• Busca optimizar y actualizar el funcionamiento de estos recintos.
• Uno de los objetivos es proteger la diversidad cultural y actualizar las directrices para la dotación de libros y material audiovisual.

Integrantes de la Comisión de Cultura presentarán una iniciativa para expedir la Ley General de Bibliotecas, a fin de optimizar su funcionamiento, darles un enfoque territorial y de protección a la diversidad cultural, y actualizar las directrices para la dotación de libros y material audiovisual. 

El proyecto de este órgano legislativo, que preside la senadora Susana Harp Iturribarría, busca mejorar los servicios bibliotecarios para contribuir a la divulgación, formación, promoción y fomento de la lectura en todos los niveles educativos y sociales.

En el documento se explica que actualmente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas opera 7 mil 413 recintos y proporciona servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. Sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente, pues se estima que en 175 municipios del país no se cuenta con bibliotecas públicas. 

Además, agrega, no se les ha dotado de nuevas colecciones, gran parte de ellas no tienen acceso a internet, y de manera especial, destaca la alta movilidad del personal responsable de la atención a los usuarios de las bibliotecas, así como su baja remuneración salarial. 

No existe un sistema de búsqueda general interbibliotecaria que permita localizar libros especializados, raros o descatalogados en el universo de bibliotecas públicas, privadas y especializadas que hay en el territorio nacional, se señala. 

Se expone que las bibliotecas públicas están adscritas a diferentes órdenes de gobierno y dependen de varias instituciones, lo que hace complejo establecer un estándar en cuanto a servicios bibliotecarios y respecto de los acervos de consulta.

Si bien existen elementos generales que han permito abrir bibliotecas públicas en muchas localidades del país, persisten diferencias e, incluso, asimetrías considerables en la prestación de los servicios, a pesar de los procesos de certificación de las personas responsables de los servicios bibliotecarios, se subraya.   

Ante este panorama, las y los legisladores proponen establecer las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, definir políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de estos centros de conocimiento y las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Sugieren definir a la biblioteca pública como un espacio dinámico dispuesto para la consulta de publicaciones impresas, digitales o virtuales, o una combinación de ellas, superior a 500 títulos, catalogadas y clasificadas en los términos de las normas técnicas y administrativas aplicables. 

Asimismo, plantean fortalecer las atribuciones de los estados en lo relativo a las redes estatales de bibliotecas, integración de sus acervos, uso de normas técnicas de catalogación y clasificación del material bibliográfico, actualización tecnológica de los recintos, dotación de servicios, temas de conservación preventiva y correctiva de las colecciones y respecto del nombramiento y remuneración de las y los bibliotecarios, entre otros temas. 

Incluyen definiciones jurídicas de los bienes, no desde la perspectiva académica, sino como objetos jurídicos regulables, cuya primera condición es su plena identificación, además, se establecen criterios para la recepción de los materiales y se crea una vía administrativa para que el Depósito Legal pueda descentralizarse hacia otras bibliotecas localizadas en diferentes regiones del país bajo un principio de especialidad temática.

Otro de los objetivos es que el personal destinado a la operación de una biblioteca deba ser capacitado, por lo que será obligación de las autoridades ofrecer capacitación continua y pertinente a los trabajadores.

La iniciativa la suscriben las y los integrantes de la Comisión de Cultura: Susana Harp Iturribarría, Guadalupe Covarrubias Cervantes, Casimiro Méndez Ortiz, Ana Lilia Rivera y Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena; Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Roberto Juan Moya Clemente y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN; Eruviel Ávila Villegas, del PRI, y Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM.