La pandemia del covid-19 ha significado uno de los retos más grandes que como civilización hemos enfrentado en los últimos tiempos y que seguramente cambiará para siempre nuestra forma de vivir en muchos aspectos.
En espera de que el sector de la ciencia y la tecnología haga lo propio para encontrar una vacuna que permita el combate a esta amenaza viral, como sociedad nos corresponde, mas que nunca, ser solidarios, empáticos y sobre todo, responsables.
Lamentablemente, no podemos cerrar los ojos a que el desafiante escenario económico que a escala mundial ha dejado la pandemia, puede llegar a ser el subterfugio para que grupos de poder con intereses egoístas evadan su responsabilidad social y busquen beneficios individuales.
Particularmente, en estos días ha circulado entre medios de información, que diversos gobiernos estatales han contemplado recurrir a la deuda pública para hacer frente a gastos extraordinarios generados por la pandemia.
Frente a ello, considero oportuno que la ciudadanía tome en cuenta algunas consideraciones, a fin de estar debidamente informada sobre lo que significa para la economía local una medida como la deuda pública:
La adquisición de deuda pública es una facultad de las entidades federativas, reconocida en el artículo 117 Constitucional. Su finalidad es fungir como un instrumento de financiamiento para llevar a cabo inversiones productivas que generan un beneficio social y que de otra forma no se podrían financiar.
Esta medida no es positiva o negativa por sí sola, sino que para evaluar su conveniencia para las economías locales, es necesario contrastar el nivel de endeudamiento de cada estado o municipio con su capacidad de pago, a la luz de distintos indicadores, tales como, el PIB del estado, las participaciones federales que recibe, o los ingresos totales de la entidad federativa o del municipio.
Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), en los hechos, la deuda pública se ha caracterizado por dos vicios que son propios de la corrupción: la opacidad y el uso injustificado de recursos.
Es así, que más que como un instrumento de financiamiento, la deuda pública subnacional es concebida, como el comodín de las finanzas públicas de algunos gobernadores y presidentes municipales que, ante el costo político de hacer cambios estructurales en el manejo de sus finanzas que les permitan mejorar sus niveles de recaudación y la eficiencia del gasto público, prefieren financiar sus déficits crónicos con mayores niveles de endeudamiento y en muchas ocasiones simplemente encuentran una vía de ingresos destinados para actos de corrupción, frecuentemente relacionados con campañas electorales.
En efecto, aunque la propia opacidad y complicidad que implica el fenómeno de la corrupción, no permiten la plena certeza sobre el destino de los recursos obtenidos por deuda pública, la información disponible y el sentido común, permiten suponer su uso para financiar gasto corriente relacionado con elecciones, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la Constitución.
Así, por mencionar solo algunos ejemplos, de acuerdo con investigaciones del IMCO, de diciembre de 2010 a diciembre de 2015 las obligaciones financieras de los estados que tuvieron elecciones para gobernador crecieron 83.3% en términos reales, mientras que en los estados sin elecciones el crecimiento fue de apenas 32.9%.
Asimismo, de acuerdo con datos de la Coparmex, durante el 2018, varios de los estados que presentaron los mas altos indicadores de corrupción, también presentaron los niveles mas altos de incremento de endeudamiento público, como es el caso de Guerrero y Quintana Roo.
Afortunadamente, hasta ahora, es muy distinto el caso de Tlaxcala, que orgullosamente se puede jactar de ser el único estado de la República sin endeudamiento, pero por desgracia, en contraste con lo anterior, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI, en los últimos años, el estado se ha sumando a las entidades que han sufrido un drástico aumento en sus niveles de percepción sobre corrupción, principalmente en relación con los gobiernos municipales, lo cual, dicho sea de paso, es un desinsentivador de la inversión privada.
Es así, que ante el innegable incremento de corrupción en el estado, corremos el riesgo de caer el circulo viciosos experimentados por otras entidades ante la tentación del endeudamiento.
Por lo anterior, la sociedad no debe permitir que la actual contingencia sea utilizada como cortina de humo para que el estado contraiga deuda pública de manera injustificada, rompiendo su tradición virtuosa de sanas fianzas que hasta ahora le ha merecido el reconocimiento nacional.
En este sentido, es importante no caer en la provocación de la mal-información que ha circulado en cuanto a que, a consecuencia de la emergencia sanitaria del Covid-19, los estados necesitarán recurrir a la deuda pública para hacer frente a sus gastos extraordinarios, ya que supuestamente, la federación reducirá sus participaciones federales, que son los recursos más importantes de libre disposición para los Estados.
Esa información es falsa. Lo cierto es que los recursos que reciben las entidades federativas a través de las participaciones federales están garantizados, ya que la federación no puede modificar, recortar o disminuir éstas, pues dependen de la recaudación nacional y se distribuyen con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
No obstante, conforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en caso de una disminución en la Recaudación Federal Participable, existe el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el cual es el mecanismo que permite compensar la disminución de las participaciones federales asociada a una menor recaudación. Es así, que cualquier disminución en la recaudación federal participable, derivada de la situación adversa que se vive actualmente, se compensará en su totalidad.
Por todo lo anterior, es importante que como sociedad no caigamos en falsos dilemas. El estado no ha necesitado antes, ni necesita ahora de la deuda pública, pues, en todo caso, existen otras salidas ordinarias para hacer frente a las vicisitudes económicas, como la recién mencionada y muy especialmente, otra medida que más que una opción, es un mandato constitucional: la administración de los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que ordena el articulo 134 de la Constitución.
En suma, es atinente recordar que desde el 2018, por decisión democrática comenzó un nuevo proyecto de gobierno basado en un cambio de concepción sobre la forma de administrar los recursos públicos, tomando la directriz de la autoridad republicana, entendida ésta, como el deber de maximizar los recursos y programas del estado, a fin de darles su verdadero sentido social, combatiendo los derroches y los gastos superficiales, que han sido elementos característicos de gobiernos pasados.
Pero para lo anterior no bastan las leyes, se necesita de autoridades sensibles y consientes de la responsabilidad que entraña el haber sido receptor de la confianza del pueblo para servir a la sociedad. En este sentido, en estos momentos, mas que nunca, es indispensable que los gobiernos locales dejen de lado cualquier interés particular y cumplan con su deber jurídico y social de administrar sus recursos con austeridad republicana antes de pensar en medidas económicas irreflexivas, que resulten contraproducentes a mediano y largo plazo.
Es por ello que muy respetuosamente invito a las y los ciudadanos tlaxcaltecas a que, de manera libre e informada, sean participes activos de la labor de vigilancia y exigencia de rendición de cuentas que, tanto funcionarios como particulares, tenemos la responsabilidad cívica de llevar a cabo, desde nuestras respectivas trincheras, a fin de resguardar el manejo del patrimonio público estatal, ya que la historia nos ha enseñado que las consecuencias del buen o mal uso de esos recursos, no solo repercutirá en la economía presente sino que puede trascender a las generaciones futuras.
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera
Por el Estado de Tlaxcala
