• Propone se construya un modelo de gobernanza hidrológica que preserve el agua y el derecho que tienen todos los mexicanos para acceder al vital líquido

El senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó un punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita al secretario de Medio Ambiente y Recurso Natural (Semarnat) y a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Manuel Toledo y Blanca Jiménez Cisneros, respectivamente, para que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de la deficiente distribución de agua en la cuenca baja del Río Bravo.

También urgió, a través de la propuesta suscrita por varios senadores de su bancada, realizar mediante las Comisiones legislativas respectivas una discusión nacional que permita construir un nuevo modelo de gobernanza hidrológica que preserve el agua y el derecho que tienen todos los mexicanos para acceder a ella, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales, privadas y académicos.

Villarreal Anaya señaló como crítico el caso de los derechos históricos del Río Bravo sobre el que existe un Tratado Internacional de Aguas de 1944, toda vez que desde 1976 un estudio realizado por la entonces Comisión del Plan Nacional Hidráulico arrojó que ya existían aprovechamientos, superiores a los futuros consumos previstos en la firma de dicho tratado, en el Río Conchos, que es el afluente principal de Río Bravo.

El estudio, que comprendía el análisis del desarrollo de nuevos proyectos, concluyó que si se llevaran a cabo estas acciones se incrementarían los volúmenes de aguas utilizados e influiría negativamente en la parte baja de la cuenca y respecto al volumen comprometido con los Estados Unidos, pero pese a que en 1955 se declaró veda para el otorgamiento de concesiones del Río Bravo y sus tributarios, sí se desarrollaron los proyectos, por lo que ahora no hay agua en la parte baja, en una parte de Coahuila y en el norte de Tamaulipas.

Al no permitir escurrir de manera normal el agua del Río Conchos bajo el argumento ilegal de que es o corresponde a Chihuahua, se están afectando los derechos de los mexicanos del Medio y Bajo Bravo, ya que las aguas se tienen retenidas en las presas del Río Conchos y las presas internacionales que almacenan las aguas que el Tratado asigna a México disponen de volúmenes menores a su derecho.

El senador por el estado de Tamaulipas subrayó que en la actualidad el gobierno federal ha tratado de poner en regla la disposición de agua, para facilitar el acceso al líquido para todos de una forma racional; sin embargo, evidentes irregularidades administrativas han negado la disposición para entregar un recurso que es de todos y que se debe cuidar porque de él depende la viabilidad de la nación y, sobre todo, el acceso al agua hacia el futuro.

Sostuvo que de manera sistemática algunas administraciones cometieron el error de concesionar concentrando en manos de algunas personas físicas y morales, o algunos estados de la república, el control del agua, con el único propósito de hacer política o incluso negocio con un recurso de la Nación.

Por lo tanto, precisó que las aguas que se encuentran en el país no son propiedad de ningún estado, persona o grupo; son propiedad de la nación, como lo establece la Constitución, por lo que el aprovechamiento dependerá de las concesiones que otorgue el Ejecutivo federal de acuerdo con leyes y no de manera anárquica y arbitraria como se realizó la entrega de concesiones desde 1976 a la fecha.