• Buscan un modelo que permita enfrentar el problema de inseguridad, impunidad y violencia que sufre el país.
• Impulsaremos una reforma integral, afirma Mónica Fernández Balboa; No se apresurará en el análisis de las iniciativas: Ricardo Monreal Ávila.

Los presidentes de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa; y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron un encuentro con funcionarios federales, quienes detallaron el contenido de las iniciativas que presentará el Ejecutivo al inicio del próximo periodo de sesiones para reformar el sistema de justicia de nuestro país.

A la reunión asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero; y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; así como los coordinadores parlamentarios en el Senado del PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y PRD. 

Monreal Ávila indicó que la Cámara de Senadores no se apresurará en el análisis de las iniciativas para reformar el sistema de procuración y administración de justicia, pues quieren brindar instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para enfrentar el problema de inseguridad, impunidad y violencia que sufre el país.

El senador afirmó que actuarán con seriedad, por lo que no emitirá una opinión en tanto no se haga la presentación formal de las iniciativas, la cual se realizará el 1° de febrero. “Aseguro a los representantes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República, que para hacer un análisis puntual y juicioso sobre el tema, esperaremos la documentación formal”, apuntó. 

Detalló que hay dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, y el Código Penal Nacional; y reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sobre esta última, Monreal Ávila pidió que no se presente hasta que no exista un acuerdo con el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el proyecto vaya acompañado de un gran consenso. 

El legislador también informó que se plantean reformas a 14 artículos constitucionales: El 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122. Indicó que, aunque no se trata de un asunto fácil, “el Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación”. 

Además, anunció que el análisis de las propuestas se llevará a cabo mediante el ejercicio de Parlamento Abierto y aseguró que no impondrán normas que afecten derechos fundamentales. “Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen”, sentenció.

Destacó que el Senado tiene la voluntad para analizar, revisar y lograr un proyecto de modificaciones apoyado en unanimidad y si no, por una amplia mayoría. “Son instrumentos que debemos considerar como duraderos y estamos dispuestos a revisar todos los temas. No hay dogmas, no hay tabúes, es un momento de actuar con mucha responsabilidad”, asentó. 

La senadora Mónica Fernández Balboa dijo que con el envío de las iniciativas “arranca formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral, con la que buscamos dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana, que está cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace más de una década”. 

Afirmó que el Senado analizará los proyectos de manera responsable, abriéndose a la participación de la sociedad de forma consistente con el modelo de Parlamento Abierto:

“Tengan la plena seguridad que en el Senado impulsaremos una reforma integral al sistema de justicia con el fin de proteger a las víctimas, asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones y respetando los derechos humanos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que para el Gobierno Federal “es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración como en la impartición”. 

“Estaremos atentos al estudio y al análisis de lo que se ha presentado, a la espera de que con pleno respeto a la independencia de poderes, tengamos un sistema que atienda a plenitud las necesidades de justicia que debe existir en nuestro país”, expresó.

Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que durante los últimos 20 años se ha hechos esfuerzos en esta materia que sólo han generado respuestas parciales y ocasionado una falta de justicia que se sustenta en tres factores fundamentales: “una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad”.

Por ello, asentó, se requiere un proyecto completo que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y “cómo lo vamos a detener”. Así, agregó, se necesita una Ley de Justicia Cívica que defienda la vida cotidiana de los mexicanos, en todos los municipios y estados de la República. 

Con el Código Penal Nacional, añadió, se busca homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, para darle certeza y equilibrio a la defensa social. Además, plantea corresponsabilizar a las autoridades federales y a las de las entidades, de manera clara y específica, en la lucha contra la delincuencia organizada. 

El Fiscal dio a conocer que en el Código de Procedimientos Penales se mantendrá el modelo de justica oral, se fortalecerán los mecanismos para proteger a las víctimas y asegurar el debido proceso. 

Mencionó que con la Ley Nacional de Ejecución Penal se busca que las cárceles se transformen en centros de productividad, industria y capacitación, y que los primo-delincuentes sean recluidos en “cárceles abiertas bajo control”, para no convertirlos en alumnos de las escuelas del crimen. 

También destacó que está creciendo el número de niños y adolescentes que cometen delitos y “tenemos que hacer algo para detenerlo. Tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, y también el Estado tiene que reparar el daño”.

Con el nuevo sistema, dijo, se sentenciará por la cantidad de años consecuentes a la comisión del ilícito. “No es que yo ya cumplí 17 y ya me voy, no. Tú tienes consciencia, tú tienes responsabilidad, tú debes tener una responsabilidad frente a tu comunidad”.

Al respecto, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, dijo que México atraviesa por un problema de violencia que no se ha podido arreglar, por lo que se requiere una nueva norma para la persecución de los delitos. 

Señaló que estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que “sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”.

Scherer Ibarra dijo que el servicio público es una tarea de privilegio que se ejerce para los demás, por lo que exhortó a los legisladores a sumar esfuerzos para “trazar unidos las líneas que habrán de definir el proyecto de justicia que queremos para este país”.