Los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, representan un agravio para todas y todos los mexicanos.

La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la privación de la vida de 6 personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

En Guerrero como en el resto del país, tenemos que abordar de manera puntual el tema de las desapariciones forzadas, porque es un problema de índole nacional que lastima de manera grave la unidad familiar y social.

 Debemos recordar que el problema de la desaparición forzada de personas es gravísimo, no solamente por la frecuencia con que el fenómeno se comete, sino por las consecuencias que tiene en las personas que sufren por este crimen y el impacto general en la sociedad.

Esta vez duele Guerrero, pero no hay que olvidar a los otros miles de personas desaparecidas en los últimos años.

La verdad en el “Caso Iguala” es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho.

Además, debemos señalar que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación porque después de un tiempo significativo no hay respuestas sobre lo ocurrido.

A la fecha no hay personas condenadas por el tipo delictivo de desaparición forzada, ni se han esclarecido las irregularidades en la investigación.

Además, la Comisión Interamericana expresó su preocupación con las decisiones judiciales que condujeron a las recientes liberaciones de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes.

De este modo, la Comisión Interamericana urgió al Estado a avanzar con celeridad y cumplir las recomendaciones que se le han presentado, en el marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo anterior, es importante atender esta problemática de manera integral y coordinada con la responsabilidad de todas las autoridades; actuando con sensibilidad ante el dolor e indignación de quienes desconocen el paradero de un ser querido.

También, es necesario continuar generando espacios de interlocución entre todas las partes involucradas, en particular con las familias, a fin de facilitar el intercambio de información.

Atender este tema es prioridad para la presente administración federal, porque refleja la crisis de derechos humanos que ha enfrentado el país en los últimos años.

Por ello, debemos saludar la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, a partir del Decreto Presidencial de diciembre de 2018, donde las familias cumplen un importante rol de coadyuvancia.

Del mismo modo, saludamos la creación en junio del presente año, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, que ha anunciado la importancia de la reconducción de las investigaciones, incluyendo los procesos judiciales existentes y las irregularidades en el caso.

Por eso, es indispensable que el Estado mexicano continúe asumiendo su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas.

Que cuente con instituciones adecuadas para la acción de “buscar”, así como para investigar los hechos constitutivos de delito.

Llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones.

Por ello, es urgente generar cambios estructurales que permitan dar con el paradero de las personas desaparecidas en México y comenzar a romper los ciclos de impunidad.

¡Queremos verdad, justicia, reparación y no repetición!

¡Nunca más otro caso Ayotzinapa!

¡Nunca más una persona desaparecida!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!