, a salir a las calles en búsqueda de respuesta sobre el paradero de sus seres queridos encontrándose en su camino con decenas de fosas clandestinas con restos humanos a lo largo y ancho de la entidad.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación de Fosas Clandestinas en el Estado de Guanajuato realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, la Universidad Iberoamericana de León y Ciudad de México, así como por diversos especialistas, reveló que de Enero de 2009 a Julio del 2020 se identificaron 109 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados 268 cuerpos de personas en 29 de los 46 municipios de la entidad.
Los municipios de Pénjamo (11), Irapuato (11), Celaya (8), Villagrán (7) y Acámbaro (7) concentran cerca del 40% del total de fosas registradas por esta investigación. Asimismo, los municipios de Villagrán (43), Irapuato (40), Celaya (23), Apaseo el Alto (18), Pénjamo (17), concentran el 46.3% del total de cuerpos exhumados, de acuerdo con el informe, convirtiendo a nuestro estado en una gigantesca fosa común.
A estos datos, hay que agregar los más recientes hallazgos en los municipios de Salvatierra y Cortazar pues de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Salvatierra fueron encontrados los restos óseos de 61 personas, mientras que en Cortazar aún es indefinido, sin embargo, los colectivos y organizaciones civiles estiman que se puede tratar de entre 20 y 45 cuerpos más.
Hoy hacemos un llamado al gobierno de Guanajuato para que transparente las cifras y ofrezca información oficial sobre los hallazgos de fosas en la entidad, particularmente, a la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha negado sistemáticamente la presencia de tales sitios. Además, exhortamos al gobierno y a la fiscalía a que elaboren un registro estatal de fosas y de víctimas inhumadas clandestinamente.
Por su parte, merece especial reconocimiento la Dra. Karla Quintana y todo su equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda al intervenir con firmeza en Guanajuato para acompañar a las víctimas en su incansable labor de dar con el paradero de sus desaparecidos y desaparecidas. Asimismo, es necesario reconocer el empeño de organizaciones y colectivos como: Sembrando Comunidad, A tu encuentro, Justicia y Esperanza, Mariposas Destellando, Buscadoras Guanajuato y Colectivo Cazadores, entre otros.
Es necesario evidenciar con base en la estadística, la estrecha relación que hay, en Guanajuato, entre el incremento en el número de homicidios intencionales y los hallazgos de fosas clandestinas.
La cruenta historia que se está escribiendo en Guanajuato tiene un origen que se remonta a 10 años hacia atrás. En efecto, desde el 2010 registra una escalada de violencia sin precedente; en efecto, de acuerdo con los datos del INEGI, pasó de 446 homicidios en el año 2010 a 802 en el año 2014, es decir, hubo un incremento de 80% en el número de casos anuales sólo en cinco años.
A partir del 2015 y hasta el 2019, la entidad se convirtió literalmente en un infierno: 969 homicidios intencionales en 2015; 1,231 en el 2016; y 2,241 en el 2017. Como se observa, si se toman solo a estos años como referencia, el incremento de la cifra de 2017, respecto de la de 2015, es de 131.2% en solo tres años.
Finalmente, para 2018 el conteo del INEGI es de 3,412 homicidios intencionales, y para el 2019 de 3,855 casos; 297% más homicidios respecto de la cifra registrada en el año 2015.
Al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez y al Fiscal General del estado, Carlos Zamarripa, les exigimos que presenten una estrategia de seguridad eficaz y eficiente, urge poner fin a la discordia política, urge poner un alto a la impunidad, urge que se dé atención integral a las víctimas de la delincuencia que cada día crecen más.
Que las autoridades estatales se sujeten a un proceso de escrutinio público de frente a los colectivos y grupos de víctimas de personas desaparecidas y que a la brevedad presenten el informe sobre estos terribles hechos.
Por un Guanajuato con paz y justicia.
SENADORA MALÚ MICHER Y SENADORA ANTARES VÁZQUEZ
SENADORAS DE GUANAJUATO
